ANTE LA NECESIDAD DE UN PROGRAMA POLÍTICO PARA EL PERONISMO
Desde el Movimiento Peronista Auténtico saludamos la iniciativa de discutir programas políticos de gobierno, aunque llegue quizás a destiempo y el llamado revele la incapacidad del peronismo para presentarlo y, sobre todo, ejecutarlo con anterioridad.
Nuestro espacio político siempre ha reclamado hacia el seno del Movimiento Popular y hacia las entrañas del peronismo la necesidad de construir ámbitos de democracia interna participativa para el debate y la fijación de estrategias así como la definición de candidaturas. Hasta el momento y lamentablemente, nada de esto se ha logrado.
Coincidimos en que no se puede encarar ningún proceso eleccionario sin contar con claras y definidas propuestas programáticas, de igual manera que no es posible que se impongan figuras «a dedo» ni mucho menos que no se propicien ámbitos de debate y participación real, horizontal y democrática a la militancia. Más aún en épocas como la actual, donde las principales fuerzas políticas atraviesan respectivas crisis de liderazgo y el país exige una dirigencia política a la altura de la compleja y sensible circunstancia, en especial para la clase trabajadora y la clase media de nuestro país, que vienen siendo golpeadas muy duramente desde hace al menos 8 años.
En adición, es la militancia popular la que bancó momentos complejos poniendo el cuerpo, aún cuando muchas veces se minimizaba el potencial de su accionar, sosteniendo la resistencia a las medidas que intentó llevar adelante el macrismo (sobre todo la acción colectiva contra la propuesta de avanzar sobre los derechos de los trabajadores jubilados y pensionados), así como fue esta misma militancia la que asumió los riesgos que fuesen necesarios y se puso al frente de los merenderos y comedores populares en medio de la pandemia de COVID. Como organización, siempre nos alentó el deseo de aportar a un proceso emancipatorio definitivo, a enfrentar las causas estructurales de la pobreza y la desocupación, a confrontar contra el trabajo precarizado y la idea de que los derechos adquiridos por años de lucha y sacrificio del Movimiento Obrero Organizado representan un «costo».
Siempre estuvimos convencidos de que este país cuenta con todas las herramientas necesarias para salir adelante. Sólo hace falta decisión política firme, organización popular eficaz, conducta militante irreprochable y la necesidad de comprender que de las coyunturas complejas se sale con debate, con participación, sin mezquindades y con la certeza de que el peronismo debe ser una fuerza política asumida como una herramienta de transformación para la liberación nacional y no una sumatoria de «cajas» y redes de oportunismo cómplice para perpetuar la dependencia.
No es la intención de este documento hacer leña del árbol caído ni es nuestra intención posicionarnos en un rol de inspectores del accionar ajeno, pero sí queremos recordar que desde nuestra fundación, el 7 de septiembre de 2002 en el Sindicato de Obreros Gráficos de Córdoba, en la localidad de San Antonio de Arredondo, hemos elaborado y planteado no sólo respuestas de ocasión ante coyunturas precisas, sino propuestas de fondo que, por una razón o por otra -quizás incluso por nuestras propias limitaciones- no han sido debidamente atendidas por la dirigencia.
En las llamadas Bases Programáticas para la Refundación de un Nuevo Proyecto Nacional, entregadas a infinidad de dirigentes políticos del denominado campo nacional y popular, entre quienes se encuentran también los que hoy integran el ex Frente de Todos y actual Unión por la Patria, advertíamos que: «[…] como contribución para encauzar la marcha de la organización popular hacia el horizonte apuntado por la fe en nuestras convicciones, ponemos de manifiesto las presentes herramientas para el diagnóstico de situación y las consecuentes propuestas programáticas de políticas de Estado, con el propósito de recuperar la política como herramienta vital de la organización comunitaria; para construir la JUSTICIA SOCIAL a través de una democracia participativa y protagónica, superadora de esta agotada democracia representativa […]”.
