CAPÍTULO ATINENTE A LA DEFENSA NACIONAL DEL DOCUMENTO «BASES PARA LA FORMULACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO NACIONAL»

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 En primer término y sin pretensiones de agotar sino mas bien de disparar el debate profundo sobre una temática vital para el Estado y la Nación Argentina, nos permitimos plantear algunas “ideas fuerza” en la materia Defensa Nacional.

 Conviene reseñar aquí una aproximación al ¿para que? del desarrollo de una política integral de Defensa que asume solo como algunas de sus partes integrantes, el diseño de un instrumento militar.

 El diseño y la posesión de un instrumento militar que garantice la defensa de los intereses vitales de la Nación Argentina, sólo puede ser orientado y justificado en nuestra óptica, bajo hechos concretos que determinan en la práctica, que existe una apropiación indebida de una parte integrante del territorio nacional por una potencia extranjera sin perjuicio de la protección del resto del territorio continental como asimismo su incidencia en la proyección hacia el reclamado Sector Antártico Argentino.

 Una deuda que nuestra democracia ha mantenido inalterada desde su restablecimiento en 1983 es la definición auténtica del diseño de un instrumento militar para la Nación, todo ello realizando el esfuerzo patriótico de escindir debidamente la actuación de las FF.AA. como actor político durante el llamado “Proceso de Reorganización Nacional” y la “Guerra de las Malvinas” con la necesidad de contar para nuestro Estado – Nación de Fuerzas Armadas capaces de defender los intereses vitales de aquél, en consonancia con la actuación de todos los modernos Estados Nacionales, incluso, los regionales.

 Pero, ¿cuál puede ser la situación en virtud de la cual puede ser empleado el instrumento militar? Para dar respuesta a la misma es necesario establecer un marco situacional donde resulte probable el empleo del mismo. Como reseñábamos, las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) son conforme el ordenamiento político argentino, parte integrante de una provincia argentina por lo que la usurpación de parte del territorio de aquella por una potencia extranjera, constituye desde siempre, una probabilidad del empleo del instrumento militar que se confirmó en Malvinas en 1982.

 Entiéndase que no proponemos desde estas páginas la recuperación del territorio usurpado mediante la realización de una operación militar, su viabilidad hoy está lejos técnica y jurídicamente de hacerla posible, incluso a nivel constitucional. No obstante la presencia de una fuerza militar extranjera en el Atlántico Sur, muy cerca del continente para los medios militares modernos con los que cuentan los británicos,  supone un riesgo para la seguridad de toda América del Sur, y conspira, además,  contra nuestras pretensiones y  la de las Repúblicas de Chile y  Brasil sobre el territorio antártico, no en vano estos dos últimos estados apoyan el reclamo argentino sobre Malvinas.

 La probabilidad del empleo del instrumento militar siempre estará latente en el Atlántico Sur y no por una acción ofensiva argentina sino por la respuesta a las obstinadas agresiones británicas. Es importante destacar que la unilateral ampliación de la zona económica exclusiva decretada por el Reino Unido en torno a Malvinas, se superpone con gran parte de la de ejercicio pleno de soberanía de nuestro país, consecuentemente las probabilidades de fricciones en orden a la explotación de sus recursos naturales (petróleo y pesca) se mantienen inalterables. Pero claro, ello conlleva un presupuesto elemental: la voluntad de defenderse, sin ello cualquier prognosis que efectuemos resultará vacua y el ejercicio de la soberanía una mera declaración retórica.

 La defensa del aeroespacio, el territorio continental y su correspondiente plataforma submarina con sus vastísimas extensiones y sus incalculables recursos naturales de todo tipo (tierras, minerales, agua dulce, pesca, petróleo, hacienda etc.), asegurar la vida y la libertad de los habitantes de la Nación son y serán siempre la primera misión del instrumento militar de la Defensa.

 Sin embargo la última “Directiva de Política de Defensa Nacional” aprobada por Decreto P.E.N. 1714/09 no reconoce este escenario sino que sostiene una realidad muy distinta, textualmente afirma: “En otras regiones del planeta, en cambio, como es el caso del ámbito sudamericano más inmediato a la REPUBLICA ARGENTINA, la realidad en la materia se encuentra caracterizada por la escasa posibilidad de conflictos interestatales con derivaciones militares, el generalizado apoyo a las iniciativas de establecimiento de la región como una «zona de paz», el compromiso extendido a los esquemas de seguridad colectiva regional y mundial o el constatado incremento de medidas de confianza mutua y cooperación militar tanto bilaterales como multilaterales”.

