La deuda progresista

deudapr

Uno de los componentes más importantes del modelo o “régimen de acumulación” implantado en nuestro país desde mediados de los años 1970 a esta parte lo constituye sin duda la política de endeudamiento externo. En efecto, la deuda externa crece ininterrumpidamente a partir de entonces, constituyéndose en uno de los condicionantes más importantes de sucesivas estrategias económicas ensayadas por lo distintos gobiernos.

La deuda externa puede ser considerada parte de políticas que se adoptan en función de proyectos que impulsan diferentes actores sociales y económicos en determinadas coyunturas históricas.

Durante los años sesenta persistían diversas estrategias económicas  sistémicas enfrentadas entre sí. Por una parte, una estrategia que podríamos denominar como “desarrollista” basada en intereses de una burguesía industrial, aliada, en algunos sentidos, con sectores sindicalistas, ambos interesados en potenciar el mercado interno en base a procesos de industrialización por sustitución a las importaciones para lo cuál se proponían medidas proteccionistas y promocionales de diversa naturaleza. Frente a estos sectores se configuraba una alianza de sectores agrarios y de la oligarquía terrateniente, con el capital extranjero que planteaba la necesidad de lograr la plena liberalización de la economía. Sus argumentaciones se basaban en la idea de que el sector agropecuario tenía ventajas comparativas respecto de otras actividades económicas y que cualquier “intervencionismo estatal” generaba ineficiencias inconvenientes para la evolución económica del país.

La estrategia exportadora industrialista que se avizoraba en ese momento significaba un enfrentamiento con los tradicionales intereses oligárquicos del sector agropecuario y con los del capital extranjero. Asimismo, se insinuaba que habría de favorecer el avance de la clase trabajadora que era considerado perjudicial para esos intereses tradicionales.

La idea puesta de manifiesto a partir de 1975/76 fue secundarizar esta clásica disputa y pasar de aquel “modelo” desarrollista exportador por uno nuevo revestido de argumentos neoliberales que en última instancia habrían de privilegiar a intereses financieros.

Sin embargo es de destacar que ambas “opciones” jamás pusieron en tela de juicio la reestructuración del sector agropecuario, tanto en lo referente al redimensionamiento, ampliación y redistribución de sus activos fijos, así como la utilización de los excedentes de la renta producida. Durante casi todo el siglo XX el sector agropecuario fue considerado como un “orden natural de las cosas” establecido por una inapelable providencia. La absurda, disfuncional e inequitativa tendencia de distribución de la tierra establecida en la segunda mitad del siglo XIX (por decir lo menos y no mirar aún más allá) fue considerado un hecho casi sagrado ajeno a la voluntad humana.

Etapas en el proceso de endeudamiento

La primera etapa del endeudamiento externo fue quizás la más importante.
El gobierno militar que asume en 1976 impulsa la necesidad de que las empresas públicas y el sector privado se financien mediante recursos “genuinos” provenientes del exterior. Se trata del período de la “bicicleta financiera” que inaugura una nueva era en el quehacer económico de nuestro país. La deuda externa pasa de 6 a 7.000 millones de dólares en 1976 a 46 mil millones al finalizar la dictadura militar en 1983. Se trata de una deuda “odiosa” (contraída durante una dictadura militar) e “ilegítima” (gran parte de los capitales que ingresan pertenecían a nacionales que los tenían depositados en el exterior). Se trataba de una deuda que, tras la crisis de 1981/82 y la consiguiente devaluación, es traspasada al estado. El gobierno de Alfonsín luego de algunos rodeos, no cuestiona ese endeudamiento. Por el contrario, lo acepta como válido e incluso sabotea la conformación de un Club de Deudores a nivel regional. A partir de entonces comienza el periplo de negociaciones con el Fondo para que sea pagada.

Para ello el gobierno emite títulos públicos (el festival de bonos) que son tomados por el antiguo establishment que ya había traspasado su deuda al estado. La deuda externa sigue creciendo hasta alcanzar más de 63 mil millones en 1989. Esta etapa concluye con la crisis de 1989 tras el “golpe económico” que comienza ese año y que habría de generar las hiper inflaciones del período 1989-1991. La cúpula íntegra del PJ, en sus variantes de “ortodoxos” y “renovadores” y con los neoliberales acantonados en ambos “bandos”, fue el articulador político de la gestación de aquel “clima destituyente”.

