La Argentina Fatigada
“Le prometían todo y no le daban nada. Entonces yo empleé un sistema distinto.
No prometer nada y darles todo. En vez de la mentira, decirles la verdad.
En vez del engaño, ser leal y sincero y cumplir con todo el mundo”.
Juan Domingo Perón.
Un tercio de la población se encuentra estructuralmente excluida, otro tercio inestable, afectada seriamente por la recurrente crisis económica, y otro tercio incluido; con una abrumadora mayoría sin esperanzas de futuros mejoramientos. En la cúspide de la pirámide una minoría oligárquica diversificada y ensamblada en cadenas de valor globales de predominancia financiera, consolida sus posiciones locales en insondables conglomerados oligopólicos.
En Argentina más de la mitad de los menores son pobres, porcentaje que alcanza casi el 75% en el conurbano bonaerense y otras zonas del país. En estos lugares, de cuatro chicos que se sientan a una mesa, solo uno come todos los días. Asimismo, existe un sector considerable de familias que siempre han sido empleadas y que hoy se encuentran por debajo de la línea de pobreza aún manteniendo esos empleos.
La geografía económica argentina está por completo fuera de quicio, asombrosamente dislocada. Se señala que el sector agropecuario tiene valor agregado, pero se omite señalar que la población implicada en esa producción es exigua. Apenas algo más de 400 mil personas trabajan en el sector con 730 mil habitantes en el medio rural, todo ello sobre más de 157 millones de hectáreas relevadas con 250 mil explotaciones agropecuarias, es decir; algo así como el 1,6 % del total población y un 2 % de la población económicamente activa como mano de obra ocupada.
El perfil manufacturero responde al consolidado en la década del noventa del siglo XX como una estructura de especialización de escaso dinamismo a escala mundial (agroindustria y commodities fabriles) de acotados efectos locales en términos de empleo, de oferta oligopólica, donde los salarios desempeñan un papel asociado a su condición de costo empresario. La industrialización de recursos naturales (esencialmente agropecuarios y también de hidrocarburos), los productos químicos, la siderurgia, la producción de aluminio primario y la armaduría automotriz se consolidaron como los rubros centrales del sector industrial, por lo general a favor de crecientes exportaciones y de bajos salarios a escala internacional.
De acuerdo a los últimos censos el 90% de la población argentina es calificada como “urbana”. Esto significa que, sobre 45 millones de habitantes, más de 40 millones viven en distintas “urbes”. Una suma hecha a vuelapluma de las superficies que ocupan la CABA, los partidos de la Provincia de Buenos Aires que rodean a la CABA, denominado el Gran Buenos Aires, las de las ciudades como La Plata, Rosario y Córdoba, con las sendas capitales de todas las demás provincias, arroja una cantidad inferior a los 10.000 km2, es decir un millón de hectáreas.
En este reducido espacio reside el 90% de la población. ¿Cuál sería la densidad media poblacional en ese pequeño espacio de 10.000 km2? ¿Cuál la media en el resto del vasto territorio argentino? Las cifras resultantes muestran a simple vista un gravísimo desequilibrio. La densidad media urbana resultante de dividir 40 millones de habitantes por los supuestos 10.000 km2 que ocuparía ese 90% de la población da una media urbana de 4000 h/km2. ¿Y en el resto del territorio? Es la que resultaría de dividir 5 millones de habitantes esparcidos en 2.690.000 km2 aptos para el desarrollo antrópico; o sea una densidad de 1,8 h/km2. El desierto.
En el marco de esta tendencia histórica se produce el quiebre del proceso sustitutivo a mediados de los 70 y al cabo de más de cuatro décadas determinó la consolidación de una prolongada fase de valorización financiera y ajuste estructural, como régimen económico dominante en el que la industria asistió a una profunda y muy heterogénea reestructuración tecnoproductiva, organizativa y en las formas de articulación del tejido fabril, como se detallara en párrafos precedentes. Un verdadero proyecto refundacional de la economía y la sociedad argentinas con el que las FF. AA y sus bases sociales de sustentación usurparon el poder en marzo de 1976.
Fue la violencia que trajo el terrorismo de Estado desatado en 1975 e institucionalizado en marzo de 1976 el detonante de reformas estructurales de características tectónicas.
El shock hiperinflacionario provocado luego de la victoria electoral del movimiento peronista en las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1989 avalando un proyecto claramente de reconstrucción patriótica y nacionalismo popular, junto a la capitulación de la dirigencia del PJ y la UCR asentó aquellas reformas en sus pilares sustanciales en el marco de lo que se conoció como el régimen de convertibilidad (Ley 23.928). A partir del abandono de la convertibilidad se ingresó en una etapa diferente, si antes era el 1 a 1, luego fue el 3 a 1 con devaluación por goteo (flotación administrada del tipo de cambio) hasta la devaluación del peso de enero del 2014 del 40 % determinando el inicio de la aceleración del proceso inflacionario.
