APUNTES POLÍTICOS ACERCA DE LA INTERVENCIÓN ESTATAL EN MATERIA DE HIDROCARBUROS.

APUNTES POLÍTICOS ACERCA DE LA INTERVENCIÓN ESTATAL EN MATERIA DE HIDROCARBUROS.

Los orígenes.

Los registros dicen que todo empezó un 13 de diciembre de 1907 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, día en que el Estado Nacional descubre el primer yacimiento hidrocarburífero.
Lo cierto es que en el marco de una política de exploración mineralógica del subsuelo nacional ordenada por un decreto en 1904, en el marco de la confección del Mapa Geológico y Económico de la República, se trasladaron a Comodoro Rivadavia equipos de perforación, con sus equipos técnicos, los que luego de traspasar los 500 metros bajo tierra, se dispusieron a saturar la capacidad de perforación de los equipos hasta que ese día a los 540 metros se confirmara la existencia de combustible.

A pesar de las muchas trabas e intereses contrapuestos, entre 1907 y 1914, la producción doméstica de petróleo alcanzaba a más de 40 mil metros cúbicos, mientras que la importación ascendía de algo más de 195 mil metros cúbicos a más de 230 mil para el mismo período. Con respecto a las concesiones de tierras petrolíferas a inversores privados, en 1922 sumaban algo más de 640 mil hectáreas. Mientras tanto, la emergencia de una empresa petrolera estatal integrada se tornaba insoslayable. Así fue como la participación del Estado en materia de hidrocarburos se materializó en 1910 con la creación de la Dirección de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia (DEPCR) organismo que en 1922 fue reemplazado por la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (DGYPF). Enrique Mosconi fue el primer administrador de la entidad que se concibe como ente descentralizado autárquico, con la responsabilidad de participar en todas las actividades del negocio petrolero desde la exploración hasta el transporte y la comercialización de los derivados.

Las tendencias.

Para hacer efectivas estas responsabilidades YPF recibió del gobierno una cantidad de áreas con reservas y en algunos períodos también capitales. De este modo entre 1922 y 1935 YPF operó como competidora de otras empresas privadas que habían recibido concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos. Entre ellas se hallaban la empresa Shell, la Estándar Oil de New Jersey (en Argentina ESSO) y una empresa privada nacional ASTRA. Todas estas empresas se hallaban operando integradas verticalmente. En 1935 alrededor del 60 % de la producción de petróleo del país era de origen privado . En este trayecto, tanto la Nación como las Provincias dictaron sucesivos decretos de reservas de sus territorios, firmaron acuerdos con DGYPF, todos antecedentes inmediatos de la primera ley petrolera nacional sancionada en 1935 (ley 12161 de Petróleo e Hidrocarburos fluidos) que fuera incorporada al Código de Minería. Esta ley estableció un régimen ecléctico que permitía la concurrencia del Estado, a través de su empresa fiscal YPF, la participación privada mediante concesiones y la constitución de sociedades mixtas. En los hechos, como YPF estaba en plena exploración de zonas petrolíferas, sucesivos decretos presidenciales extenderían por 20 años la declaración de zona de reserva para YPF a casi todo el territorio nacional. Es decir, que la posibilidad de participación privada en esta actividad permitida por la ley 12.161, resultaba impracticable.

Historia ésta por cierto, abundante de sinuosos avatares, a punto tal que el Ingeniero Julio Canessa, quien estuvo a cargo de la dirección de la política nacional definida por el gobierno encabezado por Juan Domingo Perón a partir de 1946 de nacionalización de los yacimientos y monopolio estatal concentrado en YPF, cuya expresión máxima quedó grabada en el artículo 40 del texto de la Constitución Nacional de 1949 que impuso la “propiedad inalienable e imprescriptible de la Nación” de los yacimientos de petróleo, carbón, gas y demás fuentes naturales de energía, caracterizó en mayo de 1955 a la aprobación por parte del mismo Presidente Perón del primer contrato con una filial de la Standard Oil de California, que otorgaba derechos de exploración por 40 años en un área inicial de casi 50.000 kilómetros cuadrados en Santa Cruz como “uno de los más humillantes contratos que la historia del petróleo contemporáneo conoce” .