Finalmente la tercer etapa de la deuda comienza con la Convertibilidad en 1991 bajo el gobierno de Menem siendo impulsada por Cavallo. Se consolida con el Plan Brady, un nuevo estratagema según el cuál, gran parte de la deuda es transferida de los grandes bancos acreedores a pequeños ahorristas anónimos (pensionistas de los países industrializados fundamentalmente). Asimismo, el esquema de la convertibilidad posibilita la aplicación extrema del modelo neoliberal en nuestro país, basado en las privatizaciones, y desregulaciones extremas (fundamentalmente del mercado laboral) y una apertura al exterior en particular para el sector financiero. Se trata de un modelo que requiere para su sustentabilidad del aumento continuo de la deuda, que alcanza unos 146 mil millones en 1999. La crisis que comienza a partir del año 1998 y que se manifiesta plenamente en los años 2001/2002 es la culminación de este modelo. Los intentos por evitar el fin de la convertibilidad e incluso el default (blindaje y megacanje) fueron desastrosos. Una gran parte de la actual deuda fue contraída en ese período. Pero no pudo estabilizarse la economía ante el embate de la fuga de capitales, motorizados por los amigos del poder y el FMI, como numerosas investigaciones han sacado claramente a la luz.

La deuda desendeudada

La ilegitimidad e ilegalidad de esta deuda o por lo menos de una parte sustancial de la misma es ya un hecho no controvertido y documentado judicialmente en la causa “Olmos”1 habiéndose comprobado en proceso sumario durante 18 años, decenas de delitos de acción pública contra el patrimonio nacional de una gravedad inusitada. A pesar de ello, la clase política emergente a partir de 1983 se ha empeñado en homologar este fraude de las mil y un formas que tuvo a su alcance soslayando vergonzosamente las evidencias elocuentes de semejante despojo2.

Sin embargo esta defección fue objeto de una sistemática denuncia por parte de miles de expresiones militantes, participativas, culturales, gremiales, científicas y profesionales, que se empeñaron a su vez en repudiar esta tropelía de malandras y genocidas. Prueba de ello es que ya en el mes de Junio de 1984 el por aquellos tiempos articulado “Movimiento de Juventudes Políticas” organiza una movilización popular bajo la consigna “La Juventud Argentina se une  contra el FMI – No al pago de la deuda”. En esta oportunidad cientos de miles de jóvenes se movilizan en todo el país, alcanzando en la Ciudad de Buenos Aires una participación de más de 200 mil personas. En ese marco y siendo quizá su última actividad orgánica, la vieja Juventud Peronista Regional I –a pesar de la sangría sufrida durante la dictadura- congrega en sus columnas a 50 mil jóvenes militantes por las calles de la Capital Federal.

Las manifestaciones de todo orden en contra de la deuda continuaron a través del transcurso de los años, como testimonios tercamente inoportunos de la defección mediocre y cobarde de la clase política. Todas y cada una de las formas que adoptara la continuación de este saqueo fueron oportuna y detalladamente denunciadas; la emisión de títulos públicos de Alfonsín, el plan Brady de Menem, el blindaje y megacanje de De la Rúa.

El gobierno encabezado por Duhalde no fue la excepción, tampoco el de Kirchner y ni mucho menos el actual de Cristina Fernández.

En efecto; Duhalde fue el encargado de dar los primeros pasos de una nueva reprogramación y reestructuración de la deuda externa argentina. Definida la disputa hacia dentro del bloque dominante entre “dolarizadores” y “devaluadores”, alzándose con la nueva hegemonía éstos últimos; puesto a andar el nuevo “modelo de dólar alto” y mientras se reacomodaba el sistema político en las nuevas condiciones creadas, comienza a pensarse y ejecutarse un nuevo momento político para la reafirmación del despojo. En esta ocasión el experto a cargo de los aspectos técnicos en la materia fue Roberto Lavagna, conducido primero políticamente por Duhalde y luego por Kirchner.

