¿CÓMO SE SALE DE ESTA CRISIS? UN APORTE PARA LA RECONSTRUCCIÓN

En el marco de la pandemia mundial declarada por los expertos de la OMS con motivo de la propagación del COVID-19, y asumida por los Estados nacionales a escala global, se impone atravesar momentos de emergencias de todo orden de forma repentina sin contar con antecedentes contemporáneos similares que nos permita inferir rumbos de acción validados por la experiencia.

Si bien algunos discursos (curiosamente muy difundidos desde la élite empresaria) insinúan comparaciones absolutas con pasadas conflagraciones bélicas interimperialistas en cuanto a los desafíos humanitarios que plantean sus consecuencias, la dimensión de las mismas en este caso aún es prematuro mensurarlas en su justa medida. Hecho que no impide por el contrario asumir la intensidad y profundidad de la crisis económica y social que ha desatado este inesperado escenario.

En ese marco y ante la profunda crisis económica y social que atraviesa nuestro país en el marco de nuestra patria grande ya desde hace algunas décadas, es indudable que las medidas de alcance inmediato ejecutadas por el gobierno encabezado por el Presiente Alberto Fernández apuntan en la dirección correcta. Y esto hay que rescatarlo y ponerlo de resalto, en medio del acoso de una inusitada histeria mediática matizada de un desfile incesante de “opinólogos” de toda estirpe, la mayoría de ellos sin experticia comprobada en la materia que en contraste con los pocos profesionales serios y responsables consultados, no trepidan en infundir pánico a la población vaya a saber con qué inconfesables y mezquinos intereses.

Sin embargo, esta repentina parálisis social y económica impuesta por la emergencia ofrece por un lado la oportunidad de considerar políticas de Estado largamente postergadas que apunten a la toma de decisiones estructurales y excepcionales, precisamente porque estamos viviendo momentos igualmente excepcionales. Y por otro la obligación de fortalecer el tesoro público para el financiamiento inmediato de las gravísimas implicancias sociales en curso, pero a través de un flujo que vaya de arriba para abajo y no a la inversa.

Hace pocos días, en un acto de profundo sentido antisocial, especulación y nula sensibilidad, Paolo Rocca, titular del grupo Techint despidió 1450 trabajadores pertenecientes a su holding, acción que fue secundada por la amenaza de 740 despidos más, esta vez por parte de Nicolás Caputo, dueño del Grupo Mirgor, socio y “hermano” de Mauricio Macri. Pero no hay que equivocarse, estos dos apellidos son solo apenas dos ejemplos (aunque muy significativos) de la idiosincracia propia de un exclusivo grupo del “empresariado” argentino mas concentrado y su continua actitud de saqueo y defraudación de los intereses nacionales; se trata de los máximos multimillonarios del país, que a costa del Estado nacional han amasado un capital que con denuedo se esmeran en esconder mediante complejas ingenierías legales en los principales paraísos fiscales del mundo. En ese club, Paolo Rocca es el primero en la lista, pero también figuran Bulgheroni, Mindlin, Elzstain, Grobocopatel, Roemmers, Coto y la lista sigue: supermercadistas formadores de precios con su cadena de intermediarios que encarecen, entidades bancarias privadas que acumulan recursos financieros desinvolucrándolos de acontecer productivo nacional, al tiempo que especulan con tasas de interés bochornosas y mezquinan el crédito necesario para la producción y la vivienda familiar, gigantescos laboratorios transnacionalizados que lucran a costa de la salud de la población con un manejo de precios y costos atentatorios para la dignidad humana, titulares de empresas de servicios públicos que a expensas de recursos y riquezas originariamente del dominio del Estado se apropian de renta excedente para fugar divisas hacia las arcas de sus consorcios globales de negocios diversificados, empresarios latifundistas del sector agropecuario coludidos con los anteriores sectores e igualmente diversificados que históricamente le han dado las espaldas al interés nacional y del pueblo argentino. Entre tantos otros, estos sectores ahora son los primeros en pedir auxilio del Estado, para distribuir pérdidas entre toda la población y seguir incrementando las rentas astronómicas en sus portafolios de negocios globales, que nada reportan a la Nación, más no sea miserables migajas que se deslizan de sus concupiscentes banquetes de estúpidas lujurias.

En semejante marco de emergencia y con una economía nacional deprimida hace largas décadas, con una desocupación, subocupación, pobreza e indigencia estructurales que deberían avergonzarnos, y que seguramente se agravarán hacia el futuro, resulta adecuado reflexionar acerca de ciertos traumas que han quedado instalados en la cultura política argentina y que actúan como verdaderas murallas que impiden ver la necesidad de adoptar nuevos rumbos. Nos referimos a ciertas “creencias” o quizás “nuevas ignorancias” que parten del supuesto de que la actual estructura económica se encuentra prácticamente consolidada y es irreversible. Parecería que las propuestas para superar este negativo estancamiento estuvieran dadas en un marco en el que la contribución previsible de los diversos actores sociales que participan en la actividad económica no admitiera discusión. Una verdadera zona de exclusión se impone en la controversia ideológica que obtura, reprime y esteriliza todo posible y necesario cambio de rumbo.