Ese diagnóstico se vio acompañado de ideas consolidadas, cuyo mejor ejemplo es nuestra propuesta de Marcha Al Campo, que logró plasmarse en un proyecto de ley que alcanzó estado parlamentario, y que estuvo inspirado en los estudios que llevaron adelante los compañeros Guillermo Gallo Mendoza1 y Rubén Famá2. En ella sostenemos que «[…] el programa nacional ‘La Marcha Al Campo’ propone la utilización de tierras fiscales y de tierras fiscales con bosques nativos, actualmente en poder del Estado en diversos organismos y niveles y apunta al desarrollo de un sector complementario, formado por unidades asociativas de producción en la forma de cooperativas agropecuarias, bajo la forma jurídica de comodato a largo plazo consolidando así la propiedad fiscal. Aprovechando la larga tradición nacional de cooperativas y la necesidad de un desarrollo territorial y federal integral, La Marcha Al Campo apunta, precisamente, a revertir la migración rural-urbana y fomentar el arraigo del sector rural, contribuyendo a evitar el hacinamiento en los conurbanos y tendiendo a un desarrollo armónico mediante una estrategia tanto productiva como de movilización de fuerza de trabajo que puede, en un primer plazo de 48 meses, pasar a significar una nueva población rural, asentada en el territorio y organizada como un conjunto de productores, sin subsidios permanentes del Estado, con un libre desarrollo de sus actividades contribuyendo así a un federalismo más equilibrado, a una desconcentración de las grandes urbes, a la progresiva desaparición del hacinamiento y a la cobertura de una demanda creciente de alimentos de calidad y con denominación de origen en las provincias[…]». Aún contando con el apoyo concreto de una treintena de diputados nacionales y centenares de adherentes pertenecientes a organizaciones populares, sociales, sindicales, ambientalistas, gremiales del campo, religiosas, etc., la propuesta quedó a medio camino en la Cámara de Diputados, sufriendo el mismo destino de decenas de iniciativas que no lograron avanzar, uno de los rasgos más frustrantes del actual gobierno y que explican, también, la frustración de nuestro propio electorado peronista, que nos acompañó con esperanza en 2019.
No ha sido la única propuesta: hemos acercado programas integrales y de profundo cuño soberano para el sector energético (petróleo y gas) fundamentadas en los aportes e informes del Lic. Víctor Bravo3. También nos dispusimos a plantear ideas para la discusión, relacionadas con las problemáticas del sistema de salud, del modelo educativo y la necesidad de facilitar el acceso a las nuevas tecnologías, reformular la actual legislación vigente en el sector del software y los servicios informáticos, así como asegurar la formación profesional y laboral en las zonas más castigadas por la marginalidad y la pobreza. También redactamos y debatimos propuestas para reformular una Política de Estado de Defensa Nacional y hemos sido profundamente críticos con el tratamiento de la llamada «deuda externa» e impulsado numerosos debates en tal sentido, en especial la de una investigación y auditoría de los créditos ilegales que el país contrajo, especialmente aquellos firmados durante la dictadura militar. Contamos entre nuestros equipos a compañeros que han redactado programas concretos para la resolución de la falta de acceso a la vivienda a millones de compatriotas, así como hemos planteado -profundamente convencidos- que había condiciones para avanzar hacia un nuevo federalismo a partir de un nuevo rol del Estado en la planificación económica y social con plena participación y control de las organizaciones populares y de usuarios para garantizar los servicios esenciales que mejoren la calidad de vida de nuestro pueblo -agua potable, cloacas, energía eléctrica, conectividad, transportes de carga y pasajeros, seguridad social, seguridad laboral, entre otros-. Incluso en materia agropecuaria hemos acompañado medidas para contrarrestar el mal uso de agroquímicos y pensar en alternativas sustentables que además han demostrado ser más eficaces en la producción, amén de cuidar y proteger nuestro medio ambiente y recursos naturales.