El plan ya dispuesto por el Decreto N° 1735/04 del Presidente Kirchner consistió en un canje con “quita y espera” respecto a la deuda privada y en un pago por adelantado y sin quita para la deuda mantenida con el FMI. El canje de deuda se llevó a cabo promediando el año 2005, en virtud del cual el Estado argentino emitió nuevos títulos de deuda aproximadamente por un total de 35 mil millones de dólares. De los más de 100 mil millones de dólares canjeados, 24 mil no aceptaron las condiciones del canje (son los denominados “holdouts” o “fondos buitres”), mientras que para el resto según datos oficiales quedó establecida una quita aproximada del 55 %. En el mismo año el Congreso Nacional a instancias del Poder Ejecutivo Nacional sanciona la Ley N° 26017 (“ley cerrojo”), la cual prohibía taxativamente la reapertura del canje de deuda.3

Asimismo en el mes de diciembre de 2005 mediante la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1599/05 que en rigor modifica al Ley de Convertibilidad N° 23928 (que en varios aspectos continúa vigente) y la sanción del Decreto N° 1601/05 por el cual se dispone la cancelación total con la deuda mantenida con el FMI con las “reservas de libre disponibilidad”, Kirchner dispone destinar a dicha entidad 10 mil millones de dólares sin ningún tipo de espera y  sin ninguna quita.

«Saludo el pago por parte de Argentina de sus obligaciones pendientes con el Fondo», afirmó el por entonces titular del FMI Rato en el texto, difundido aproximadamente una hora después de la conferencia de prensa en la Casa Rosada. Apuntó también que «la decisión ha sido tomada por el Gobierno conforme a sus derechos como cualquier miembro normal del Fondo y refleja su confianza en que su posición externa es suficientemente fuerte como para garantizar un pago anticipado».

Tras el anuncio del gobierno del Brasil que cancelaría de un solo pago la deuda con el Fondo -de US$ 15.000 millones-, Rato se había encargado de mostrar a Brasil como el camino a seguir. Y puntualizó que era “un ejemplo” para Argentina.

Asimismo el Secretario del Tesoro de los EE.UU, John Snow, saludó la decisión del gobierno argentino asegurando que “el hecho de que esas deudas están siendo pagadas, demuestra buena fe”. “No tuve oportunidad de revisar las declaraciones del presidente Kirchner”, dijo Snow, agregando: “saludamos el pago de esas deudas. Sabemos que Argentina tiene una fuerte posición de reserva”.

Esta decisión política fue enunciada hábilmente por el gobierno de Kirchner como de “desendeudamiento” con una retórica fuertemente agresiva respecto a los ya desprestigiados organismos de crédito internacionales. Sin embargo  Kirchner jamás puso en duda el pago íntegro de la totalidad de la deuda externa en su actual configuración. No sólo desde el discurso, sino también y fundamentalmente desde los hechos. Más de 40 mil millones de dólares (las divisas abonadas por Kirchner y su esposa a los acreedores internacionales) son fieles testigos de lo recién manifestado.

En cuanto a Cristina Fernández, basta recordar el anuncio efectuado, nada menos ni nada más que ante el Council on Foreign Relations 4 (Consejo de Relaciones Exteriores) durante su visita a Nueva York el pasado mes de septiembre de 2008 relativo a la reapertura del canje con los bonistas que no aceptaron la renegociación en 2005 (holdouts).

Cristina Fernández hizo público en dicha ocasión la oferta recibida de tres bancos internacionales para poder llevar adelante la cancelación de la deuda con los holdouts, evaluándola a priori como muy positiva. “Con esta propuesta que hacen tres entidades que son de primerísimo nivel y que son ostentiblemente más favorables que las que obtuvimos en el canje del 2005 posicionan más bien a la Argentina”, dijo la presidente al reiterar el anuncio en una visita al Nasdaq, donde fue invitada por sus autoridades a cerrar las operaciones del mercado de firmas tecnológicas.

