Documento del MPA. Apuntes para el debate y el consenso político

1. Durante las últimas décadas, desde la desembocadura “democrática” de la última dictadura, se ha ido conformando un régimen electoral de sesgo poco participativo, a través del cual se ha promovido la consolidación de un sector social minoritario cuyos objetivos dependen casi exclusivamente del mercado externo, hecho que se ve reflejado en el actual rumbo político y económico nacional.

Se ha consolidado una economía altamente dependiente, pero además fuertemente concentrada, de estructura funcional “exógena”. Hay una Argentina que flota y otra que se ahoga. Hay un sector social económicamente dominante y una amplia mayoría de población subordinada en una diversidad de grados siendo altamente significativos los gravísimos indicadores de desocupación y subocupación estructurales, de pobreza, indigencia y hambre, con la consecuente secuela de violencias lacerantes y crecientes.

Hoy es un dato de la realidad que no menos de 15 millones de habitantes son asumidos por el actual modelo en operaciones como población excedente sujeta a una determinada pauta presupuestaria para su asistencia social siempre insuficiente.

2. El sistema político argentino se ha deteriorado y corrompido aceleradamente tanto en términos de representación genuina como de discusión y generación de propuestas de políticas innovadoras. De este modo, una especie de sentimiento de pérdida de futuro se expande de manera creciente en amplios sectores de la población, mientras una minoría concentra riquezas de forma arrolladora desinteresándose del bienestar general. En este sistema político no hay lugar para la esperanza, sino sólo para la complacencia o la desesperación. Es decir, una fuente de constante desorden histórico.

Todo este mecanismo está sostenido en un impresionante aparato de presión ideológica y represión, que consigue oscurecer lo transparente y pretende demostrar lo indemostrable. Es en el área económica especialmente donde el manejo arbitrario de las cifras ha conseguido generar no pocas confusiones, para ocultar la realidad de tejidos productivos y de distribución local destrozados y de creciente inequidad social. Una urbanización caótica, desprovista de criterios de eficacia, consecuencia en gran medida de los impactos sociales y económicos de la agricultura industrial de base agrotóxica que, además de degradar el potencial productivo de extensos territorios expulsa población rural, concentrando aún más la tierra en pocas unidades propietarias.

3. En esta perspectiva, el Bloque Estado-monopolios ejecuta sus planes en una situación económica recesiva y frente a la desconfianza de una creciente porción de la población, pudiéndose presagiar el comienzo de turbulencias sociales de magnitud.

En rigor, se inaugura una era signada por la ausencia de una fuerza política organizada de suficiente volumen, capacidad territorial y programa para otorgar legitimidad y credibilidad a la conducción ejecutiva del Estado a tenor de las exigencias del momento; lo que deja a los monopolios en el ejercicio de una inestable y peligrosa “unipolaridad”.

4. Asistimos de este modo a un escenario dominado por una doble exigencia. Por un lado una genuina representatividad que organice nuevas esperanzas en amplios sectores de la población con novedosas acciones y propuestas; y por otro una nueva institucionalización de las cuestiones del trabajo y la producción, otorgando puesta en valor a las reales potencialidades de autodesarrollo sustentable de los territorios.

5. Establecidas parcialmente las bases del diagnóstico, quedan por formularse posibles cursos de acción. Esto implica la imprescindible elaboración de una propuesta alternativa, tanto en lo político como en lo económico y social, capaz de concitar la unidad y la esperanza en nuevas fuerzas populares.

Nadie pone en discusión que la planificación es una herramienta esencial para el éxito de cualquier emprendimiento privado, en especial de gigantescos conglomerados monopólicos. Sin embargo, desde hace décadas para buena parte de la dirigencia política es sinónimo de estatismo retrógrado cuando es utilizada por el Estado.

Un Plan Nacional de Desarrollo Sustentable no es una quimera en busca de un discurso; es la puesta en valor real del potencial del país para alcanzar las mejores oportunidades de sus regiones, de los pueblos que las habitan y de los recursos naturales que disponen, frente a la realidad dinámica de un mundo multipolar plagado de incertidumbres.

Es tan urgente como necesario asumir en la militancia una mirada programática en la que utilizar los datos de la realidad implique proyectar un Plan Nacional de Desarrollo Sustentable, que provea la elaboración de un diagnóstico y el despliegue de propuestas eficaces básicamente para la generación de empleo genuino en gran escala y en el corto plazo.