De este modo, el devenir fue evidenciando claramente las dos concepciones que pendularmente han sustentado las políticas petroleras en Argentina; una que tiende a acentuar el predominio de los intereses de las empresas privadas y, la otra, que trata de preservar los intereses de la comunidad y de la Nación, disputándose centralmente la apropiación del excedente de la renta de explotación de los mentados recursos naturales, el destino y la sustentabilidad de la misma.
En 1958, Arturo Frondizi asumía el gobierno gracias a los votos del electorado peronista, proscripto “técnicamente” por aquellos tiempos. Frondizi prometió aplicar en materia petrolera una política de monopolio estatal a través de YPF. Pero una vez en el poder, basándose en el Decreto 933/56 del gobierno de facto inmediato anterior –la autotitulada revolución libertadora- (el que autorizaba a concertar contratos de locación de obras y servicios en forma directa), y ante el creciente volumen de las importaciones, firmó una seria de contratos petroleros de perforación, exploración y explotación con varias compañías privadas.

A fines de 1958 el Congreso aprobó la nueva Ley de Hidrocarburos N° 14.773, modificando la ley N° 12.161, estableciendo el dominio nacional de estos combustibles, delegando la responsabilidad de las actividades petroleras y gasíferas en las dos empresas estatales, YPF y Gas del Estado. Esta ley prohibía expresamente el otorgamiento de concesiones a particulares.
“Pendularmente” por una parte se promulgaba una ley que asignaba un papel protagónico a las empresas estatales y por otro lado se firmaban contratos con empresas privadas, hasta 40 años de plazo, que actuaban por cuenta y para YPF.

Esta intrínseca contradicción, producto del equilibrio de fuerzas existente en los lugares de toma de decisiones de gobierno entre los partidarios de un sustancial incremento en la participación privada y los partidarios del predominio o monopolio de la empresa pública argentina petrolera, subsistirá en el país hasta fines de los años 80 y marcará toda la historia petrolera entre los años 1958 y 1989 .
Derrocado Frondizi por un golpe de Estado encabezado por el “partido militar”, el Presidente electo en los comicios del 7 de julio de 1963, Arturo Illia, sanciona el 15 de noviembre del mismo año los Decretos N° 744/63 y 745/63 que anulaban los contratos de “locación de obra” firmados por Frondizi con compañías privadas por «vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación». Como consecuencia de la anulación, producto de arreglos extrajudiciales, se revertían a YPF todas las áreas cedidas a los contratistas, previo pago de una importante indemnización.
Derrocado Illia; por la irrupción del movimiento cívico-militar de facto en junio de 1966 autotitulado “Revolución Argentina”, se promovió un inmediato arreglo de la situación con los ex contratistas, Pan American y Banca Loeb. Como resultado de la renegociación las mismas continuaron operando en condiciones similares a las previas a la anulación. En 1967 el gobierno de facto encabezado por el General Onganía gira el “péndulo” bruscamente hacia la posición propiciatoria de una activa y preponderante participación del sector privado en todos los eslabones de la cadena petrolera, imponiendo la norma de facto llamada Ley de Hidrocarburos N° 17.319, aún vigente y asumida como legítima por los sucesivos gobiernos electos por el mecanismo del sufragio universal.
En el período 1973-1976 cabe poner de relieve que respecto a Refinación y Comercialización de petróleo se aplicó, mediante el Decreto N° 672/74, la nacionalización de las bocas de expendio y las refinadoras privadas pasaron a operar para YPF. En consecuencia estos eslabones de la cadena petrolera se transferían totalmente al Estado.

El saqueo.

El gobierno de facto surgido del golpe de Estado oligárquico-militar de marzo de 1976 promovió el protagonismo de las empresas privadas, complementando los propósitos de la norma de facto N° 17.319 de 1967, en el sentido de acentuar la modalidades de vinculación de las empresas estatales con el sector privado para ejercer las actividades de exploración y explotación. El marco normativo de este nuevo ordenamiento quedó sintetizado en otra norma de facto, el llamado Decreto-Ley N° 21.778 de 1978, denominado “Contratos de riesgo”.

Cabe retener de este período un dato de no menor significancia cuando en los párrafos próximos detallemos el desguace al que fue sometido YPF a partir de 1989 en el altar del capital privado, hecho que implicó la definitiva abolición de la política “pendular” para inaugurar un nuevo paradigma de sometimiento pleno del interés público al interés privado. El dato es que a partir de 1981 y hasta 1986 se incrementaron sustancialmente los ingresos por regalías de las provincias petroleras con relación a los percibidos desde 1970. A partir de 1987 disminuyen los montos, ya que se vincula la cuantía de las regalías con la evolución del precio internacional y luego con los precios internos, implicando una pérdida de ingresos reales por parte de las provincias con yacimientos en sus territorios. Este escenario dio lugar a la iniciación de acciones judiciales por parte de las provincias –entre ellas Santa Cruz- contra el Estado Nacional, las que comenzaron a disiparse en 1989 a través de la sanción de la Ley N° 23.697 (Emergencia económica), la que estableció que las regalías tendrían que abonarse a las provincias, de acuerdo a una canasta de precios internacionales. Se había puesto en marcha el desguace.

