ALGUNOS ASPECTOS HISTÓRICOS DEL REPARTO DE LA TIERRA EN ARGENTINA. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVAS.

 

Don Tomás García Serrano, como homenaje a Don Esteban Piacenza, en los apuntes biográficos publicados en el año 1966 decía: “A los cultores del surco que aunaron y aunan esfuerzos para liberar la tierra del poder especulativo de la propiedad ultra rentística, y entregarla a la posesión del trabajo, productor de la riqueza que surge del surco, única capaz de solucionar el grave problema de orden económico social que padece y aflige a la Nación Argentina”.

Generalmente, se dice que uno de los protagonistas del drama rural gritó en ALCORTA (en 1912) por primera vez su rebeldía. Y no se considera que ese protagonista es la presencia en el tiempo, en distintos períodos de la historia, del Gran Protagonista: el productor explotado, el marginado, el proveedor de mano de obra inteligente y barata; el pequeño productor y el productor sin tierra. En síntesis, el Gran Protagonista, enfrentado a los dueños de la tierra.

Una historia capciosamente sistematizada, presentada en compartimentos estancos, retaceada, formando parte de la profusa bibliografía normalmente liberal, evidencia otros gestos de rebeldía que generalmente vieron a un mismo triunfador: los dueños de la tierra.

En el transcurso de la historia de las rebeldías se esclavizó al primer Gran Señor de estas tierras: al genéricamente denominado INDIO, utilizando para ello, como instrumento de lucha, a personas de las mismas etnias seducidas por promesas, o amedrantadas por la fuerza sofisticada, o confundidos por el “arte” de la representación. La esclavitud a que fue sometido el INDIO tuvo como producto final el exterminio del “indio rebelde” y la reducción de los sobrevivientes a la miseria; una de las tantas formas con objetivo de genocidio. Aparentemente, el crimen no dejó testigos capaces de reivindicar derechos.

También se esclavizó al segundo Señor de estas tierras: al GAUCHO, expulsándolo a las tolderías, eliminándolo por rebelde, reduciendo a la miseria a los que optaban por la “libertad condicionada”. Y se esclavizó al tercer Señor, principalmente localizado en las tierras pampeanas: al INMIGRANTE pobre y desprotegido. Pero por el contexto histórico en que se dio este proceso, sí quedaron testigos capaces de irrumpir en nuevas rebeldías, en nuevos GRITOS DE ALCORTA.

Todas las reivindicaciones que las rebeldías arrancaron a los dueños de la tierra, en el transcurso de cortos lapsos fueron revertidas por éstos. Así, una Ley de Tenencia de la Tierra, la de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, sancionada en el año 1947, dictada con el objetivo de poner un límite, aunque perfectible, a la doble explotación (social y económica) que tenía como víctima al productor “no propietario”, fue revertida en contra de éste.

Esta reversión fue posible tanto porque la implementación de la Ley estuvo a cargo de servidores de los dueños de la tierra y del poder formal, como por el dictado de leyes posteriores que normaron la expulsión legal de los arrendatarios y aparceros (Ley Raggio, “la ley de reforma agraria que la nación necesita”, al decir de su autor).

Otras leyes, las de colonización por ejemplo, privilegiaron el acceso a la tierra de los terratenientes y sus descendientes, o sea a los ausentistas inscriptos como empresarios agrarios; mientras que otras, las de contratos por una sola cosecha, por ejemplo, posibilitaron la explotación de los ex arrendatarios y ex aparceros por los dueños de la tierra, mediante el pago de bajos precios por los servicios de mecanización agrícola.

El Origen de los Dueños de la Tierra

Complementando lo expresado en el título anterior, es indudable que el origen de los grandes latifundios en el País tiene un común denominador: el despojo al Estado de las tierras públicas, a su vez tomadas por éste a sus auténticos propietarios: los ABORIGENES de estas tierras, genéricamente denominados Indios por los invasores.