Este es el antecedente más inmediato de esta nueva fase de “reestructuración” de la deuda. Como consecuencia de ello el 18 de noviembre de 2009 se sanciona la Ley N° 26547 (“ley ganzúa”), con los votos del FPV, UCR y PRO suspendiendo los efectos de la Ley N° 26017 (“ley cerrojo”), la que fuera promulgada de hecho el 9 de diciembre pasado, paralelamente con la sanción del Decreto N° 1953 mediante el cual se encomienda al Ministerio de Economía a registrar un programa de deuda pública argentina ante la Securities and Exchange Comisión (SEC) de EE.UU.

Previamente, el 27 de Octubre de 2009, la Secretaría de Finanzas del Gobierno Nacional presentó ante el SEC un informe de 173 páginas. Se trata (justamente) del Formulario 18-K en el que se describen en detalle las condiciones económicas, políticas y sociales del país. Es un documento que acostumbran presentar los “gobiernos extranjeros” que emiten títulos de deuda soberana comercializados en Wall Street. En dicho informe debiera ponerse de manifiesto con la mayor transparencia el estado de situación del país en cuestión, sus características sociodemográficas, las cuentas de su economía, la actualidad del sistema político, etc., etc. En dicha ocasión el Gobierno Nacional puso textualmente de manifiesto: “La economía argentina todavía enfrenta importantes desafíos, incluyendo la extensión de la pobreza, el incremento del desempleo y el subempleo, alta inflación y escasez energética”.

Como parte del resumen de la historia económica argentina del siglo XX, en la página 21 del FK-18 se dice: “En 1976, el gobierno (sic) empezó a desarticular el modelo de sustitución de importaciones, bajando barreras a la importación y liberalizando restricciones sobre los préstamos externos”. (…) “Pese a estos cambios de política, desde 1981 hasta 1990 el crecimiento económico estuvo afectado por la inestabilidad política, grandes subsidios a las compañías públicas, alta inflación, periódicas devaluaciones, ineficiencia en la recolección de impuestos e ineficiencia en la producción”, agrega el documento. Y vuelve para mencionar también que “adicionalmente, en 1982, el gobierno (sic) declaró la cesión de pagos de la deuda externa”.

A partir de allí, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2010 emitido en diciembre pasado crea un fondo con reservas acumuladas en el Banco Central, pomposamente denominado “Fondo del Bicentenario” (evidentemente la retórica kirchnerista no tiene límites en el campo de lo simbólico) a efectos de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos ante el eventual nuevo canje de deuda. He aquí un aspecto del meollo de la cuestión planteada en los últimos días y que ha dado lugar a presentaciones judiciales. El otro aspecto central es el decreto por el cual Cristina Fernández destituyera de la Presidencia del BCRA a Hernán Martín Pérez Redrado5 (conocido en los medios como Martín Redrado), siendo el mismo ungido en dicho puesto por el anterior Presidente Kirchner en el año 2004.

En definitiva la discusión a la que estamos asistiendo y despejándola de discursos desorbitados, sólo radica en cómo, con qué y de qué forma continuar pagando la deuda externa argentina. Por lo tanto cabe preguntarse para qué, con qué pensamiento de país y en aras de qué clase de futuro se ha puesto de manifiesto tanta pasión, tanta garra y tanto discurso; tópico que intentamos desarrollar en los siguientes párrafos.

¿Para qué sirvió la deuda externa? ¿Para qué puede servir?

Para ubicar la coyuntura actual en cierta perspectiva, podríamos preguntarnos ¿para qué sirvió la deuda externa en el pasado? Desde ya sabemos que tuvo bastante que ver con la crisis actual. Pero aún así, y haciendo oídos sordos por el momento a su carácter odioso e ilegítimo, podemos reiterarnos la pregunta: ¿para qué sirvió la deuda? ¿Qué finalidad tuvo más allá de favorecer los negocios financieros de unos pocos, aquí y en el exterior? ¿Para promover qué tipo de actividades? En fin: éstas preguntas también pueden relacionarse estrechamente con aquella que se pregunta acerca de sus consecuencias económicas y sociales.