En efecto, una de las características sobresalientes de la posconvertibilidad es que la principal política hacia el sector manufacturero ha sido el sostenimiento de una moneda nacional devaluada (con dólar “súper alto” o «competitivo”), por lo que puede afirmarse que desde 2002 no ha existido en el país una estrategia de desarrollo productivo en general, ni industrial en particular. De lo que se sigue que, para los defensores del esquema macroeconómico “de Néstor”, el dólar alto constituye una condición necesaria y suficiente para avanzar en la reindustrialización y la reversión de muchos de los legados críticos de la etapa 1976-2001. Así, la lógica del “piloto automático” tan cara al neoliberalismo parecería haber continuado. Es la idea de que la instrumentación de una adecuada política macroeconómica es la condición para resolver los problemas heredados, y que casi no se precisan políticas activas si “la macro funciona bien” y “los precios son los correctos”, siempre que se abarate el costo internacional de la mano de obra en relación con el del capital.
El ciclo histórico iniciado en aquellas jornadas de intenso malestar social de diciembre de 2001 que redimensionó el mapa político nacional (al compás de la silenciosa disputa de poder entre “dolarizadores” y “devaluadores”) comienza a cerrarse, con un futuro colmado de incertidumbres y casi sin certezas. La generación de dirigentes que activamente participaron con distintos niveles de protagonismo del incordio liberal de la década del noventa, y las sucedáneas primeras dos décadas del nuevo milenio comienza a despedirse de la escena política, dejando un tendal oprobioso de calamidades sociales, una Nación desarticulada y un Estado impotente.
Argentina está fatigada, arrastrando décadas de desmodernización en aspectos claves de su organización económica, política e institucional con un apodíctico escenario de explosiones sociales en ciernes. Hay una Argentina que navega sin rumbo y otra que se ahoga.
A esta crisis sistémica vino a sumarse en el plano doméstico el disparatado endeudamiento externo promovido por el gobierno encabezado por Mauricio Macri (PRO, UCR, CC), y en el plano global los efectos catastróficos de una pandemia nunca prevista en la agenda política.
La pandemia desolló el tejido social y productivo; la separación interpersonal arrojó a los ciudadanos a un estado de zozobra económica, social y emocional, lo que redundó en un amplio campo de acción para el clásico tumulto reaccionario, donde el griterío de discursos ideológicos violentos escala día a día, propiciando confusión, agotamiento y desasosiego con la proliferación de odios reales y de diseño.
Acontece una involución cultural, cultivándose en la población el abandono del pensamiento autónomo y su reemplazo por la pertenencia tribal desarmada de todo sentido crítico. La no-deliberación, la negación de la política.
Esta desculturalización no es un fenómeno privativo de Argentina, atraviesa fronteras y océanos arrasando regiones y continentes. En el caso argentino, subyacen alarmantes evidencias de desmodernización en aspectos centrales y sistémicos.
Elocuente síntoma de lo dicho es que el FMI instrumentalizado por los EEUU haya violado su propio estatuto para “prestar” a una Nación un volumen de divisas inédito en su historia al simple efecto de financiar una campaña electoral para sostener a una facción en el gobierno. No es sólo la impericia e incluso la premeditada e interesada malicia del ex Presidente Macri y cómplices con sus inconfesables intenciones lo que posibilitó este latrocinio. Sólo un Estado-Nación debilitado al límite de lo tolerable es posible someterlo con esta clase de destrato humillante.
Estando así las cosas, en el momento más arrasador de la pandemia y sin políticas de Estado activas que conciten entusiasmo y participación popular (y ya con experiencias de otras regiones en que los procesos electorales resultaron no favorables para los oficialismos gobernantes), el gobierno nacional tomó la decisión política de aplicar un duro ajuste fiscal, al mejor estilo de “cirugía mayor sin anestesia” que implicó un derrumbe muy poco tolerable del poder adquisitivo de los ingresos, salarios y jubilaciones, con la consecuente expansión del empobrecimiento y la indigencia.
Es así que las elecciones del pasado 12 de septiembre arrojaron resultados catastróficos para la coalición de gobierno que dos años atrás había alcanzado una clara supremacía electoral en el orden del 50 % de los votos emitidos, superando a la alianza UCR-PRO-CC por casi 20 puntos. Hoy la coalición de gobierno en su primer desafío electoral obtiene algo más del 30 % siendo superada por su oponente por 10 puntos. Ello implica una pérdida de votos entre las PASO de 2019 y las de 2021 del orden de los 5 millones de votos, siendo que la mitad corresponden a la provincia de Buenos Aires. Esto determina entre otras conclusiones que el arco opositor prácticamente mantuvo el caudal de votos obtenidos en 2019, y que la coalición de gobierno fue abandonada por aproximadamente dos millones y medio de votos peronistas más otro tanto de origen independiente que oscila entre la no concurrencia, voto blanco o nulo, o la adhesión electoral al peronismo.