Hace décadas que en nuestro país la mayoría de la dirigencia política va a la cola de las apetencias desmedidas y disfuncionales de un reducido sector de la economía concentrado y extranjerizado –y siempre planificado-, la que en sus distintas variantes ha venido siendo legitimada en los actos electorales. En función de todo ello proponemos la creación de ámbitos específicos en la militancia decididamente abocados a emprender aquellos quehaceres necesarios para fomentar la discusión, elaboración y sistematización de políticas de Estado que nutran de propuestas, discursos y herramientas conceptuales a la práctica política de la militancia proyectando un corpus de conocimientos para el ejercicio de una función de gobierno.

Es necesario volver a reordenar los datos de la realidad nacional y social, a través de ámbitos de planificación horizontales y verticales, de forma tal de relevar todos aquellos temas que atraviesan a todos los sectores económicos, como aquellos que tienen por objeto cada sector en particular.

Por lo pronto, se puede partir de algunos ejemplos de principios fundamentales o directrices invariables, sin perjuicio de otros, y de futuras elaboraciones temáticas y específicas en el marco de trabajo de un ámbito de planificación en estricto:

a) El Estado debe volver a asumir su verdadero papel de conductor de la economía, interviniendo plenamente en los procesos productivos y no sólo concesionando, administrando o sancionando. Tanto en el proceso de inversión como en los de acumulación y distribución, la gestión del Estado será de alta significación, a fin de asegurar que los beneficios del crecimiento económico alcancen a todos los habitantes de la Nación.

b) Hay que volver a plantear una política de Estado que fije como objetivo la planificación de una nueva ocupación del territorio nacional que promueva mejores condiciones de vida a través de una equitativa distribución de la riqueza, poniendo en discusión al llamado sector agropecuario y los recursos naturales en general, no ya como sujeto de tal o cual carga impositiva, sino como replanteo de su configuración misma, sin perjuicio de los tributos que desde ya fuere justo y necesario imponer.

c) Cierta mirada del país y de su economía, muy difundida en las últimas décadas, plantea el tema de la inversión extranjera en términos de ayuda para el desarrollo, partiendo de la hipótesis que los nuevos capitales posibilitan aumentar el ritmo del crecimiento, colocándonos en mejores condiciones para alcanzar el nivel de vida de los países “desarrollados”. Esta propuesta va de la mano del hecho de que los inversores capitalistas de los países “avanzados” tienen una necesidad permanente de búsqueda de nuevos usos para los excedentes económicos que el sistema genera. En la materia, actualmente permanece vigente el texto normativo sancionado por la última dictadura, la denominada Ley Nº 21.382, reglamentada por el Decreto 1853/93, como fiel reflejo de un ultraliberalismo económico a esta altura ya insostenible.

Es necesario, por consiguiente, repensar sistémicamente el tema, comenzando por advertir que no se trata, en realidad, de promover la radicación de capitales sino de precisar con todo cuidado cuáles son las condiciones que deben ser satisfechas para que tales aportes sean útiles para el país.

d) Los servicios esenciales para la calidad de vida de la población, por su carácter social estratégico, deben volver a ser de propiedad exclusiva del Estado, quien podrá establecer un régimen mixto de gestión nacional de los mismos. Estos comprenden los concernientes al abastecimiento de agua potable, de energía, los transportes de cargas y pasajeros, las comunicaciones en general de todo tipo, seguridad ciudadana, la seguridad social, la seguridad del trabajo, entre otros.

e) Frente al descontrol del incremento de precios de los bienes y servicios, y en especial aquellos de primera necesidad del consumo mayoritario popular que viene aconteciendo desde hace décadas, acelerándose de forma ya insostenible desde el año 2014 en adelante; deberá diseñarse una política de enérgica intervención estatal en los mercados respectivos, mediante la sanción de una saga de Decretos de Necesidad y Urgencia, creando nuevas instancias jurisdiccionales administrativas para la intervención directa de órganos competentes del Estado en los libros contables, cadena de valor y la dirección de las empresas y/o conjunto de ellas que se definan como “formadores de precios” con el fin de establecer un ordenamiento razonable de precios a tenor de las buenas costumbres, la moral y el orden público, eliminando el actual descalabro del libre juego de los monopolios. Sin perjuicio de ello, en lo inmediato se decretarán precios máximos en los mencionados bienes y servicios de primera necesidad, ejerciéndose desde el poder punitivo estatal el máximo rigor con los infractores y promoviendo la participación popular en los mecanismos de control. Para todo ello se promoverá en especial la participación de las organizaciones sindicales de trabajadores a través de sus comisiones gremiales internas, mediante la sanción de una ley que regule el derecho de los trabajadores a la participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, según así lo ordena el actual texto del artículo 14 bis de nuestro carta magna.