La consolidación o legalización del gran despojo –podría sostenerse- se inició con la Ley del 18 de mayo de 1826 (Ley de Enfiteusis); no obstante la aparente intención perseguida con la sanción de la misma, explicitada en la acusación de Rivadavia acerca de “los grandes inconvenientes sociales de la propiedad privada del suelo”.

Mucho tiempo después, Nicolás Avellaneda, refiriéndose a aquella Ley de Rivadavia decía: “Todos se hacían en Buenos Aires estancieros y enfiteutas, y basta efectivamente arrojar la vista a los libros, que con aquella denominación guardan los archivos del Departamento Topográfico, para conocer que los hombres y los capitales se precipitaban por este camino (…) todo se reunía para estimular el espíritu de deslumbramiento que se convierte en la fiebre de especulación y de ganancias, tan general en los países nuevos (…) en esos días se habían solicitado y concedido en enfiteusis más de 200 leguas cuadradas” (o sea más de quinientas mil hectáreas).

A la caída de Rivadavia siguió la distorsión respecto a la instrumentación de la Ley sobre la propiedad de la tierra pública.

Hasta el año 1862, en la provincia de Buenos Aires se había donado y vendido a precios irrisorios alrededor de 9,2 millones de hectáreas y entre dicho año y 1882 tuvieron igual destino otras 12,5 millones de hectáreas (4), (12). [1]

Un estudioso de la obra de Rivadavia [2], decía: “Muchos de los grandes propietarios de esas tierras, bien lejos de haber concurrido a la obra Libertadora, le fueron hostiles, prestando su apoyo real o moral al sistema desvalorizador, y sin invertir en ellas de nuevo ni un solo peso ni el trabajo de un día, se encontraron en poco tiempo con una gran fortuna derivada del valor creciente de la tierra, con motivo de la llegada de las grandes corrientes inmigratorias”.

J.S. de Agüero, ministro de Rivadavia, decía con motivo de la discusión del proyecto de ley: “más vale conservarse la enfiteusis indefinidamente que vender la tierra, porque el precio se consume y la renta se conserva. Podría fijarse en la Ley que la enfiteusis fuese perpetua, porque la Nación debe conservar perpetuamente el dominio de las tierras”.

O sea que el espíritu de la Ley se basaba en “la entrega de tierra como instrumento de trabajo y en la sustitución del canon fijo por otro movible que, conservándole al capital y al trabajo lo que le correspondía, sólo absorbía la parte de la renta que nacía del trabajo y del progreso social”.

Pero lo sucedido en Buenos Aires se repitió impunemente sin solución de continuidad en el resto del territorio nacional: una vez sometida la población aborigen se traspasaban las tierras a la propiedad privada. Para legalizar el despojo de la tierra pública se sancionaron leyes “progresistas”, destacándose la Ley de Avellaneda (Nº817 de 1876), modificada posteriormente, para acentuar sus efectos, por la Ley Nº2.875 de 1891.

En 1886, con el triunfo de la fórmula presidencial Juárez Celman – Carlos Pellegrini, se inició uno de los grandes períodos de regalo de la tierra pública a los “inversores extranjeros” (a la par que ponía en las manos de éstos a todas las empresas estatales). La implementación de las leyes de reparto anteriores a este triunfo, casi habían agotado la existencia de tierras de fácil acceso. Por ello difundieron un plan de remate total fundado en: “la Patagonia es la gran reserva argentina. Hay que poblarla. Es mejor que estas tierras las explote el enérgico sajón y que no sigan bajo la incuria tehuelche”. Así, Juárez Celman – Carlos Pellegrini iniciaron la “argentinización“ de la Patagonia, pues la consideraban desargentinizada en manos de los TEHUELCHES, sus legítimos propietarios.

