En un gobierno peronista no pueden existir trabajadores pobres

Según indican los números del INDEC de los últimos meses y aún las perspectivas que incluso los economistas y voceros del establishment económico pronostican, la economía argentina tiene por delante un año de crecimiento en términos estadísticos respecto al pésimo 2020. Pero como bien nos enseña la historia reciente -y no tan reciente- tal “crecimiento” no equivale igualmente a una mejora en la calidad de vida de quienes dependen de un salario para poder vivir. Es decir que del hecho de que la actividad económica crezca, no se sigue necesariamente que se vaya a zanjar la abismal e imperdonable brecha que separa a los que más tienen (y cada vez más) de los que menos tienen.

Es justo y necesario recordar que una porción importante del severo y extendido daño a la calidad de vida de millones de compatriotas que se vive hoy en día tiene directa e inobjetable relación con el acaecimiento de la pandemia del Covid-19 y otro gran porcentaje, con el estado de tierra arrasada que dejó el macrismo en el poder, pero es igual de justo y necesario mencionar que son más de cuatro décadas las que han pasado sin que se modifique definitivamente la estructura productiva y social que determina la exclusión sistemática de al menos un tercio de la población y las respectivas calamidades asociadas a ese fenómeno, gobierno tras gobierno.

Por eso para que ese ingreso y beneficio económico derivado del crecimiento se traslade al bolsillo de las familias trabajadoras no existe otra manera que aplicar con determinación políticas de distribución y asumir los costos que esa puja distributiva implica. Para eso cuenta el gobierno con el apoyo de las organizaciones gremiales y sociales y la gran mayoría de la militancia popular. Y si eso no alcanzara no hay que cesar en la construcción de fuerza popular organizada, única forma eficaz a la hora de pelear conquistas sociales y derechos.

Si tenemos en cuenta las razones, expectativas y promesas que terminaron desalojando al macrismo y permitiendo que el peronismo volviera al poder, entonces es imperioso exigir como peronistas que se imprima sin demoras a la acción de gobierno un rumbo político determinado por el objetivo irrenunciable e impostergable de promover la justicia social en toda su extensión y con todas sus consecuencias.
Para eso fue elegido el Frente de Todos.
Por estas razones no pueden pasarse por alto los salarios escandalosamente bajos y por debajo del costo de vida que tienen la enorme mayoría de quienes cuentan con la suerte de tener un trabajo, sin contar los millones que se deben conformar con los distintos mecanismos de supervivencia que proporciona el Estado, ni los ingresos de hambre que perciben la mayoría de los jubilados y jubiladas que reciben la remuneración mínima.

No hay tiempo para perder porque el pueblo no puede esperar y porque el enemigo no descansa. Nos demos cuenta o no, en cada injusticia que se perpetúa, en cada concesión al poder fáctico y en cada retroceso, es la minoría antidemocrática la que se fortalece y jamás abandona la voluntad de retornar al Poder Ejecutivo. Este es el peligro que nos acecha y sólo del rumbo y temperamento político que se adopte dependerá el desenlace.

Para este año 2021 necesitamos paritarias libres y ajustadas al costo de vida (no a la inflación), la recomposición real del salario mínimo, vital y móvil, el mantenimiento de la doble indemnización durante todo el año, aplanar todas las tarifas, reglamentar de inmediato el impuesto a las grandes fortunas y aprobar e implementar el Proyecto de Ley “La Marcha al Campo” para poder de una vez por todas dar vuelta la página y garantizar trabajo y vida digna a cada habitante de nuestra patria.

Sin justicia social no hay salud ni bienestar.
Sin salarios dignos sólo hay trabajadores y jubilados pobres.