El período 1983–1989 del gobierno encabezado por Raúl Alfonsín ilustró con elocuencia la ya deteriorada “pendularidad” de las políticas y sobre todo la elevada inestabilidad institucional en el pasado relativamente inmediato.

Carlos Saúl Menem asume el 9 de julio de 1989, cinco meses antes de la fecha prevista en el calendario institucional para la ceremonia del traspaso del mando presidencial, como consecuencia de la renuncia anticipada del Presidente Raúl Alfonsín. Información de público y notorio conocimiento y gestos explícitos indicaron que ello se debió a las gestiones de Domingo Felipe Cavallo –por aquellos días un insigne economista del PJ- en los EE.UU ante los llamados organismos de crédito internacional. Asistíamos así al surgimiento de una nueva metodología de “golpe de Estado” hasta esos momentos desconocida.

Variando 180 grados las posiciones sostenidas en contra de las políticas petroleras implementadas por el gobierno de Raul Alfonsín, una abrumadora mayoría de legisladores, gobernadores, intendentes e insignes dirigentes justicialistas (sin olvidar a la nunca bien ponderada “militancia” que se plegó como comparsa y polea de transmisión de estas decisiones de políticas de Estado) se encolumnaron sin fisuras en los lineamientos marcados por un documento interno de la Secretaría de Energía de julio de 1990 de la gestión ya conducida por el Presidente Menem, en el que se ponía énfasis en los aspectos privatistas de la llamada Ley de Hidrocarburos N° 17.319 del año 1967, promoviéndose asimismo un cambio de paradigma “copernicano” en cuanto a considerar anacrónica la concepción del valor estratégico de los hidrocarburos como más importante que su valor económico. Una apabullante retórica denostaba el diagnóstico del valor estratégico, caracterizándolo como una traba al “crecimiento”.

Básicamente el gobierno encabezado por el Presidente Menem – y por aquellos primeros años, también por el vicepresidente Eduardo Duhalde- y secundado por los gobernadores “petroleros” (entre ellos un ignoto gobernador patagónico de apellido difícil, un tal “Kirchner”, quien se constituyó como uno de los agentes vectores relevantes en esta etapa) en la materia tomó las siguientes decisiones:
a) Terminar con el Estado productor-empresario.
b) Generar las condiciones para impulsar una fuerte corriente inversora privada con un rol protagónico para movilizar los recursos hidrocarburíferos.
c) Incorporar al sector petrolero a un régimen de libertades plenas en el que el mercado reemplace al Estado como mecanismo de fijación de precios y asignación de recursos.
d) Promover una sustancial reforma estructural en las empresas del Estado que actuaban en el sector.
De este modo el aspecto fundamental de esta política consistió en garantizar en lo inmediato una fuerte transferencia de renta al sector privado, pero no ya como el típico movimiento “pendular” dentro del paradigma conservacionista, sino como su subversión por otro paradigma de neto corte privatista y extranjerizante.

Ello comenzó a instrumentarse a partir de la sanción de los Decretos N° 1055 del 10 de Octubre de 1989, N° 1212 del 8 de Noviembre de 1989 y el N° 1589 del 27 de Diciembre del mismo año. Durante 1990 y 1991 fueron complementados con una saga de Resoluciones y Decretos atinentes a los diversos eslabones de la cadena petrolera.

El 31 de diciembre de 1990 el Presidente Menem y sus Ministros sancionaban el Decreto N° 2778, a través del cual el Poder Ejecutivo Nacional transformó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado en YPF Sociedad Anónima.
Este decreto estimó el capital social de YPF en 1.170 millones de dólares, frente a los 20.000 millones estimados en su tasación.

El proceso de venta siguió con la sanción de ley 24.145 el 24 de septiembre de 1992, la que dispuso la transferencia del dominio público de los yacimientos del Estado Nacional a las Provincias en cuyo territorio se encuentren; la ratificación de la transformación societaria de YPF en sociedad anónima dispuesta en el mencionado Decreto N° 2778/90, disponiendo expresamente para que quede claro que ya no hay lugar para “péndulo” alguno que mientras la participación del Estado Nacional y de las Provincias en el capital social de YPF Sociedad Anónima sea mayoritaria, no le será aplicable a esta empresa legislación o normativa administrativa alguna, dictada o a dictarse, que reglamente la administración, gestión y control de las empresas en las que el Estado Nacional tenga participación.
Previo a ello es menester poner de manifiesto que el 21 de agosto de 1991, el por entonces gobernador de Santa Cruz Néstor Carlos Kirchner asumía la presidencia de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), que agrupaba a Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Cruz.