Con la Ley Avellaneda –quizás a pesar del pensamiento de su autor- y la posterior de Carlos Pellegrini (Nº1.891, “de liquidación”), destinadas a poblar los territorios nacionales con inmigrantes extranjeros (europeos), se continúo con el despilfarro de la tierra pública. Veamos algunos ejemplos ilustrativos:

Chaco

Entre 1876 y 1903 se fundaron dos colonias que incluyeron una superficie de 58 mil hectáreas. Para ello se transfirieron a manos privadas algo más de 2,5 millones de hectáreas a menos de 50 concesionarios, las que quedaron en propiedad de éstos sin cumplir con los objetivos de la concesión. O sea que el regalo de más de 2,5 millones de hectáreas sirvió tan sólo para radicar poco más de 500 colonos, que fueron dotados, en promedio, con 100 hectáreas cada uno, mientras daba lugar al enriquecimiento de menos de 50 latifundistas que pasaron a ser propietarios de valiosos bosques nativos.

Un comentarista italiano de la época decía que se les traía para dar valor a las tierras públicas, que se convirtieron en propiedad privada de los latifundistas, sacrificando una parte mínima de las adjudicaciones fiscales para radicar inmigrantes. Los terratenientes, instalados en el Congreso de la Nación, asfixiaron financieramente las posibilidades de poblamiento energentes de la Ley.

El primer gobernador civil del territorio decía en el año 1906: “Las extensiones enajenadas no se han subdividido para la venta, y la mayor parte de ellas se encuentran despobladas como el resto del desierto, sustraídas a la labor productiva, porque los propietarios se limitan a esperar que aumente la valorización de las tierras para especular con ellas”.

Las leyes de colonización posteriores, es decir la Nº4.167/1903 de “Arrendamiento y Venta de Tierras Fiscales”, sancionada durante la segunda presidencia de Roca, y la Nº5.559/1908 de “Fomento de los Territorios Nacionales”, sancionada bajo la presidencia de Figueroa Alcorta, disfrazaron el problema del despilfarro de la tierra pública imponiéndole una aparente barrera legal, aunque en sus efectos el acaparamiento de aquella fue menor que en el período anterior.

A título de simple ejemplo comparativo con el reparto de tierra, se puede señalar que en el año 1920, en el Chaco se cultivaron alrededor de 35 mil hectáreas, o sea un poco más del 1% de la tierra entregada con fines de colonización hasta el año 1903, con el agregado de que entre 1904 y 1920 el Estado colonizó alrededor de 2,3 millones de hectáreas “fundando” 22 colonias (hasta ese entonces se había entregado alrededor de 48% de la superficie de la actual Provincia).

Formosa

La incorporación económica del territorio de Formosa a la economía nacional se inició recién en la primera década del siglo XX, teniendo como actividad principal la depredación de los bosques de quebracho para satisfacer la demanda externa de tanino.

Formosa no interesaba para otra producción y ello le significó su postergación en los planes implícitos de la “generación del 80 (siglo XIX).

La existencia de bosques en el Este de la Provincia, de propiedad del Estado, atrajo a especuladores que tuvieron en cuenta la demanda externa ya mencionada.

Al igual que en el resto del País, extensas superficies de tierra pública pasaron al sector privado por la Ley Nº817 y su complementaria Nº2.875 ya mencionadas. Durante la vigencia de esta Ley sólo se fundó una colonia de 41.360 hectáreas en los alrededores de la ciudad de Formosa, pero se distribuyeron complementariamente  940.000 hectáreas entre 14 concesionarios. Además se distribuyeron otras 230.000 hectáreas entre 4 concesionarios y en concepto de premios y donaciones se repartieron unas 200.000 hectáreas más. O sea, en síntesis, el Estado se desprendió en el territorio de más de 1,37 millones de hectáreas (o sea alrededor de 20% de la superficie de la hoy Provincia) que pasaron a ser propiedad privada de unos 20 beneficiarios.

Estos 20 concesionarios, o fueron depredadores de la riqueza natural de Formosa, o simples especuladores que vendieron sus tierras a las compañías tanineras. Una de éstas acaparó alrededor de 240.000 hectáreas.

Recién bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen se posibilitó el poblamiento del territorio a través de campesinos medianos, pero tropezando con la restricción derivada del hecho de que las mejores tierras del territorio ya se encontraban concentradas en pocas manos. Esto limitó el número de asentamientos posibles. Se fundaron 3 colonias agrícolas sobre una superficie de 93.000 hectáreas.