Los medios en concordancia con la clase política tienden a impulsar un cierto sentido común sustentado por “expertos” que nos indica que para que el país crezca y se desarrolle necesitamos abrirnos al capital extranjero y al mundo financiero en general. Y que no “integrarse al mundo” es ir en contra de la modernidad y la globalización, procesos éstos que son inexorables en el mundo contemporáneo. Pero existen algunos datos contra fácticos que matizan o contradicen este “sentido común”. Por una parte, como se ha destacado frecuentemente (incluso por los mismos “expertos”), la mayor parte de la inversión en el país es de origen local, no internacional, y la que más empleo genera es la que realiza la mediana y pequeña empresa. Por otra parte, cabría preguntarse acerca de la reciente expansión económica desarrollada en el país. Ésta precisamente se realizó con gran parte de la deuda privada en default, sin acceso a nuevas fuentes de endeudamiento externo, y sin la aplicación de las políticas de ajuste de rigor en otros períodos. Se trató efectivamente de un período en el que “vivimos con lo nuestro”. Podría vislumbrarse que ésta situación de crecimiento económico no se debió a la pura casualidad (aunque la crisis redujo las importaciones y el alza de los precios  internacionales de algunos “commodities” incidieron significativamente sobre el valor de las exportaciones y sobre la balanza comercial favorable que tuvo el país en años recientes) sino a que no fueron aplicadas las políticas de ajuste al estilo de Menem y de la Rúa.

El período clave de endeudamiento externo fue durante la dictadura militar.

Según diversos estudios la deuda fue utilizada para financiar: la copa mundial de fútbol de 1978, para prepararse para la guerra con Chile, para construir alguna que otra autopista y la extensión de la red gasífera. Pero el grueso del endeudamiento externo de ese período, 31 mil millones de dólares tuvo como destino las actividades financieras y la fuga de capitales.

Una vez legitimado ese endeudamiento externo bajo Alfonsín, Menem, De la Rúa-Alvarez, Duhalde, Kirchner y Fernández la deuda siguió creciendo como una bola de nieve: sirvió para financiar los negocios financieros de los grandes bancos y grupos económicos y la fuga de capitales. Existe una estrecha correlación entre el aumento de la deuda externa y de los depósitos de argentinos en el exterior. Asimismo, la necesidad de hacer frente a la deuda requirió cada vez más endeudamiento. La fuga de capitales que se potenció durante la reciente crisis de 2001/2002 fue también financiada en parte directamente por el FMI.

Está claro que el país no se endeudó para su desarrollo sustentable, para aumentar el empleo o para mejorar las condiciones de vida de la población. Nada tuvo que ver la deuda externa con el desarrollo de la economía nacional o el bienestar social de la población en general. Todo lo contrario: sirvió para financiar un modelo altamente regresivo, excluyente para la mayoría de la población. Sus principales beneficiarios fueron los grandes intereses financieros, los grandes propietarios y los dueños de los depósitos en el exterior.

Tal cuestión plantea de por sí una cuestión de justicia: el pago de la deuda (si es que debería realizarse) lo deberían hacer los que fueron sus principales beneficiarios; debería provenir fundamentalmente de aquellos depósitos existentes en el exterior, que casi superan al PBI de un año.

Sin embargo, el problema no es sólo quien paga la deuda, sino por qué seguir endeudándose. No quedan para nada claro las ventajas económicas y sociales de seguir “integrándonos a la economía financiera internacional” portándonos “tan bien” como lo hicimos durante la década de los noventa, si en el pasado nos fue tan mal con ello.

Tampoco siquiera se ha escuchado esbozar en los últimos días algunas ideas acerca de lo que debiera ser un nuevo Proyecto Nacional en el cual invertir a todo evento no sólo estas riquezas monetarias en cuestión, sino muchas otras más no enunciadas en esta discusión. Más allá de algunas definiciones generales referentes al desarrollo del sector ferroviario, hidrocarburífero y minero; no se ha explicitado concretamente un plan de transición que nos permita articular un programa de salvación nacional ante la catástrofe producida por la minoría egoísta y estúpida que se ha apoderado de nuestro destino a partir de 1976 y que contara con la inestimable colaboración de toda la clase política sucedida a partir de 1983 hasta nuestros días.