Allí comenzó a sellarse el acuerdo que constituyera el engranaje principal del desguace de un patrimonio acumulado por varias generaciones de argentinos: la Nación debía pagar (acuerdos extrajudiciales mediante) sumas multimillonarias que las provincias de la OFEPHI reclamaban por regalías supuestamente «mal liquidadas».

El 30 de agosto de 1991, Menem, junto con sus ministros Domingo Cavallo y José Luís Manzano, había suscrito una curiosa «conciliación» con Néstor Kirchner. Dicho acuerdo dispuso que la Nación «reconocía» una deuda de 480 millones de dólares con la provincia de Santa Cruz. Pero el «reconocimiento» quedaba sujeto a la sanción de la ley N° 24.145 de privatización de YPF ya reseñada.
Si no se aprobaba esa ley, el reconocimiento -decía con todas las letras una cláusula del acuerdo- «quedará sin valor y efecto alguno, y no podrá ser invocado como antecedente de ninguna especie».
La rapiña.

El martes 22 de septiembre de 1992, los gobernadores de la OFEPHI se reunieron con el Ministro del Interior Julio César Manzano, y resolvieron montar un lobby. Acto seguido, Kirchner (abocado de lleno a una “eficaz” gestión en su Provincia, y no tan preocupado por el juzgamiento de los genocidas recientemente indultados) ofreció una conferencia de prensa en la misma Casa Rosada. Desde allí pidió apoyo para la privatización de YPF e instó a que los disidentes, al menos, dieran quórum.
Al día siguiente, entre los titulares de la prensa gráfica con foto de Néstor Kirchner, la noticia: «Provincias petroleras hacen lobby por la aprobación». La tarea fue efectiva.
Esa noche, Diputados aprobó el proyecto de ley. Oscar Parrilli, actual Secretario General de la Presidencia de la Nación en funciones desde 2003 (entonces diputado nacional por Neuquén) fue el miembro informante.

Durante el debate, sostuvo: «No pedimos perdón por lo que estamos haciendo (…) Esta ley servirá para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo explícito a nuestro compañero Presidente [Menem]».
Un año después, en un libro titulado Cuatro años en el Congreso de la Nación, 1989-1993, Parrilli se jactó de haber impulsado la privatización: «Hoy YPF es la gran empresa petrolera privada nacional, que domina más de la mitad del mercado de los combustibles». Hasta estos días conserva ese mismo talante soberbio y embrutecido.

Dos meses después de sancionada la ley, Cavallo, Manzano, Kirchner y De Vido firmaron el «acta acuerdo» por la cual se fijó la suma que correspondía a Santa Cruz en 654 millones de dólares.
Al día de hoy todavía se desconoce el destino de esos fondos…

Lo cierto y concreto es que en 1993 las acciones de YPF S.A., estaban en manos de un grupo heterogéneo de accionistas: un 20% en manos del Estado Nacional, un 11% en manos de los Estados Provinciales productores de hidrocarburos, un 10% destinado al nunca ejecutado Programa de Propiedad Participada de las acciones clase “C” (desparramado en miles de juicios en la justicia nacional del trabajo) y el 59% restante en manos de inversores privados. Al mismo tiempo que el manejo de la empresa estaba en manos privadas, el Estado Nacional además de participación en el directorio, conservaba la Acción de Oro para las decisiones más importante de la compañía, aunque ya extraviado de todo destino nacional.

La empresa pública de hidrocarburos forjada “pendularmente” por varias generaciones de argentinos a través de 80 años comenzaba a dejar de existir a través del alumbramiento de otro sujeto empresario. El “péndulo” siguió de largo su marcha, comenzando a dar vueltas en sólo un sentido de sus extremos.
A partir de 1993 YPF S.A comienza un proceso de crecimiento y capitalización “hacia afuera”, con operaciones y activos en EE.UU, Indonesia, Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. En el año 1998 YPF S.A., comenzó asociada con actores del mercado global a desarrollar activos de petróleo y gas en Rusia. Además de los países antes mencionados, para el año 1999 YPF a través de sus empresas vinculadas tenía operaciones en Guyana, Malasia, Colombia, Perú y en el Golfo de México (USA).

En síntesis, para fines de 1998 YPF poseía alrededor de 1.800 empleados afuera de Argentina. YPF se posicionaba entre los principales países productores de petróleo en Latinoamérica y apuntando su crecimiento a escala global. YPF tenía presencia en 12 países, en tres continentes. Esta expansión se había dado sólo en poco más de 4 años y a pesar que los precios de petróleo en ese momento se encontraban por debajo de los 20 dólares por barril.