Al tipo de poblamiento explicitado se imputa el hecho de que a la fecha sólo se encuentre bajo cultivo menos del 2,5% de la superficie total ocupada por explotaciones agropecuarias, habida cuenta que las mejores tierras, concentradas en pocas manos, realizan ganadería extensiva y extracción forestal depredadora.

Lo ocurrido en Buenos Aires, Chaco y Formosa se repitió en todo el territorio nacional, con violencia, para consolidar el derecho propietario transferido casi gratuitamente por el Estado, luego del genocidio contra sus legítimos poseedores: los Aborígenes.

En Río Negro la donación y venta de tierras a precios irrisorios, entre los años 1879 y 1882, alcanzó a unas 13 millones de hectáreas (o sea alrededor de 64% de la superficie de la actual Provincia).

En Misiones, a partir de 1881 se vendieron unas 2,1 millones (alrededor de 70,5% de la superficie de la actual Provincia) de hectáreas a 29 beneficiarios. Uno solo de ellos adquirió unas 610.000 hectáreas; dos compraron alrededor de 335.000 hectáreas, cada uno; otro, compró 190.000 hectáreas y uno adquirió 110.000 hectáreas. Además, los adquirentes eran propietarios de extensas superficies localizadas en otros puntos del País; todas ellas sometidas a la depredación y la especulación (ejemplos: Tornquist, Bemberg, Liebig´s, etc.).

En el remanente de tierras de Misiones se inició el proceso de “colonización” que llevó a la Provincia a su situación actual en cuanto productora agrícola. La “colonización privada” en la Provincia se inició especulando con el valor creciente de la tierra, derivado de la inversión del Estado en las colonias. La especulación hoy asume otras características. Algunos nombres de especuladores se agregaron o reemplazaron a los primeros, pero su acción y efectos son los mismos.

En Corrientes el reparto generoso de la tierra pública a especuladores, denominados estancieros por M.A.Cárcano, bajo el pretexto nunca cumplido de “proteger la inmigración y fomentar el arraigo de la gente de labor”, agotó la existencia de tierra pública antes de finalizar el siglo XIX. Se regalaron fracciones de 80.000 hectáreas a “empresas” presuntamente colonizadoras, cuyas acciones se evidencian en el hecho de que hacia 1885 la superficie total bajo cultivo abarcaba escasamente 45.000 hectáreas y se habían creado sólo 7 colonias particulares en 35.000 hectáreas y 7 colonias oficiales en 27.000 hectáreas.

A partir de 1885 y hasta 1916 se crearon otras 10 colonias oficiales en 26.000 hectáreas, mientras que los particulares se hicieron “estancieros”. Hasta 1930, como resultado de la colonización oficial y “privada”, se asentaron no más de 2.000 productores agropecuarios.

El proceso de concentración de la tierra en Corrientes se evidencia en el hecho de que, hacia el año 1977, alrededor de 1.000 propietarios disponían de casi 75% (o sea alrededor de 6,6 millones de hectáreas) de la superficie total de la provincia.

Entre Ríos, la provincia exhibida como ejemplo de la acción colonizadora bajo la inspiración de la generación del 80, evidencia la orientación política de ésta. Así, en el año 1988 menos de 2.455 propietarios disponían del 61,9% (o sea poco más de 3,83 millones de hectáreas) de la superficie total censada en la Provincia.

En Salta y Jujuy. Por si lo expresado no fuera suficientemente demostrativo de las causas que generaron la actual concentración de la tierra en el País, citaremos otro ejemplo extraído de un Proyecto de Ley de los Senadores Nacionales Ernesto F. Bavio, Alberto Durand y M.A. Tanco, discutido en sesión del 7/8/1947, mediante el cual propiciaban la expropiación de latifundios que, según los mencionados legisladores, frenaban el progreso en esas provincias.