Este rígido marco ideológico aparece como asumido por una importante porción tanto de dirigencia de partidos políticos como de miembros de círculos académicos, científicos y tecnológicos. Sólo así se explicaría la repetición de propuestas de escasa o nula eficiencia.

En esta perspectiva y a modo de una medida de estricto corte coyuntural, y bajo condición de romper ese cerco ideológico traumático, bien podría pensarse en lo inmediato en la imposición de un Impuesto a las Rentas Excedentes en sectores que han experimentado una capitalización desproporcionada, ilegítima e inculta (sectores que en los últimos años han tenidos ganancias de hasta el 150% en dólares, o del 1000% como el caso de Edesur y Edenor o entidades bancarias privadas) destinado a inconmensurables patrimonios de acumulaciones ociosas de riquezas, sumado a un impuesto extraordinario al patrimonio por encima del impuesto a los Bienes Personales recientemente modificado, para destinar la recaudación de esos tributos al financiamiento de una agresiva expansión monetaria para la atención del sistema sanitario público y de obras sociales sindicales, y asimismo aplicar paliativos eficaces a las principales causas de la pobreza estructural y el hacinamiento en los conurbanos, entre tantísimas urgencias que se han venido amontonando en las últimas décadas.

Y en una perspectiva de pretensiones estructurales, y también, siempre bajo condición de romper la limitaciones ideológicas ya referidas, pensamos que se abre una nueva oportunidad: Hoy más que nuca se hace evidente lo indispensable que resulta un nuevo Estado empresario, ágil, inteligente, de nuevas ideas y plataformas colaborativas con la actividad privada; es decir un Estado que se ponga al frente de la planificación económica en conjunto con la recuperación y puesta en valor de los principales resortes de la economía, empezando por las empresas de servicios básicos, los recursos estratégicos y la derogación de las leyes de sometimiento financiero heredadas de la dictadura y perfeccionadas en sucesivas administraciones. La compra de acciones -hoy en caída- por parte del Estado, en especial las energéticas, el acero, el sector bancario y otros rubros donde el Estado ya tiene participación minoritaria a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, son otras medidas posibles con el fin de recobrar la iniciativa popular tomando otra vez en nuestras manos la herramienta estatal para no solo salir de la crisis provocada por la pandemia, sino de los crónicos ciclos de estancamiento y crecimiento que padecemos como país y posibilitar de una vez para todas la Justicia Social, el desarrollo sustentable y la grandeza nacional.

Asimismo, entendemos que cabe por demás en estos momentos poner especial atención a una omisión constante fruto del cerco ideológico imperante en cuanto a la contribución que puede realizar el sector agropecuario en este inédito escenario social y económico, directa e indirectamente, en la creación de puestos de trabajo, así como en la democratización de la economía, condición necesaria para la transformación productiva con efectiva Justicia Social, y para el comienzo de una planificación demográfica que provea una nueva y paciente ocupación del territorio nacional.

La ordenada transferencia de una significativa porción de Población urbana al medio rural disminuiría significativamente la cantidad y calidad de los efectos e impactos negativos generados por el modelo socioeconómico, y sus variaciones, aplicado en las últimas décadas, que se manifiestan principalmente en los centros receptores de los que emigran del medio rural, y que hoy han quedado al descubierto como altamente vulnerables. Es decir, planteamos esta propuesta se sesgo estructural asumiéndola como un instrumento de alta eficacia para superar la desocupación y subocupación estructural así como la pobreza e indigencia, una reforma estructural en el régimen agrario, a la par de un eficaz control del Estado sobre la aplicación de la ciencia y la tecnología en el manejo de la naturaleza, no solo en lo concerniente al uso de la tierra en la producción agropecuaria y al aprovechamiento de la masa forestal nativa, sino también en el correcto uso de las aguas continentales, la tecnología, la fauna y la flora nativa y el resto de los elementos naturales.

En estos momentos de desconcierto, con un futuro inmediato plagado de incertidumbres, y en que la minoría oligárquica propietaria se apresta a levantar la guardia activando todos sus dispositivos de influencias para mantener sus prebendas y privilegios hoy ya intolerables, entendemos que no son momentos de exigencias sectoriales por más poderosas que sean o que aparenten, sino de unidad nacional en el marco de nuestra patria grande, desprovista de infantilismos ideológicos universalistas. Reformular el rumbo no sólo es posible, sino necesario, asumiendo que la principal y más poderosa fuerza social y política del capitalismo argentino es el Estado Nacional.

Mucho más temprano que tarde habrá que salir de la emergencia. Todo depende con qué objetivos, y del establecimiento de qué prioridades. Una buena oportunidad para cambiar el rumbo fijando pautas de convivencia estables y consensuadas hacia el largo plazo que nos permita paulatinamente retomar lo que alguna vez fue una Nación pujante conducida por los insignes propósitos del interés nacional y la justicia social.