En el marco de todo este proceso, hasta 1995 YPF S.A se encontraba blindada frente a un intento de toma de control por parte de otra petrolera. Como se dijo el Estado nacional tenía el 20% de las acciones (cuya venta estaba prohibida por ley) y derecho a veto sobre un cambio de control. El estatuto de la empresa establecía que cualquier accionista que quisiera controlar más del 14,99% de las acciones debía realizar una oferta pública de adquisición por toda la empresa, a pagarse en efectivo y al precio más alto resultante de una serie de cálculos alternativos definidos en la propia norma.

Implosión del “péndulo” mediante, el sentido unidireccional de las políticas de Estado implementadas en la materia derivó en la ley 24.474 sancionada el 22 de marzo de 1995, que redujo a una sola acción el mínimo de participación accionaria del Estado Nacional en la empresa, reafirmando al mismo tiempo el articulado “…Aceptar que YPF Sociedad Anónima, a través de la cotización de sus acciones en Bolsas de Comercio o Mercados de Valores, sufriera una situación de copamiento accionario consentido u hostil que represente la posesión del cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social de YPF Sociedad Anónima…” De este modo, el originario blindaje de YPF S.A fue borrado de un plumazo.

En 1981 se constituyó en España el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), cuyo objeto era centralizar la gestión de la actividad pública en materia de hidrocarburos. Posteriormente, en 1987, y en el marco del ingreso del país a la Comunidad Económica Europea se creó la empresa Repsol. Desde 1988 se inició un progresivo proceso de liberalización de la producción hidrocarburífera en España, proceso que se extendió hasta 1998 con la promulgación de la Ley N° 34/1998 de Hidrocarburos. En este período se desregularon las actividades de refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de productos petrolíferos. En 1996, Repsol compró Astra Compañía Argentina de Petróleo, proceso que concluyó en 1997.

El 17 de abril de 1998, se instruye de oficio en la Subsecretaría de Bancos y Seguros del Ministerio de Economía el expediente para la venta de las acciones de YPF S.A. El 21 de julio de 1998, Repsol ofreció 38 dólares por acción, siempre y cuando la venta se realizara en bloque y Repsol pudiera hacerse con el control de la compañía. Por esos días trascendió que Repsol había contratado como su asesor letrado a Roberto Dromi, ex Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación durante la gestión del Presidente Menem.

El 22 de octubre de 1998 el Presidente Menem anunciaba ante su Gabinete en la Casa Rosada: “El rey Juan Carlos me llama cada dos por tres por este tema”, según la crónica periodística publicada al día siguiente.
El 16 de noviembre del mismo año, Economía comunicó a la dirección de la empresa que el Gabinete nacional había resuelto vender las acciones de YPF S.A en bloque. El procedimiento elegido fue singular: primero se vendía el 14,99 %; luego el Estado acordaba apoyar una moción del comprador para flexibilizar el estatuto de YPF, a fin de permitir la compra con acciones, y también comprometía su autorización para una eventual toma de control. El Estado ya no sólo vendía las acciones de YPF, sino también su voto como titular de la acción de oro, a favor del cambio de control.

En definitiva; en abril de 1999 Repsol adquirió el 97,81% de la “argentina” YPF S.A. La compra de YPFS.A., convirtió a Repsol en una empresa multinacional y condujo al cambio de la denominación social por la de Repsol YPF S.A. El 30 de abril de 1999, Repsol anunció la oferta pública de adquisición por el total de acciones de YPF a un precio unitario de 44,78 dólares por acción, de acuerdo con lo exigido en el estatuto de la empresa. Prácticamente todos los accionistas de YPF locales e internacionales, incluidos el Estado nacional con el 5% remanente, y la provincia de Santa Cruz (como siempre Néstor Kirchner reforzando a la vanguardia), aceptaron la oferta y vendieron sus acciones. A un costo de 15.000 millones de dólares, la operación había sido completada.

A 92 años de su creación, YPF había caído bajo el control una petrolera internacional, y las oficinas de las posiciones gerenciales más importantes fueron poblándose de directivos españoles.
De aquí en más Repsol YPF S.A, fue un competidor global, tomando como paradigma a las empresas multinacionales a las que consideraba como símbolo de competitividad en el sector petrolero. El destino nacional, las necesidades, urgencias y deseos de nuestra comunidad quedaron relegados a un rol subsidiario. En esta línea, no sólo adoptó una estrategia de diversificación, sino que modificó su estructura organizativa emulando a las empresas multinacionales y buscó expandirse geográficamente. Si bien Repsol ya había realizado inversiones moderadas fuera de España, la compra de YPF S.A. representó el primer paso para su expansión en Latinoamérica y en el mundo.

