Salta: El hambre es imperdonable

Lamentablemente desde la llegada de la conquista a tierras americanas, el factor “discriminación” en el sentido más nefasto de su significación, fue el factor determinante de la metodología de exterminio que hasta nuestros días se aplica. La discriminación al indígena nació como una justificación histórica del genocidio de la conquista, pero subsiste como necesidad de legitimar la explotación económica que actualmente ejercen los sectores dominantes de las sociedades nacionales, sobre los pueblos originarios. La discriminación tiene un alto contenido social en cuanto a la forma de relaciones entre las distintas personas, que se exterioriza en diversos prejuicios o estereotipos culturales o sociales, basados en opiniones o juicios infundados e internalizados con respecto de otras personas o grupos de personas, que tienden a menoscabar sus derechos.

Esta ideología, capaz de justificar aberrantes descalificaciones, trasciende y supera a los grupos que originariamente la produjeron, y se extiende a otros sectores de la sociedad, que también discriminan al indígena, en este sector podemos destacar a los llamados “criollos”, quienes paradójicamente son una resultante de etnias originarias y europeas. El campesino pobre, o asalariado rural o urbano no indígena, encuentra su identidad étnica en el dominador, lo que caracteriza su comportamiento hacia el indígena aun cuando pertenezca a su propia clase social y sufra la misma situación de marginación y pobreza. Participar ideológicamente de una herencia histórica de desprecio al “indio”, le asegura la existencia de un grupo socialmente inferior a sí mismo, que los jerarquiza y les da la oportunidad de lograr algunos beneficios.

A pesar de tener los indígenas un abundante marco legislativo internacional, nacional y provincial de reconocimiento de derechos, esto no se expresa en la aplicación de políticas de Estado que garanticen los mismos, en el marco de la diversidad. Seguirá existiendo una contradicción entre la sociedad legal y la sociedad real, en la medida en que la marginación social del indígena siga siendo una realidad. La igualdad de derechos frente a la desigualdad de facto, fortalece la discriminación velada en el seno de la sociedad y desmoviliza e inhibe, a los grupos directamente afectados.”

El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas que rige desde hace 19 años en nuestro país establece en su artículo 3: Los pueblos indígenas tienen derechos de gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Y en el artículo 4 contempla la necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el Medio Ambiente de estos pueblos. El marco normativo que «garantiza» los derechos de los pueblos originarios incluye pactos internacionales que tienen jerarquí constitucional como el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros. Y, en el orden interno, el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional, reformada en 1994.

Las decisiones tomadas desde los centros de poder y los gobiernos, han dejado de lado el respeto por los pueblos originarios y sus culturas, caracterizándose por la falta de participación real de los indígenas en el poder de decisión en las instituciones que tienen que ver con la aplicación de políticas públicas en sus territorios o pueblos. Aun cuando existen diferencias históricas, culturales y lingüísticas entre los pueblos originarios, hay un elemento que comparten todos y es, la extrema pobreza y su reclamo de las tierras que habitan.

Es decir que existen leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales que consagran y protegen los derechos humanos, sociales, económicos y culturales de las comunidades originarias. El problema es que no se aplican efectivamente. La situación que se vive en el norte de Salta así lo demuestra. Situación que se vive también en otras provincias. La muerte de 6 niños de la comunidad wichi, por desnutrición y por enfermedades vinculadas a la falta de agua potable y de alimentos, ha puesto en relevancia y en la opinión pública el drama y la vulnerabilidad que afrontan.

Que no es nuevo. De enero a junio de 2011, murieron 13 niños en Embarcación, Pichanal y Tartagal por esas causas. En 2016, murió un niño por mes en Salta y Chaco, provincias que comparten el desmonte y la falta de asistencia de los gobiernos. En el caso de Salta se sospecha con fundamento que en el período de gobierno del neoliberal Urtubey se escondieron datos no solo de las muertes por desnutrición sino de la desnutrición en general de la población de los pueblos originarios. Solo en 2019 serían 50 las muertes de niños por desnutrición.