En esta perspectiva, no queda para nada claro qué se quiere decir cuando en los considerandos del Decreto N° 2010 la Presidencia de la Nación enuncia que la conmemoración de bicentenario nos “obliga a diseñar políticas de estado  que, trascendiendo la coyuntura, nos permita dar pasos prácticos para llevar a cabo proyectos de crecimiento sustentable en los próximo años, adoptando las medidas necesarias y tomando la previsiones para su pronta concreción”.

Oscurece por completo cuando intenta justificar el pago de más deuda externa, afirmando que ello se lleva a cabo con el objetivo de: “permitir un mayor y mejor acceso al financiamiento tanto para el sector público, como para el sector privado”.

A pesar de no haberse registrado ni un solo antecedente en toda la historia económica de nuestro país en que el endeudamiento externo haya servido sustancialmente para el desarrollo de algún sector, ni mucho menos para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la Presidente Fernández al suscribir el mencionado Decreto insiste en que: “…la obtención de un mayor financiamiento a menores tasas tanto para el sector público como para el sector privado tiene por objeto garantizar el sostenimiento de la inversión pública y privada, sostener el crecimiento de la economía, la creación de trabajo decente y genuino, llevando adelante a su vez iniciativas con criterio federal en etapas negativas del proceso económico. Que los recursos necesarios a tal fin, tienen que surgir de un uso más eficiente de las reservas del Banco Central de la República Argentina, buscando obtener de ellas no sólo el respaldo a la moneda, sino también la obtención de un mayor provecho para que coadyuven al mayor desarrollo económico interno. Que ello es posible porque a partir del año 2003 la acumulación sin precedente de reservas internacionales por parte de los países emergentes en general, y de la Argentina en particular, ha generado un interrogante acerca de su nivel óptimo y su adecuada utilización, específicamente la contribución que esos recursos pueden tener en el crecimiento…”.
Quizá nuestra ignorancia sea en definitiva el origen de nuestra incomprensión cuando leemos en el decreto: “Que, en términos generales, un proceso combinado de generación sistemática de superávit primarios, de mecanismos de autoseguro (como los esquemas de prepago de deuda durante las fases de auge o de reducción de las tasas de interés), y de mejoramiento de las condiciones de financiamiento parece ser el camino hacia un mayor grado de sustentabilidad de la deuda pública …Que, en conclusión, el exceso de reservas internacionales surge como una fuente de recursos que, de ser aprovechados estratégicamente, podrían promover el crecimiento e incrementar la competitividad de la economía, mediante su utilización para profundizar el proceso de desendeudamiento…Que si estas acciones no se llevaran a cabo se podrían constituir en un factor crucial que dificultaría el crecimiento de importantes sectores económicos en el mediano y largo plazo”.
Quizá un nuevo fenómeno de las matemáticas financieras se ha producido y lo ignoremos, quizá nuestra terquedad nos impida comprender este nuevo estadio en el proceso de endeudamiento de nuestra Nación y resultemos incapaces de participar en esta nueva patriada de “La deuda progresista”. Quizá no seamos dignos de sentirnos partícipes de lo resuelto por las autoridades del Poder

Ejecutivo Nacional en pleno y que textualmente dice:

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
Artículo 1º — Sustitúyese el artículo 6º de la Ley Nº 23.928 y sus modificatorias por el siguiente:
“ARTICULO 6º.- Los bienes que integran las reservas mencionadas en los artículos anteriores son inembargables, y pueden aplicarse exclusivamente a los fines previstos en la presente ley. Las reservas, hasta el porcentaje establecido en el artículo 4º, constituyen, además, prenda común de la base monetaria. La base monetaria en pesos está constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en cuenta corriente o cuentas especiales.
Las reservas de libre disponibilidad podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales y al pago de servicios de la deuda pública del Estado Nacional.”
Art. 2º — Créase el FONDO DEL BICENTENARIO PARA EL DESENDEUDAMIENTO Y LA ESTABILIDAD, cuyo objetivo es la cancelación de servicios de la deuda con vencimiento en el año 2010 y será administrado por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, el que reglamentará los aspectos operativos atinentes al mismo.
Art. 3º — El Fondo creado por el artículo 2º se integrará con DOLARES ESTADOUNIDENSES SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES (U$S 6.569.000.000), o su equivalente en otras monedas, correspondiendo a vencimientos con Organismos Multilaterales la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES (U$S 2.187.000.000) y a vencimientos con tenedores privados la de DOLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES (U$S 4.382.000.000), que el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA transferirá al Tesoro Nacional de las reservas de libre disponibilidad.Como contraprestación el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA recibirá un instrumento de deuda emitido por el Tesoro Nacional consistente en una Letra intransferible denominada en U$S, a DIEZ (10) años con amortización íntegra al vencimiento, la que devengará una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA para el mismo período y hasta un máximo de la tasa LIBOR anual menos un punto porcentual. Los intereses se cancelarán semestralmente. Dicho instrumento se considera comprendido en las previsiones del artículo 33 de la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Esta letra no se encuentra comprendida en la prohibición establecida en el articulo 19 inciso a) y en lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, ni será considerada a los fines de la autorización concedida por el artículo 43 de la Ley Nº 26.546.
Art. 4º — Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo. — Jorge E. Taiana. — Nilda C. Garré. — Amado Boudou. — Débora A. Giorgi. — Julián A. Domínguez. — Julio M. De Vido. — Julio C. Alak. — Carlos A. Tomada. — Alicia M. Kirchner. — Alberto E. Sileoni. — José L. S. Barañao. — Juan L. Manzur.

1 Alejandro Olmos radicó su denuncia en el Juzgado Federal de 1° Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2. Durante 18 años se acumularon pruebas tras pruebas en la causa titulada «Olmos, Alejandro s/ Denuncia» con el número 14.467. Debido a la falta de información precisa y sin valor contable por parte del BCRA, el entonces juez de la causa decidió convocar a un cuerpo especial de peritos, especialistas en economía y finanzas, cuyo cometido consistía en averiguar a quién se debía, cuánto se debía y por qué; es decir: auditar la Deuda Externa. Sintéticamente, sus conclusiones fueron: que el acrecentamiento de la Deuda Externa privada y Pública entre 1976 y 1982, fue excesivo, perjudicial y carente de justificación económica, financiera y administrativa; los procedimientos utilizados por la autoridad económica conforman verdaderos actos ilícitos; las empresas Públicas fueron obligadas a endeudarse; las reservas internacionales constituían un pasivo, que se colocaban en bancos extranjeros y era registrado en una libreta negra reservada; el Tesoro Nacional otorgaba avales a empresas privadas que no afrontaron sus compromisos vencidos; el FMI fue corres-ponsable indiscutido del proceso de endeudamiento; se declinó la «jurisdicción del país, sometiéndolo a leyes extranjeras, lesionando el patrimonio y la dignidad nacional»; los dictámenes de endeudamiento de las empresas del Estado eran redactados por la banca acreedora extranjera, a través del Estudio Jurídico del funcionario Klein; la Deuda privada fue asumida por el Estado mediante los «seguros de cambio; entre 1977 y 1982 se registró una salida de divisas por 35.102 millones de dólares computadas como «egresos sin especificaciones de motivo» .

2 Resultan harto elocuentes las conclusiones citadas. El 23 de febrero de 1984 se conformó en el Senado una «Comisión Investigadora de Ilícitos» cuya única actuación justificó su existencia: el 5 de septiembre de ese año fue allanado el octavo piso del estudio jurídico Klein-Mairal. Según las crónicas periodísticas, al ingresar la comisión parlamentaria dos abogados huyeron del lugar con valijas y carpetas. Esas dos personas eran José Alfredo Martínez de Hoz (h) y Mariano Grondona (h). Casi doscientas cajas y documentos fueron secuestrados: intercambios entre el Estudio y los bancos acreedores estableciendo las condiciones de los préstamos; dictámenes redactados por la banca acreedora al Procurador del Tesoro y a los asesores legales de las empresas públicas; asesoramientos a los bancos por el estudio sobre condiciones de préstamos, cómo eludir tasas y cargas impositivas; seguimientos de cuestiones oficiales; poderes otorgados por los más importantes bancos acreedores de la Argentina. Era un búnker de negociados privados, mantenidos entre funcionarios públicos y empresarios.