f) Revisión de todas las privatizaciones y concesiones efectuadas, como mínimo, desde el año 1990, incluyendo las posteriores transferencias de las mismas entre actores económicos, para determinar la existencia o no de adjudicaciones que impliquen sospechas de delitos contra el Estado en particular y la sociedad en su conjunto en general. En especial, será necesario la elaboración de un proyecto de ley macro que le de sustento normativo y filosófico a un nuevo momento histórico de “nacionalizaciones” con un “Nuevo Estado”, manifestando claramente qué sectores de la economía deberán ser objeto de intervención estatal, con qué propósitos y mediante qué mecanismos de participación popular. Dicha ley, entre sus considerandos de fundamentación y motivación, pondrá especial énfasis en describir el ciclo catastrófico iniciado a partir de la sanción de la ley 23.696 de reforma del Estado y el Decreto 2284/91 de desregulación económica, detallando meticulosamente sus nefastas consecuencias en lo político, social, económico y cultural.

g) La propiedad privada será normada, sin que ello implique tender a la atomización de las medianas y grandes empresas y sí, en cambio, con el objetivo de maximizar el número de beneficiarios en la distribución de los excedentes y de establecer garantías para una efectiva contribución de la propiedad privada al fortalecimiento de los Estados Nacional y Provinciales. En síntesis, implica poner a la propiedad privada en función social, así como lo preveía el artículo 35 de la Constitución Nacional de 1949: Los derechos y garantías reconocidos por esta Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, pero tampoco amparan a ningún habitante de la Nación en perjuicio, detrimento o menoscabo de otro. Los abusos de esos derechos que perjudiquen a la comunidad o que lleven a cualquier forma de explotación del hombre por el hombre configuran delitos que serán castigados por leyes.

6. Convocatoria a una consulta popular vinculante a efectos de poner en consideración la propuesta de auditar la deuda externa argentina generada desde del 24 de marzo de 1976 en adelante, a efectos de deslindar del actual total existente, la deuda externa ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta para su repudio ante quienes corresponda y a todo evento el inicio de las acciones que fuere menester tendientes al resarcimiento indemnizatorio, tanto en el plano interno como en el externo.

7. A modo de conclusión; aquellos fueros de justicia social y soberanía que supimos conseguir han sido derogados a punta de fusil y ardides planificados. El desarrollo primario capitalista en que ha quedada integrada la Nación en un modelo al servicio de los monopolios ya ha agotado sus capacidades expansivas. Se acabaron “las sintonías finas” o “las inversiones del exterior”. Este colapso a la vista de todos sólo puede generar más deterioro aunque las “camisetas” y los discursos cambien.

Hace días una gigantesca eclosión y movilización popular dejó establecido como mojón inamovible de nuestra historia que los crímenes de lesa humanidad cometidos por la entente oligárquico-militar en la última dictadura son detestables para la dignidad humana y que merecen su enjuiciamiento y el más enérgico de los castigos sin atenuantes. Aclarado definitivamente el punto, es menester poner énfasis en el señalamiento de aquellos delitos de lesa patria cometidos desde allí en adelante que hasta hoy continúan impunes, y cuyas implicancias hoy definen aspectos neurálgicos de nuestro acontecer económico y social.

Hay que alterar el rumbo y las finalidades, lo que requiere esfuerzo y compromiso, y por sobre todo una forma de organización política que proclame y sostenga un nuevo programa de acción de gobierno con criterio amplio y receptivo de cara a una realidad social y política por demás compleja frente a la cual no caben sectarismos inconducentes.

O inventamos, o erramos.

MOVIMIENTO PERONISTA AUTENTICO – MPA

Mayo, 2017

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