La crisis humanitaria que se vive en esa zona es crónica, tiene en primer lugar, como una de las causas, los desmontes. No es casual que los departamentos del norte salteño Rivadavia y San Martín sean donde se han producido más desmontes. En los últimos 4 años, Salta arrasó con casi 80 mil hectáreas de bosques nativos. Los cambios de zonificación que ilegalmente realizó el ex gobernador Urtubey, autorizando el trabajo de topadoras en zonas protegidas por la Ley de Bosques, favoreció los intereses de empresarios como Alejandro Braun Peña, primo del ex jefe de gabinete de Mauricio Macri, o de sus propios hermanos al sancionar la «Ley de Reordenamiento Territorial», permitiendo desforestar en zonas prohibidas hasta ese momento. Al desmonte sucedieron las fumigaciones, la contaminación con tóxicos que las empresas tiran libremente a los cauces de agua, desde el Río Bermejo, hasta lagunas y abrevaderos, reservas naturales que utilizaban las comunidades. Por qué estas políticas han afectado principalmente a los wichis. Son pueblos que no pueden subsistir si se los despoja de su territorio, de sus fuentes de alimentación y hasta de sus saberes. Las fumigaciones han ocasionado problemas de salud en niños y adultos, que se agravan, en el caso de los niños por estar desnutridos o mal nutridos.

A esas condiciones de vida deterioradas por las políticas públicas, se suma un sistema biomédico que tiene una estructura racista y discriminatoria. Se culpabiliza a los wichis por ser ignorantes, por tener malos hábitos de alimentación, por no hacer atender a sus hijos en los centros de salud, por no aceptar las indicaciones de los médicos, por ser «sucios». Lo que se oculta es la barrera idiomática, que los profesionales que los atienden no están formados con una perspectiva de interculturalidad, las distancias que deben recorrer para ser atendidos, la falta de ambulancias e insumos médicos, el abandono y la desidia por parte de los gobiernos de turno que destinan más recursos a las fundaciones como CONIN que a las acciones efectivas para solucionar la problemática de salud (En mayo de 2013, la Fundación CONIN firmó con el Gobierno de Salta el convenio marco que establece el mejoramiento de la infraestructura de los comedores infantiles y merenderos salteños, su adecuación en instituciones de desarrollo comunitario y la futura aplicación de la Metodología CONIN, asignándole miles de millones de pesos a esta fundación que no hizo nada). Porque el sistema público de salud en la provincia actualmente no tiene los recursos humanos necesarios: especialistas y la cantidad de profesionales que se necesita, mucho menos infraestructura. Fundamentalmente porque no se reconocen efectivamente sus derechos salariales, laborales y de estabilidad, sobre todo en estas áreas desfavorables.

Como datos anecdóticos y que muestran la discriminación en forma cruda está el hecho de que se intentó siempre desde sectores del ministerio de educación de Salta que el inicio de la escolaridad de niños de pueblos originarios sea a partir de los 8 años, pues se considera inferior su capacidad cognitiva. También como factor cultural se tiene que ante la necesidad de atención médica de un integrante de un pueblo originario, este debe supeditarse a que en ese momento no se presente un “criollo” por cuanto estos exigen primero su atención aun cuando no le corresponda. Existe un solo médico para atender a más de 8 mil personas en los parajes más alejados de los centros urbanos y sin elementos básicos para las curaciones.

Para reflexionar finalmente no solo se debería tomar como parámetro la cifra de niños muertos por desnutrición, que es aberrante, peor aún si se tiene en cuenta que esta es una política de estado de exterminio de los pueblos originarios, los niños que sobreviven a este flagelo en su adolescencia no tienen el peso ni las defensas naturales del cuerpo humano para defenderse de las enfermedades tropicales que en el caso particular de los wichis sufren (dengue, chikungunya, zika, malaria etc), por lo que su expectativa de vida será muy inferior a la media nacional y de ese modo también se diezma la población.

Las zonas poco fértiles se encuentran en el límite con Bolivia y son objeto de deseo de narcotraficantes para desarrollar sus actividades y las zonas más fértiles para la plantación de soja. Los terratenientes poseedores de la mayoría de estas tierras buscan apropiarse de las tierras de los pueblos originarios, y los hacen con la desnutrición, con el envenenamiento por agrotóxicos, por suministrarles drogas y alcohol para masificar su uso y provocar desastre en la población de los pueblos originarios quienes son los verdaderos dueños de las tierras.

RUBEN PORTOCARRERO, TRABAJADOR DE LA EDUCACION, COMPAÑERO DE  MILITANCIA DEL MPA EN LA PROVINCIA DE SALTA