3 La reestructuración de 2005, llevada adelante por el trío Kirchner-Lavagna-Nielsen, no produjo variaciones cuantitativas significativas. La Deuda Pública a fines de marzo de 2005 era de 190.000 millones de dólares, de los cuales 103.000 millones se encontraban en default (82000 por capital y 21.000 por intereses devengados e impagos). La deuda habría quedado en unos 122.000 millones. Pero las cifras oficiales olvidan contar a los holdouts, aquellos bonistas que no aceptaron el canje, que suman 20.000 de capital y unos 4.000 de intereses (el canje había sido aceptado por el 76% de los bonistas). Por lo que el monto efectivo de la Deuda Pública post canje sería de aproximadamente 150.000 millones de dólares. Pero a su vez, los nuevos bonos entregados capitalizan por anatocismo en 10 años parte de los intereses, monto que rondaría los 11.000 millones. La cuenta cerraría en 160.000 millones, ahorrando entonces tan sólo unos 30.000, computando una quita efectiva del 16%. También están los estímulos de los bonos que han quedado atados al PBI. Se otorga un plus a los tenedores de dichos bonos, premiándolos así por el esfuerzo de los trabajadores argentinos. Esto podría traer un costo de 30.000 millones de dólares durante todo el período de reestructuración.
Asimismo, seguimos sometidos a un estado de vulnerabilidad jurídica, y se ha perdido una nueva oportunidad óptima para objetar la ilegitimidad e ilicitud de las acreencias. Nuevamente se aceptó la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros y la no retención ni deducción de impuestos.

4 Se trata, en rigor de verdad, del eje central de una verdadera red de hombres y mujeres poderosos, ya que el CFR es complementado por otras organizaciones análogas tanto estadounidenses como internacionales:The Hudson Institute, The RAND Corporation, The Brookings Institution, The Trilateral Commission, The World Economic Forum, Aspen Institute, American Enterprise Institute, Deutsche Gesellschaft für Auswärtigen Politik, y el Carnegie Endowment for International Peace, entre otros. Todos estos think tanks o bancos de cerebros como se los denomina en el país del norte, reúnen a los mejores hombres en sus respectivos campos, a condición de que estén claramente alineados con las premisas básicas de sus objetivos políticos: la creación de un gobierno mundial privado, la erosión sistemática de las estructuras de todos los estados-nación soberanos, la estandarización sociocultural, la imposición de un sistema financiero globalizado especulativo-usurario y la administración de un sistema de guerra global que mantenga la cohesión de las masas a través del permanente azuzamiento contra algún «enemigo», sea éste real o imaginario.

5 Hernán Martín Pérez Redrado nació en Buenos Aires el 10 de setiembre de 1961. Estudió Economía en la Universidad de Buenos Aires y realizó un Máster en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Se especializó en finanzas y economía internacional. en su vida profesional Martín Redrado ocupó cargos públicos y también en el sector privado. Fue presidente de la CNV y actualmente es presidente del banco central de Argentina. En 1994 creó la Fundación Capital, entidad que realiza análisis económico y asesoramiento en materia de diseño de políticas públicas, reconocido en ciertos ámbitos como un «Think Tank» liberal. Entre 1991 y 1994 fue presidente de la Comisión Nacional de Valores. En 1992 fue designado Presidente del Comité de Mercados Emergentes de la Organización Internacional de Comisiones de Valores. Entre 1996 y 1998 fue secretario de Educación Tecnológica. También fue Secretario de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional. Desde setiembre de 2004 es Presidente del Banco Central. Fue imputado en la causa caratulada “Pérez Redrado, Hernán Martín s/Malversación de caudales públicos” en la cual quedara sobreseído por el Juez Federal Canicota Corral. Dicen que entre otras imputaciones se lo acusó de abonar la cuota del Jockey Club con fondos reservados de origen público.

Facebooktwittermail