 La República Argentina no cuenta con los medios aéreos, terrestres, de superficie y submarinos para defender y ejercer su soberanía en el territorio nacional y menos aún, proyectar el poder nacional donde sus intereses vitales se vean vulnerados.

 No compra, produce ni mantiene los elementos materiales vitales (armas y equipos) de la Defensa desde hace más de 30 años (Malvinas), verificando una acelerada desinversión.

 Hoy el estado material es el peor esperable: poco, viejo e inoperativo.

 Varios de los principales sistemas de armas con los que hoy cuenta la República fueron adquiridos (y en su caso fabricados localmente) por iniciativa de Juan Domingo Perón (Plan de Renovación Naval de 1974) con sus Destructores MEKO 360 H2, Corbetas MEKO 140 (Blohm & Voss, R.F.A.) estas últimas fabricadas localmente bajo licencia en Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE), firma de los acuerdos de diseño y fabricación del Tanque Argentino Mediano (TAM) con la República Federal de Alemania (Thyssen Henschel) (1974), firma de los acuerdos con la República Federal de Alemania (Dornier Gmbh) (1974) para la transferencia de tecnología y diseño del avión IA-63 “Pampa” a fabricarse en la Fábrica Militar de Aviones (FMA).

 Pero a pesar de que se ha reglamentado la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 (1988),  por medio del decreto N° 727/06 (2006), existen falencias tan serias como la inexistencia de una ley que normalice el procedimiento de interceptación y eventual derribo de aeronaves piloteadas o no piloteadas que violen el aeroespacio nacional.

En efecto, la Fuerza Aérea Argentina, reconocida hasta la Guerra de Malvinas como la mas profesional y potente de la región (cuya actuación en combate ha merecido los elogios incluso del adversario), no sólo carece de aviones interceptores modernos y un sistema de alerta aérea temprana que integren un sistema de defensa aeroespacial, sino que aún procurándolo, carece de los instrumentos legales para proceder a la interceptación y eventual destrucción de una amenaza aérea.

 Resulta sintomático que el Senador y uno de los principales ex funcionarios del gobierno nacional (Aníbal Fernández) se opusiera a la sanción de una norma similar a la del Brasil (que si tiene instrumento legal desde el año 2004) a fin de interceptar vuelos ilegales, la mayoría de ellos empleados en el contrabando de estupefacientes, y que la decisión política final adoptada haya consistido precisamente en la puesta en práctica de esa mirada.

 La cuestión material del Instrumento Militar de la Defensa Nacional

 La República Argentina es poseedora de una larga tradición en la elaboración de productos para la Defensa Nacional. La ley 12.709 de creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares (1941) reconoce e integra las antiguas fábricas y talleres militares de la Dirección de Fábricas del Ejército en una nueva empresa que con el tiempo y bajo los auspicios del Gral. Manuel Nicolás Savio, consiguió establecer a lo largo del país 14 fábricas e integrar su participación en cerca de 10 sociedades mas.

 Por medio de ella producía acero civil y de alta aleación para la fabricación de armas portátiles y pesadas, municiones de artillería y armas portátiles, piezas de artillería pesada y morteros, armas portátiles de infantería, cañones para tanques, chasis para tanques, lanzacohetes múltiples, equipos de comunicaciones y de visión nocturna, misiles antitanque, explosivos y espoletas entre otras tantas armas y equipos.

 Luego de Malvinas y particularmente después de los los 90’ sólo quedan 4 fábricas que  tienen una limitada capacidad de fabricación de algunas municiones de armas portátiles con componentes importados, recuperar municiones vencidas de artillería y morteros dado que se perdió la histórica capacidad de fabricarlas, algunos explosivos y no mucho mas, perdiéndose las capacidades esenciales de fabricación de armamento liviano (fusiles, ametralladoras, subametralladoras), piezas de artillería y morteros y sus municiones, munición para uso aéreo y antiaéreo, equipos de visión nocturna y de comunicaciones, misiles, espoletas etc.

 La Dirección General de Fabricaciones Militares fue pensada como una empresa en la cual pudiera sostenerse su funcionamiento, primariamente, con  la venta de productos civiles. Al vender en los 90’ las fábricas y las acciones de las que fabricaban elementos para la órbita civil, se puso en crisis terminal al sistema de producción bélico, coincidiendo, para mal, con una abrupta baja del presupuesto de defensa que se tradujo en nulas adquisiciones.

La fábrica TAMSE (Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado) fue liquidada y sus instalaciones convertidas en un centro de mantenimiento de blindados del Ejército, perdiendo así la capacidad de producir blindados que hoy el Ejército Argentino compra en China.