En los fundamentos del proyecto expresaban: “Se trata del tan debatido tema de los grandes latifundios formados por la expoliación hecha a los auténticos aborígenes” … “despojo realizado con todo el conocimiento de la injusticia, además del derecho que asistía a sus verdaderos pobladores por la posesión de sus tierras desde tiempo inmemorial, la vigencia de la Ley de 1835 (de Jujuy), reconociendo su propiedad inalienable y que la prepotencia de gobernantes hizo de esta Ley letra muerta”. “Los gobiernos oligarcas que sucedieron al del año 1835, violando la Ley, han repartido esas tierras entre ciertos caudillos políticos, simulando subastas públicas o bien enajenándolas directamente”. “… el despojo se hizo mediante masacres y fusilamientos ordenados por el Gobierno (1874, en Quera) de los indígenas que querían defender sus derechos. “… a partir de esta fecha, la esclavitud se hizo más intensiva. Con el engrandecimiento de la industria azucarera, la situación empeoró, por cuanto los magnates del azúcar descubrieron que los nativos representaban la mano de obra más barata y segura para acumular grandes fortunas”.

Continuando con el Proyecto, proponían la expropiación de 670.000 hectáreas de propiedad “sui géneris” del Ingenio San Martín del Tabacal S.A. y Asociados, ubicadas en los departamentos de Orán, Santa Victoria, Iruya y Molinos, y de otras fracciones menores localizadas en otros departamentos de la provincia de Salta.

Además, el Proyecto incluía la expropiación de las tierras originariamente de las Comunidades Aborígenes de Jujuy, localizadas en los departamentos de Yavi, Santa Catalina, Rinconada, Cochinoca, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, distribuidas entre magnates del azúcar y sus socios gobernantes, que abarcaban más de 2 millones de hectáreas.

Región Patagonia:

Siguiendo con la historia del origen de los terratenientes argentinos, historia de genocidios, reducción a la esclavitud, despojo “legal” a los pacíficos y al Estado, etc., como común denominador en todo el territorio nacional, veamos sintéticamente lo sucedido en la Patagonia, donde el generoso reparto de la tierra se consolidó bajo el lema “para enriquecerse hay que despoblar”. Y se inició exterminando a los Onas en Tierra del Fuego y a los Tehuelches en Santa Cruz y resto del territorio.

Al llegar a este punto y antes de continuar, recordemos las expresiones de Juárez Celman en el año 1890:  “La Patagonia es la gran reserva argentina. ¡Hay que argentinizarla!.” “Pellegrini me acaba de escribir desde París que la venta de 24.000 leguas cuadradas (60 millones de hectáreas), sería instaurar una nueva Irlanda en la Argentina. Pero ¿no es mejor que a estas tierras las explote el enérgico sajón y no que sigan bajo la incuria Tehuelche?”. Por su propia inspiración y los no pocos consejos recibidos, Juárez Celman lanzó la “argentinización” de la Patagonia, a la que consideraba desargentinizada por los tehuelches.

Respecto al calificativo que hacía de los “sajones” (“enérgicos”), estos le dieron la razón. Las acciones de Mauricio Braun, llegado a Punta Arenas en el año 1874, le permitieron poseer 1,4 millones de hectáreas en el año 1920; José Menéndez, genocida del Pueblo Aborígen y donante de parte de su gran fortuna al Rey Alfonso XIII de España; José Nogueira y otros, contribuyeron a demostrar la “razón del gobernante”.

Pero sigamos con el resultado de la política de Juárez Celman. Por la concesión de tierras fiscales a Adolfo Grunbein, en el año 1893, se repartieron 2,5 millones de hectáreas que beneficiaron a 19 británicos, 9 alemanes, 4 franceses, 6 españoles, 1 norteamericano, 1 chileno y 1 uruguayo. ¡Hay que argentinizar la Patagonia!, decía un ilustrado miembro de la generación del 80.

De las leguas cuadradas que beneficiaron a Grunbein, 300 fueron pasadas al Banco de Amberes. Esto llevó a que el coronel Pedro Viñas Ibarra dijera: “Unos pocos estancieros eran dueños de la Patagonia, pagaban (¿?) con vales o en moneda chilena” (lástima que defendiera con fiereza los intereses de esos pocos estancieros “argentinizadores” de la Patagonia).