Al comienzo de la post-convertibilidad, fines de 2001 y principios de 2002, la sociedad argentina y su sistema político se exponían en “carne viva”. Pasquini Durán, en su nota “Ensueños” en Página/12, del 9 de marzo de 2002 esbozaba una pincelada: «Cómo será el formidable poder de la economía transnacionalizada que sus lobbistas no son expertos en la materia sino políticos elegidos en las urnas. Esta semana, tres gobernadores, Romero, Sobisch y kirchner (Salta, Neuquén y Santa Cruz) llegaron a la Rosada y al Congreso para defender los intereses de las petroleras exportadoras, oponiéndose a la aplicación de la retención del 20 por ciento dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional.»

Los lúmpenes.

Una rara metamorfosis en la relación entre lo público y lo privado acontecía.
La voracidad privatista en desmedro de los recursos y riquezas comunitarias fue arrolladora, lindante con la demencia. En octubre de 2006 a instancias de un proyecto enviado por el Presidente Kirchner, es sancionada la ley 26154. La iniciativa amplió las zonas de exploración y explotación petrolera, estableciendo quince años de incentivos para las empresas que presentaren nuevos proyectos que iban desde beneficios para la compra de bienes de capital hasta desgravaciones tributarias.

Contemplaba la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las inversiones de bienes de capital que realicen las empresas petroleras y habilitaba a que los gastos realizados en la etapa de exploración y explotación se amorticen en tres cuotas iguales. Se habilita además a los titulares de los permisos de las concesiones a no abonar el impuesto a la ganancia mínima presunta y a eximir del pago del derecho de importación.

Mientras tanto el Estado Nacional dejaba de percibir para sus arcas más de 17000 millones de dólares anuales de renta petrolera entre 1999 y 2004, constituyéndose en el país de la región –y quizá del planeta- que menos beneficios obtuvo de las ganancias generadas por este vital recurso.
El cenit de la “tupacamarización” de patrimonio público hidrocarburífero, a instancias de una iniciativa del Presidente Kirchner fue decretado el 6 de diciembre de 2006 a través de la sanción de la ley 26197, estableciendo en su artículo 2° que las provincias asumirán en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimiento de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios y en el lecho y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas, quedando transferidos de pleno derecho todos los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos.
Mientras tanto Repsol obtenía un beneficio de 2651 millones de euros durante los nueve primeros meses del año 2006, lo que suponía un incremento del 3,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El resultado de las operaciones se incrementó un 5,5%, hasta 5.066 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación se situó en 7.135 millones de euros, un 7% más sobre el mismo periodo de 2005.

El español Antonio Brufau, presiente de Repsol YPF S.A., sostenía públicamente en simultáneo que la petrolera seguiría invirtiendo en la Argentina, a pesar de la reorientación de sus inversiones fuertes fuera de la región, como la compra de reservas de petróleo y gas en Estados Unidos y en exploraciones en el norte de Africa. Desorbitado afirmaba: “Repsol-YPF, como empresa argentina, invertirá pase lo que pase…No nos consideramos una empresa extranjera”.
Luego de haber llegado al autoabastecimiento en 1988 y de sumarse al grupo de países exportadores en 1992, Argentina se encaminaba a ser un importador neto de petróleo y derivados y hacia la pérdida del autoabastecimiento. Todos lo sabían. Era una realidad demoledora, sin embargo…
La “argentinización”.

Mientras un marketing electoral apabullante pregonaba “Cristina, Cobos y vos”, se pergeñaba en el plano de los hechos y a la vista de todos una insólita operación: la transferencia onerosa de parte del paquete accionario de Repsol YPF S.A., al grupo “Petersen” del empresario Enrique Esquenazi con negocios concentrados en finanzas, bancos y construcción, de estrechísimos vínculos con el Presidente Kirchner. De este modo, el 21 de diciembre de 2007 suscribían un memorándum de entendimiento Antonio Brufau y Enrique Esquenazi acordando la venta el 14,9 % de las acciones de Repsol YPF S.A., por 2235 millones de dólares, con una opción de compra por otro 10,01 %, lo que permitía a la empresa “argentina” incrementar su participación hasta un 25 %.

Para concretar la compra, el Grupo Petersen se financió con el aporte de entidades financieras como Crédit Suisse, BNP Paribas, Goldman Sachs y Banco Itaú, pero en el memorándum de entendimiento firmado se destacó además que la propia Repsol financiará hasta 1050 millones de dólares mediante el otorgamiento de un crédito que complementará el aporte bancario. La operación implicó, por lo tanto, la particularidad de que el vendedor otorgó al comprador un préstamo equivalente al 47 por ciento de los recursos necesarios para adquirir el 14,9 por ciento de la firma.