En esta perspectiva -y como aporte al debate en el seno del peronismo- entendemos que, para la construcción de un consenso de futuros acuerdos políticos y programáticos, no debieran omitirse estos ocho puntos liminares que definan un plan de modernización estructural para la inauguración de un ciclo histórico de transformación sistémica, a saber:
1.- Geografía económica: Sector agropecuario y forestal como generador de mano de obra genuina a través de una redistribución ordenada y planificada de la población desocupada y subocupada rural y urbana en toda la extensión del territorio nacional susceptible de actividad antrópica (en este punto se encuadra nuestro Programa Nacional La Marcha Al Campo y su consiguiente proyecto de ley). Sector industrial para agregación de valor, expansión de fuerzas productivas de mercado interno y diversificación productiva para la consolidación de efectos locales intensos en términos de empleo y encadenamientos virtuosos hacia crecientes estadios de productividad agregada apuntalando una estructura desoligopolizada con salarios como factor dinamizador de la demanda interna.
2.- Acuerdo federal sobre manejo y utilización de recursos naturales. Reformulación del sector energético con preponderancia de una Agencia Estatal de Energía y participación del sector privado en la provisión de insumos y servicios, revirtiendo la tendencia inaugurada a partir de 1989/1990 hoy vigente.
3.- Intervención estatal en comercio exterior y restricciones selectivas a la cuenta capital regulando el flujo internacional de divisas. Muchos de los procesos de apertura de la cuenta de capital, lejos de dinamizar el crecimiento y promover el desarrollo, han sido sumamente disruptivos impactando negativamente sobre la estabilidad macroeconómica, culminando en crisis de deuda, hiperinflación y/o crisis bancaria, financiera y cambiaria como interrupción de una expansión económica, propiciando a su vez cierto “poder de veto” que de hecho ejercen los flujos internacionales sobre ciertas decisiones de política económica, no solo en materia de monetaria, cambiaria o fiscal, sino también en materia institucional, regulatoria, etc.
4.- Logística y transporte, asumiendo la necesidad de reformular la conveniencia del actual sistema de peajes, y la fijación de metas en la interconexión endógena del territorio nacional a través de la expansión de la red ferroviaria de pasajeros y transporte de cargas.
5.- Congreso pedagógico nacional para la reformulación de la totalidad del sistema educativo nacional.
6.- Sistema financiero asumiendo la necesidad de la derogación de la actual legislación vigente y la sanción de un nuevo cuerpo normativo adecuado a las necesidades de la expansión del crédito interno a través de la banca pública y nueva regulación de los encajes en la banca privada como mecanismo de fomento del ahorro y de la inversión pública y privada. Gestión de los flujos financieros no sólo de índole macroeconómica y reactiva a los vaivenes de choques exógenos y del ciclo financiero global, sino también que incluya, como estrategia de mediano plazo, una mayor coherencia con una estrategia de diversificación productiva, ensamblando a todo esto paulatinamente un nuevo marco normativo de progresividad fiscal.
7.- Creación en el ámbito del Estado Nacional de una Agencia Nacional para la Soberanía Tecnológica, con participación de provincias, municipios, universidades, organizaciones sindicales y del sector privado empresario, con el objeto de promover la diversificación productiva y el desarrollo e investigación para innovaciones y nuevas tecnologías acordes con la creación de mano de obra genuina y la consolidación de un entramado tecnológico que garantice la seguridad informática nacional.
8.- Reglamentación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional mediante la sanción de una ley que garantice con eficiencia y eficacia el deber de información, la participación de los trabajadores en la dirección y las ganancias de las empresas, con especial protagonismo de delegados y comisiones gremiales internas en las unidades empresarias. Reglamentación del artículo 42 de la Constitución Nacional mediante la sanción de una ley que garantice con eficiencia y eficacia la regulación y control de la distorsión de mercados y monopolios, garantizado un procedimiento expeditivo y eficaz para los casos de haberse dispuesto con autoridad de cosa juzgada un proceso de desinversión y simultánea inversión diversificada. Reglamentación del artículo 40 de la Constitución Nacional, entre otros nuevos mecanismos de deliberación y participación popular directa, de forma tal de dejar inaugurado nuevos mecanismos para la toma de decisiones en relevantes políticas de Estado.