 La Fábrica Militar de Aviones hoy redenominada FADEA está ahora bajo control estatal, no obstante se encuentra virtualmente paralizada y sólo produce a cuentagotas unos pocos IA-63 Pampa cuyos componentes esenciales (aviónica o instrumental, motor, tren de aterrizaje , asientos eyectables y aluminio) son totalmente importados.

Astilleros Río Santiago no está en condiciones de encarar la construcción de unidades navales militares modernas como lo hacía en el pasado. Para eso se debería desarrollar o adquirir la tecnología necesaria a fin de encarar la construcción local de una nueva fuerza de superficie ya que los buques capitales de la Armada superan los 30 años de servicio.

 El proyecto de construcción de Patrulleras de Alta Mar (Proyecto Fassmer) por el cual se compró los planos de diseño, ya lleva 10 años y no se puso la quilla de ninguna, salpicado por un escándalo de corrupción.

Asimismo nuestro país perdió la capacidad de producción de submarinos, el astillero Ministro Manuel Domecq García (hoy Almirante Storni) sólo puede, con mucho esfuerzo, recuperar submarinos pero no fabricarlos. El ambicioso programa original de adquisición de 2 submarinos Thyssen TR-1700 (fabricados en Alemania y entregados) y la fabricación local de otros cuatro, fue interrumpido en los 90´ y nunca reemprendido.

 Asimismo la Armada ha perdido la capacidad de proyección del Poder Naval tanto en su faz aérea como anfibia al dar de baja sin reemplazo los Portaaviones ARA “25 de Mayo” y  BDT ARA “San Antonio” respectivamente. En igual sentido la Armada no tiene capacidad de efectuar operaciones contraminado ya que dio de baja, sin reemplazo, todos sus buques barreminas. En otras palabras, si por medios aéreos o submarinos se sembraran minas en la ría de Puerto Belgrano, la fuerza de superficie o submarina no podría salir de su apostadero sin ser destruida.

 Del mismo modo la Armada ha perdido su capacidad de defensa de área al transformar un Destructor misilístico antiaéreo en buque multipropósito (ARA HERCULES) del Tipo 42 británico y hundirse el ARA Santísima Trinidad (gemelo de éste) recientemente en su puerto.

 Presupuesto de Defensa en la Argentina:

 El gasto de Defensa de Argentina, que había bordeado 3% del Producto Interno Bruto en la época de la Guerra de las Malvinas, cayó gradualmente a 0,9% del PIB en 2010, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Los gastos en personal son superiores al 80% del total del presupuesto, cuyo remanente es el que se dedica a operatividad, mantenimiento y adquisiciones, en la práctica casi nada.

 Los países de la región:

 Brasil:

 El presupuesto de Defensa de Brasil en 2011 se elevó a los 30.500 millones de dólares (cifra que representa la mitad de todo lo invertido en defensa en  toda América del Sur, según el Stockholm International Peace Research Institute) y espera «incrementar el gasto en defensa del 1,5 al 2% para asimilar su presupuesto en este capítulo al del promedio de las otras potencias emergentes del grupo BRICS» según ha declarado Celso Amorim, Ministro de Defensa brasileño en una entrevista durante el Foro de Reuters sobre Inversión en América Latina. Brasil lanzó en 2008 una «estrategia nacional de defensa» y ese año Rousseff aprobó un plan de incentivos a la producción y compras nacionales.

 Brasil ha adquirido submarinos y helicópteros en Francia con el presupuesto de la transferencia de tecnología para su construcción local, relanzó  el proyecto de un submarino nuclear que quiere comenzar a construir en 2016 y tiene pendiente la compra de 36 cazas siendo el favorito el Rafale francés.

«Precisamos esa industria (la de defensa), porque es estratégica en nuestra soberanía: por el tamaño de nuestro territorio, por la extensión de nuestras fronteras y por haber sido agraciados con enormes riquezas», asegura Rousseff.

 Chile:

 El periodista Mauricio Weibel (Presidente de la Unión Sudamericana de Corresponsales de Prensa y corresponsal de Reporteros sin Fronteras en Chile), ha realizado un estudio sobre las recientes y proyectadas compras de armas de Chile. Submarinos, aviones, buques, helicópteros y municiones formarán parte del armamento que adquirirá el país por la suma de 11 mil millones de dólares. Chile destinará entre 7.000 y 11.000 millones de dólares a la compra de armamento hasta 2025. Las nuevas adquisiciones, que se suman a los 9.136 millones de dólares gastados entre 1990 y 2012. Las Fuerzas Armadas, que disponen de ahorros por unos 4.200 millones de dólares para futuras compras bélicas además del gasto corriente, desean fortalecer su movilidad y potencia antiaérea.