Acorde a la información de público acceso del Registro Mercantil de Madrid, Petersen Energía SA (PESA), a la postre la empresa contratante representada por Esquenazi, es una sociedad cuya actividad es “la inversión, gestión y administración de valores, títulos y acciones que cotizan en bolsa”, para lo que disponía al momento de la operación de un frugal capital de 60.000 euros. Obviamente se trataba de una sociedad meramente instrumental. Saque el lector sus propias conclusiones.

El dato relevante de la letra chica fue que el Grupo Eskenazi no desembolsó en efectivo ni un solo dólar. Repsol vendió a PESA 58.603.606 acciones de la clase D de YPF por un importe de 2.235 millones de dólares (es decir a un precio de 38,137 dólares por acción) y el pago de 1.018.850.000 dólares se efectuó mediante la transferencia a Repsol del importe del crédito concedido por un consorcio de bancos internacionales integrado por Crédit Suisse (601 millones de dólares), Goldman Sachs (100 millones) BNP Paribas (175 millones) y Banco Itaú Europa (150 millones).

Luego, otros 1.015 millones de dólares fueron financiados por la propia petrolera española, a través de un crédito del vendedor y los 201 millones de dólares que restan hasta completar el precio de compra se efectivizan a través de la cesión del derecho al cobro de dividendos.
En concreto se trató de una operación de transferencia del 25 % de las acciones de la sociedad argentina YPF S.A controlada por la española Repsol-YPF S.A., a un grupo empresario que sin disimulos ostentaba un abierto apadrinamiento de Néstor Kirchner. De este modo la probabilidad de deducir la existencia de acuerdos ocultos y/o titularidades accionarias distintas a las declaradas que no fueron reveladas, quedó como la única conclusión posible.

Este esquema de “negocios” repercutió en lo inmediato en una baja en la producción anual de petróleo y gas, una disminución en la refinación y una merma de las reservas de la compañía, situación que acentuó los bajos rendimientos desde que Repsol llegó a YPF. Entre diciembre de 2007 y el mismo mes de 2010, la baja en las reservas de crudo fueron de 15 %, y en el caso del gas superó el 32 %. En este período, marcado por el primer año de la gestión Eskenazi, YPF distribuyó dividendos por 9287 millones de pesos (2689 millones de dólares). La suma incluía, además de la distribución del 90 por ciento de las utilidades, un pago extraordinario de 850 millones de dólares, comprometido en los balances de ese año y el siguiente. La utilidad neta durante 2009 fue de 3486 millones de pesos. Ese año se distribuyeron 4897 millones de pesos en concepto de dividendos. ¿Qué ocurrió con la producción? En crudo, disminuyó de 313.000 barriles diarios a 302 mil y en gas, la disminución fue de 1658 millones de pies cúbicos a 1460 millones. En 2010, YPF tuvo una utilidad neta de 5790 millones de pesos, es decir un incremento de 56 por ciento. La distribución de dividendos fue de 4444 millones de pesos.

Lo cierto y concreto fue que un fantasmal capital accionario propiciado por la máxima autoridad del Estado argentino encarnada en Néstor Carlos Kirchner se constituyó en el ariete central de un verdadero vaciamiento del capital de YPF S.A., con la anuencia de Repsol-YPF S.A., la que expandía sus inversiones allende las fronteras nacionales.

Lo mío es mío y lo tuyo es mío.

Cuando todos los análisis de todas las miradas coincidían en advertir la barranca abajo del complejo energético nacional con epicentro en el sector hidrocarburífero, en 2008, 2009 y 2010, la distribución de dividendos estuvo por encima del máximo permitido por la Ley de Sociedades Comerciales. Parte de los dividendos fueron pagados mediante ganancias, y parte con el capital de la compañía, lo que constituyó fraude en la administración de la empresa, los pagos realizados en exceso por sobre las ganancias, es decir sobre el tope legal, ascendieron a 7 mil millones de pesos.
Desde el punto de vista del comportamiento en el periodo 2003 – 2011 las ventas de YPF S.A., alcanzaron a los 82000 millones de dólares corrientes, mientras que entre los años 1997 y 2010 sus utilidades netas llegaron a los 16600 millones de dólares corrientes y la distribución de dividendos a los 14200. Es decir habría distribuido como dividendos casi 85% de las utilidades, cuando lo usual en las grandes empresas petroleras internacionales es cercano al 30%.
La Argentina volvió a ser durante 2010 importadora neta de hidrocarburos, después de dos décadas de autoabastecimiento.

El saqueo continúa.

Ante el inexorable estrangulamiento deficitario del sector, con repercusiones devastadoras en las finanzas públicas, y con un horizonte de precipicio de consecuencias impredecibles, en los primeros días de mayo de 2012 queda sancionada y promulgada a instancias de un proyecto impulsado por el gobierno nacional conducido por la Presidente Fernandez la ley N° 26741, la que dispuso en su artículo 1°: “Declárase de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”.