El resultado de este singular poblamiento de la Patagonia hizo que aún en 1988 alrededor de 757 EAPs concentraran alrededor de 17,5 millones de hectáreas, o sea casi 91% del total de la superficie censada en Santa Cruz, y que 261 de las 757 EAPs concentraran prácticamente el 47% de dicho total censado. Teniendo en cuenta el desaprovechamiento de recursos naturales en la Patagonia surge una ingenua pregunta: con la prácticamente extinción de los aborígenes … ¿se terminó la incuria en la Región?.

A modo de conclusión.

Este es el sustrato histórico, las causas internas materiales moldeadas por “urgencias” de causas externas, que subvirtieron las posibilidades de expansión de fuerzas productivas en una geografía económica dotada en exceso para proveer bienestar y prosperidad para la mayoría del pueblo argentino. Hoy, a nivel nacional, la desocupación, el hambre y el modelo agropecuario vigente forman parte de una misma moneda, siendo las dos primeras, en una porción significativa, efectos del tercero. Este hecho, que parecería ser muy evidente en el caso argentino, en la práctica es ignorado en los análisis realizados por la mayoría de los especialistas de moda.

Por lo explicitado resulta imprescindible realizar un debate que conduzca a la concreción de una propuesta que de respuestas necesarias para la superación de los problemas estructurales mencionados. Y el debate no puede soslayar el análisis profundo de las causas que, si bien fueron profundizadas con las decisiones de políticas implementadas en las últimas décadas, reconocen su origen en décadas más remotas, en las cuales “la frágil memoria” de los analistas políticos modernos pareciera negarse a penetrar, exceptuando algunos de ellos que no cuentan con difusión.

Mientras predominen los intereses de minoritarios sectores de una clase social que se supone dueña del País, es imposible pensar en la reversión de la actual tendencia hacia la pérdida de la significación mundial de la Nación, en tanto productora de alimentos y, lo que es más importante aún, no es posible pensar en la recuperación de la libertad para la toma de decisiones como Estado Soberano.Las políticas asumidas bajo el fundamento de “lo posible” disfrazan las pertenencias de sus diseñadores a los minoritarios sectores de la clase social que se supone dueña del Estado Argentino. Pertenencia que puede ser por derecho propio o por “adherencia”. Esto no desconoce que algunos diseñadores obran de buena fe o por ignorancia.

No sostenemos la necesidad de dividir los grandes predios para expandir los beneficios de la propiedad o del usufructo de los productos de la tierra a un mayor número de beneficiarios, por cuanto ello es POSIBLE de realizar a través de UNIDADES ASOCIATIVAS, comenzando por la afectación de las superficies de dominio fiscal de uso agropecuario, incluyendo la superficie con bosque nativo, a efectos de la movilización de fuerza de trabajo desocupada, subocupada o en riesgo de serlo, del medio rural y urbano para la creación de empleo genuino.

Es decir, no es posible pensar en soluciones que omitan la introducción de cambios estructurales que conduzcan a una equitativa distribución de la riqueza y posibiliten una racional manifestación de la potencialidad de trabajo y producción de la población. En consecuencia, las soluciones adecuadas implican asumir un camino propio para el desarrollo sustentable de la Nación, conjugando aspectos económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos, con objetivos claros, concretos y planificados.

Es cierto que en el escenario actual resulta difícil imaginar la implementación de la totalidad de los cambios necesarios. Pero también lo es el hecho de que ningún retoque superficial a la estructura socioeconómica actual podrá revertir el creciente aumento de la desocupación y sus negativas consecuencias sociales.

[1] En Jacinto Oddone: La Burguesía Terrateniente Argentina, contiene la lista de beneficiarios de una parte del reparto de la tierra pública.

[2] Andrés Lamas, marzo de 1882. Rivadavia y la Legislación de las Tierras Públicas.

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