 Consecuentemente tanto Chile como Brasil, tradicionales integrantes del llamado ABC cuentan con instrumentos militares capaces de defender su soberanía y sus intereses nacionales, encarando constantes programas de adquisiciones y fabricación local en beneficio de la adquisición de tecnologías sofisticadas de doble uso,  en especial en el caso de Brasil.

 A modo de síntesis:

 La República Argentina debe contar con un instrumento militar que responda a los desafíos de su seguridad en el orden regional e internacional.

 Es el único país de la región con una disputa de soberanía con una potencia extracontinental, poseedora de armamento nuclear y con una base militar cercana al continente con la cual libró un conflicto armado reciente en términos históricos.

 Nuestro país ha resignado sus capacidades de ejercitar una defensa efectiva del territorio nacional continental y su aeroespacio y mantiene usurpado parte de su territorio insular.

 El instrumento militar de la República Argentina debe ser dimensionado a fin de tomar, por lo menos; como medida de su potencial, el de los países de la región como la República de Chile y la República Federativa del Brasil.

 En materia de producción para la defensa debe contar con un sistema industrial que asegure la provisión de los equipos militares capitales, hoy representados especialmente por la electrónica, la cohetería y los misiles. El desarrollo de capacidades autónomas debe ser el norte que guie todos los esfuerzos de la Nación.

 El mejor sistema de armas es el  que se puede desarrollar y producir en el país, sin restricción alguna en su empleo. Ningún país facilita a otro tecnología bélica sensitiva sin crear una dependencia estratégica inaceptable en términos de Defensa Nacional y por supuesto conociendo los códigos, frecuencias o debilidades del sistema que proporcionan, normalmente a precios extraordinariamente altos. Es que el costo de la dependencia es, con creces, superior al desarrollo nacional autónomo tanto en lo económico como, sustancialmente,  en el orden político.

 Las inversiones en materia de investigación y desarrollo en el área de Defensa tienen una multiplicidad de efectos en todo el sistema de investigación de ciencia y tecnología  de la Nación, normalmente generando conocimientos y capacidades transferibles al medio civil.

 No existe país avanzado sobre el planeta que no posea un instrumento de defensa capaz de protegerlo eficazmente, contando para ello con sistemas de armas capitales de fabricación propia, los que a su vez exportan a la periferia.

 Así como describimos una situación actual preocupante también existen esperanzas, especialmente las que derivan de las propias capacidades de investigación y desarrollo que aún tenemos. En efecto, Argentina cuenta con el único centro especializado de investigación y desarrollo de sistemas de defensa específico de la región: el actual CITIDEF (Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa) dependiente del Ministerio de Defensa con personal muy calificado, hoy prácticamente inactivo. Además poseemos otra empresa esencial para encarar desarrollos tecnológicos avanzados: INVAP (que incursiona con notable éxito en tecnología satelital, reactores nucleares y radares, entre otros).

 Un sistema universitario que todavía forma buenos ingenieros en sus variadas disciplinas, incluyendo la nuclear con el Instituto Balseiro. Argentina domina el ciclo completo del uranio, incluyendo el de su enriquecimiento.

 Asimismo poseemos bases industriales en materia aeronáutica y naval que correctamente reactivada, podría comenzar a satisfacer una necesaria demanda de medios esenciales. Por sólo citar un ejemplo en materia civil pero con obvias consecuencias para la Defensa, Argentina paga hoy al extranjero por fletes para mantener su comercio exterior, miles de millones de dólares y vendió la totalidad de su flota mercante nacional. Si se tomara la decisión estratégica de nacionalizar ese servicio, se debería reconstruir una flota mercante nacional para la que no alcanzarían todos los astilleros del país para fabricarla.

 Consecuentemente de lo hasta aquí expuesto, podemos discernir una necesidad impostergable de redefinir y actualizar el instrumento militar de la defensa, asimismo se deduce la íntima relación entre capacidad local de investigación, desarrollo y fabricación de sistemas de armas esenciales con el mantenimiento de un adecuado nivel de autonomía que posibilite el ejercicio soberano en la eventual utilización de esos medios.

 Estas bases tienen la mera intención de eso, el desarrollo de cada una de estas ideas escapa a su objeto liminar, no obstante creemos constituye un aporte a esta tal vital y olvidada política pública..

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