Asimismo y de acuerdo al Título III, Capítulo I de la mencionada ley, YPF S.A quedó conformada con un 26,03% de sus acciones en manos del Estado Nacional; 25,46% en poder de grupo Petersen (familia Eskenazi) y el 24,99% para las provincias petroleras. El 15,35% quedó para las acciones que cotizan en bolsa. Repsol retuvo apenas el 7,23%. Sin embargo, a los pocos días, durante el mes de junio, esta configuración accionaria se vio modificada por la adquisición por parte del empresario mexicano Carlos Slim del 8,4 % del total de las acciones, desplazando de tal forma en dicho porcentaje a la familia Eskenazi (Grupo Petersen).

El 17 de abril de 2012, el actual Ministro de Economía Axel Kicillof animó la presentación en el Senado del proyecto para “nacionalizar” YPF, con un discurso de más de dos horas y ataques a Repsol. Lo hizo con severas acusaciones a Antonio Brufau, el jefe de Repsol quien rechazara las acusaciones por falta de inversión y exigió una indemnización de 10 mil millones de dólares.
Concurrió al plenario de comisiones junto al ministro de Planificación, Julio De Vido, y los secretarios de Energía, Daniel Cameron, y de Obras Públicas, José López. Habló entre las 12.30 y las 14.50 y, junto a los funcionarios, respondieron preguntas hasta las 19 horas.

De Vido, al ser interpelado por su participación junto a la decisión de Néstor Kirchner de contribuir a la privatización de YPF Sociedad del Estado, confirmaba la tesis de “la banalidad del mal”, excusándose: “La verdad es que la provincias apoyaron porque era la forma de cobrar deudas de regalías originadas por Alfonsín y Terragno”.

El 25 de noviembre de 2013 el ministro de Industria, Energía y Turismo español, José Manuel Soria; el presidente de la Caixabank, Isidro Fainé, el director general de Pemex Emilio Lozoya Austiny, un equipo de directivos de Repsol se reunieron con Kicillof y el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación Zannini en Buenos Aires. También estuvieron presentes en el encuentro, el presidente de YPF Miguel Galuccio, el director general de negocios de Repsol Nemesio Fernández Cuesta, y el Embajador argentino en España, Carlos Bettini.

Según informaron desde el Palacio de Hacienda en un comunicado, tal principio de acuerdo implicará fijar el monto de la compensación y su pago con activos líquidos y que ambas partes desistirán de las acciones legales en curso. En todo caso, el desistimiento será sólo por parte de Repsol, ya que el Estado argentino por lo que hasta ahora se conoce no ha puesto en marcha ninguna acción legal.
Las partes concurrentes coincidieron en que «el presente principio de acuerdo contribuye a normalizar y fortalecer los históricos vínculos entre los tres países y sus empresas».

El Consejo de Administración de Repsol el 27 de noviembre subsiguiente en su reunión del Consejo de Administración, resolvió respecto a lo relevante: 1.- Valorar positivamente el principio de acuerdo anunciado por el gobierno argentino acerca de la compensación por expropiación. 2.- Iniciar en breve plazo conversaciones entre sus equipos y los del gobierno argentino, a fin de buscar una solución justa, eficaz y pronta a la controversia.

La música ya estaba en el aire, faltaba la letra.

La madrugada del 25 de abril de 2014 la Cámara de Diputados convierte en ley el acuerdo entre el PEN y Repsol por la expropiación en la suma de 5000 millones de dólares en títulos públicos. La media sanción ya había sido otorgada por el Senado el 27 de marzo pasado. El «convenio de solución amigable y advenimiento de expropiación» contempla la entrega de cuatro tipos de bonos, con rentabilidad en dólares que va de 7 a 8,75 % y que el Estado empezará a pagar el año próximo, al filo del recambio de gobierno, y saldará del todo dentro de 20 años. La emisión más importante será de un bono nuevo (Bonar 2024) por 3250 millones de dólares, a 10 años, con una tasa de 8,75 %. A eso se sumarán 500 millones de dólares en Bonar X (vence en 2017, con una tasa de 7 %) y 1250 millones de dólares en Discount 33 (20 años; a 8,26 %).

A las 72 horas (el 28 de abril), el gobierno promulgó la ley 26.932 a través del decreto 600/2014, que lleva la firma de la Presidente Cristina Fernández, el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich y el ministro de Economía, Axel Kicillof, autorizando la emisión de 5000 millones de dólares de deuda para sufragar el costo indemnizatorio de la expropiación.

La historia continúa…