Sin trabajadores no hay Patria.

Un día 27 de abril, pero hace 41 años, en 1979, la Dictadura Militar en nuestro país recibía un duro golpe a manos de la clase trabajadora nacional estructurada como movimiento obrero organizado.

Desde su inicio, el 24 de marzo de 1976, la dictadura no cesó un minuto de hostigar toda organización de los trabajadores; interviniendo los sindicatos, encarcelando a sus militantes, torturándolos y/o desapareciéndolos, con el propósito de instalar un régimen de entrega y explotación que traería zozobra a millones de hogares argentinos. Para la dictadura era indispensable erradicar toda expresión organizativa de la clase trabajadora para poder aplicar semejante programa tributario de la minoría oligárquica y sus cómplices cortesanos, cuyos sucedáneos hoy se pavonean como excelsos demócratas tanto en su versión conservadora, liberal o progresista.

En esa atropellada oligárquico militar, los trabajadores, sus organizaciones, y las expresiones políticas combativas del campo del pueblo fueron el objetivo central del aniquilamiento. El único ganador fue la minoría oligárquica y sus cómplices subalternos que lograron imponer un régimen de saqueo y explotación que aun perdura en sus rasgos sistémicos definitorios.

A continuación, la dictadura derogó la ley de Contrato de Trabajo y para terminar de enterrarla secuestró y asesinó a su inspirador, Norberto Centeno. Las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas fueron prohibidas. La CGT también debía desaparecer. En la nueva legislación no habría entidades sindicales de tercer grado. La Ley de Seguridad Industrial eliminó el derecho de huelga. Las obras sociales fueron separadas de los sindicatos con el pretexto de que los sindicalistas las saqueaban en beneficio propio. Desde 1976, fueron saqueadas en beneficio de los interventores militares.

Se trataba de domesticar a la clase trabajadora para implementar el plan económico de la oligarquía. La política de Martínez de Hoz cumplió con su objetivo de superar el conflicto social mediante la desaparición física de uno de sus términos. Para que no hubiera trabajadores rebeldes había que destruir la industria. Mientras las mazmorras se llevaban a quienes representaban alguna forma de resistencia, la caída del salario a la mitad de su valor de marzo de 1976 y el crecimiento de los índices de desocupación, desangraron a la clase media baja y a los trabajadores.
Para el Proceso era indispensable neutralizar a la CGT para poder aplicar semejante programa antipopular.

Sin embargo, la silenciosa resistencia comenzó a crecer. Se multiplicaron los sabotajes, comenzaron las asambleas clandestinas, los volantes exigiendo mejoras salariales, las pintadas a escondidas, la protesta boca en boca, la solidaridad con las familias de los secuestrados, y las primeras medidas de resistencia activa.
Como la Confederación General del Trabajo estaba disuelta, los trabajadores se organizaron en diversos grupos: uno de ellos fue la Comisión de los 25 Gremios Peronistas, creada el 1º de marzo del año 1977, integrada, entre otros, por Roberto García (Taxistas), Fernando Donaires (Papeleros), Osvaldo Borda (Caucho), Germán Abdala (Anusate) y Saúl Ubaldini (Cerveceros).

Otro espacio, que actuaba en la clandestinidad, era la CGT-R (CGT en la Resistencia) liderada entre otros por Armando Croatto (Municipales), Arturo Garín (UOM), José Dalmaso López (Químicos), Ernesto Ramìrez (ATULP) y Mario Aguirre (ATE) entre otros.

En este ejercicio de organizar la resistencia sindical descolló el liderazgo de dirigente cervecero Saúl Ubaldini.

En los últimos días de 1978, la Comisión de los 25, organizó en Capital Federal una reunión multitudinaria en la que Saúl Ubaldini leyó un documento en el cual se reclamaba el restablecimiento de la Ley de Asociaciones Profesionales, y la legislación del trabajo que habían sido abolidos. Se atacaba a la política económica y se reclamaba la recuperación de los salarios. Las obras sociales debían ser devueltas a los trabajadores, previa su recomposición económico financiera. En lo político, se rozaba lo que los militares consideraban una insurrección: el documento reclamaba el restablecimiento de la democracia, con justicia social.

Desde este punto de aglutinación se gestó la Primer Huelga General Nacional contra la Dictadura, el 27 de abril de 1979.

“Los 25″ iniciaron su ofensiva poniendo “en estado de alerta a todo el movimiento obrero” y avanzaron hacia el paro general. El 21 de abril, se reunieron los dirigentes en el sindicato de molineros, y convocaron a la Jornada de Protesta Nacional que se realizaría el 27 para lograr la “restitución del poder adquisitivo de los salarios y la plena vigencia de la ley de convenciones colectivas de trabajo, oponiéndose a la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales y de Obras Sociales y exigiéndose la normalización y libertad sindical.”

El general Llamil Reston, ministro de Trabajo, convocó a los dirigentes de los 25 para dialogar en el Ministerio. Después de la reunión, la policía fue capturando a los sindicalistas a medida que salían. Estos, sin embargo, habían tenido la precaución de crear un comité de huelga que comenzó a moverse en la clandestinidad.

El paro afectó al cordón industrial del Gran Buenos Aires y a industrias del interior. También adhirieron los ferrocarriles Roca, Mitre y Sarmiento. De todos modos, significó un cambio cualitativo en la lucha sindical contra el régimen. La dictadura mantuvo detenidos hasta mediados de julio a los dirigentes de los 25.

Este hito marcó un quiebre al proceso de la dictadura, posibilitando que salieran a la luz los reclamos de, entre otros, los organismos de Derechos Humanos. La dictadura tuvo un antes y un después a partir de esta gloriosa jornada de lucha.

En 1980, la Comisión de los 25, o CGT – Brasil (en oposición a la CGT – Azopardo, reducto del sector participacionista y cómplice de la dirigencia sindical, personalizado en personajes como Triaca, Cavalieri, entre otros), designa como Secretario General a Saúl Ubaldini, retemplando la convocatoria para enfrentar a la dictadura. De allí surgieron cientos de acciones reivindicatorias a lo largo y ancho del país, la movilización de 1981 a San Cayetano y la del 30 de marzo de 1982 dando precisas estocadas que fueron hiriendo de muerte al régimen oligárquico-militar.

La firme decisión de resistir, de combatir, de poner el cuerpo de miles y miles de compañeros a la dictadura, debe cobrar valor entre nosotros. No era lo mismo quedarse callado y ser cómplice, que luchar. Los trabajadores organizados, y las organizaciones del campo del pueblo que confrontaron sin especulaciones marcaron la diferencia con otros que optaron por «acompañar» el proceso.

Vaya entonces nuestro respeto y sentido reconocimiento a aquellos compatriotas que confrontaron, que resistieron con coraje y dignidad y que dieron su vida intentando revertir esa trágica etapa en la que se inició un ciclo de destrucción de la economía nacional y de entrega de nuestro patrimonio, en favor de una minoría oligárquica, egoísta y parasitaria.

SIN TRABAJADORES NO HAY PATRIA