Creemos que es una gran oportunidad para la apertura de los órganos internos del peronismo a su militancia, en especial a quienes estuvieron siempre en la calle, en los barrios,en los sindicatos y jamás traicionaron, incluso a pesar de disentir fuertemente con la dirigencia. Esa militancia esforzada, involucrada en las luchas sociales y sindicales, que apostó siempre por la enorme capacidad de aporte de los trabajadores para la transformación nacional, acompañando con esfuerzo y muchas veces sin ningún tipo de recursos más que la solidaridad popular, las desgracias de buena parte de nuestro pueblo que debe alimentarse en comedores y merenderos populares, merece tener su lugar y sus propuestas deben llegar a instancias de debate colectivo y en el seno de una militancia popular que atraviesa una etapa de desesperanza y resignación.
En lo coyuntural, y de la mano de las medidas estructurales que planteamos previamente, creemos que se deben tomar medidas de carácter urgente que complementen las medidas de fondo y de mediano y largo plazo que enunciamos. En nuestra opinión, nos gustaría abrir el debate en torno a dos medidas: (a) Una suma fija para todos los trabajadores en relación de dependencia, públicos y privados así como para quienes forman parte de cooperativas o perciben ayudas sociales; (b) Avanzar rápidamente -en acuerdo con otros actores que han demostrado su viabilidad y en conjunto con los sindicatos y la adaptación a sus respectivos convenios colectivos- en el debate hacia una jornada laboral de 6 horas o de reducción de jornada laboral (40 horas semanales, en un principio, para avanzar en las 35 o menos) que permita incorporar más compatriotas al trabajo registrado a la vez que se mejora la salud personal y colectiva, sin tener en cuenta los efectos beneficiosos que esta medida traería para el consumo y otros indicadores económicos.
En los tiempos complejos que ya estamos atravesando y que pueden agravarse aún más luego de las elecciones presidenciales de 2023 que indican crecimientos alarmantes de candidatos que sostienen la idea de un país para pocos, que proponen la abolición de derechos obtenidos con mucho esfuerzo, largamente defendidos por la clase trabajadora nacional, mientras plantean un modelo económico que profundizará la dependencia y nuestro triste rol de colonia sujeta a los vaivenes y mandatos imperiales, es imprescindible rediscutir unas Bases Programáticas Para una Nueva Argentina que contemplen no sólo los puntos mencionados, sino también trabajos de otros compañeros y compañeras vinculados con la defensa de la soberanía nacional en lo económico, en lo productivo y en lo territorial.
En épocas donde definitivamente no es una buena idea sostener un debate cerrado y carente de ideas osadas -necesarias para recomponer el vínculo con las mayorías populares- con candidaturas bendecidas a dedo, el peronismo debe retomar las banderas históricas de Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política, sumadas a la ineludible participación popular en la toma de decisiones.
Consecuentemente, el Movimiento Peronista Auténtico, con toda su militancia diseminada a lo largo y ancho del territorio nacional pone a disposición sus propuestas programáticas y toda su energía militante en la discusión de políticas serias que saquen a nuestro pueblo del drama de la pobreza y que recuperen el sentido de grandeza de nuestra Nación.
1. Ingeniero Agrónomo, docente y ex Ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Oscar Bidegain, con enorme experiencia docente y de asesoramiento no sólo en Argentina sino también en el resto de Latinoamérica.
2. Abogado laboralista, también militante popular y minucioso investigador de temas relacionados con la propuesta de marras.
3. Experto en Economía del Petróleo y Planificación Energética y asuntos vinculados a los hidrocarburos en particular, quien fue asesor del PNUD y CEPAL y coordinador del primer trabajo integral sobre Fuentes Nuevas y Renovables en América Latina.