Las elecciones del 14 de noviembre, más allá de ocurrentes interpretaciones y remontadas, vinieron a homologar el nuevo escenario político, hecho que en definitiva refleja las consecuencias de una práctica de gobierno sin rumbo, errática y sin conducción política clara o, lo que es peor, con conducciones entrecruzadas. El atenuante de la pandemia si bien es un dato de la realidad, es evidente que no formó parte de las evaluaciones de una inmensa masa de población al momento de ejercer su derecho a optar a través del voto. Así las cosas, en términos políticos representa la derrota más humillante que haya sufrido el peronismo en toda su historia en el ejercicio del poder de gobierno.
Los leales pueden disentir, los obsecuentes siempre traicionan. Dardo Cabo en una mítica editorial de El Descamisado de febrero de 1974 ponía de manifiesto:
“[…]Quienes desde la lealtad se atreven a pensar y disentir, se diferencian en mucho de aquellos que ocultan con la obsecuencia la traición. Y también aquellos que con el cuento de la verticalidad ocultan tanto el oportunismo para sacar tajada personal como la mediocridad mental del que no se atreve a pensar […]”
En estas condiciones hay que atreverse a asumir seriamente que no existe un liderazgo en torno al cual se ordene un movimiento popular de las características históricas del peronismo para retomar la reconquista de la Justicia Social.
La oposición reunida en la coalición Juntos Por el Cambio asombrosamente y con la invaluable ayuda del “fuego amigo” del Frente de Todos, vuelve a trepar como la primera minoría electoral, a pesar del estropicio de su pasada gestión de gobierno, ahora reforzada de una agenda pergeñada desde una colectora ideológica de delirantes autoritarios autoproclamados libertarios.
El punto de intersección de todas estas tendencias indica la puesta en operaciones de un shock liberal-autoritario (zarpazo distributivo de abajo para arriba y hacia afuera) que demandará la gestión de un nuevo ciclo político-económico ejecutado desde el bloque Estado-monopolios en una situación económica recesiva y frente a la desconfianza creciente de amplios sectores del pueblo. “Hacer gritar la economía”, interpelada a través de una amplificación mediática aturdidora (Daniel Hadad, José Luis Manzano, grupo Clarín, La Nación y las “task force” de “periodismo independiente” y “economistas”) desde un primitivismo ideológico de payasos solemnes, hijo directo y dilecto de las peores constantes de los bloques dominantes locales.
Y esto es peligroso, no sólo por sus tradicionales propuestas económicas, sino que ahora sus candidatos ostentan abiertamente su admiración por el genocidio de la pasada dictadura. Una verborragia agresiva, de gesticulaciones violentas se aproxima paulatinamente a traspasar al plano de la práctica. La repentina aparición de un hombre blandiendo un arma en su cintura en el escenario de un acto político en el Luna Park en custodia de la negacionista -ahora diputada nacional- Victoria Villarroel no debería relegarse a un rincón inocuo de recuerdos. El huevo de la serpiente, otra vez a la vista de todos con impudicia.
A este escenario debe sumarse la insondable crisis política por la que atraviesa la totalidad de las facciones referenciadas como “peronistas” que sin cauce de resolución parecieran consolidarse en una errabunda “Torre de Babel“. En todas sus expresiones, es notoria la ausencia absoluta de iniciativas políticas enfáticamente motivadoras y movilizantes, forjadas en horizontes de esperanzas con propuestas programáticas innovadoras. Los conceptos de estrategia, táctica, liderazgo han sido tan manoseados que ocultan al sujeto y al objeto de las mismas en el peronismo, su unidad y sus contradicciones. El juego de la lealtad sirve para enajenar el control político y económico de la ORGANIZACIÓN (que vence al tiempo) y sujetarlo a caprichos de liderazgos inviables de vuelo corto y techo bajo, mientras la sala de máquinas de la economía argentina sigue bajo el férreo control de una elite globalizada que como tal carece de un Proyecto Nacional.
Evidentemente se trata de una cuestión de estricto orden ideológico. Se parte del supuesto de que la actual estructura económica se encuentra prácticamente consolidada y es irreversible, lo que conduce indefectiblemente a quedar a expensas de la buena voluntad de los efectivamente beneficiarios de los cambios introducidos en el país desde el año 1955, intensificados a partir de 1975 hasta la fecha, para lograr alguna contribución voluntaria que logre mitigar la catástrofe social a la vista de todos. Clara demostración de ello son las vanas súplicas del poder político de gobierno a los gigantes monopólicos para mitigar el incremento de precios de alimentos y medicamentos.
De este modo, sólo se concibe una práctica de gobierno en un marco en el que la contribución previsible de los diversos actores sociales que participan en la actividad económica no admitiera discusión. Este rígido marco aparece como asumido tanto por una importante porción de dirigencia de partidos políticos, movimientos sociales, expresiones sindicales, como de miembros de círculos académicos, científicos y tecnológicos. Sólo así se explicaría la repetición de propuestas de escasa o nula eficiencia. La desigualdad no es sólo una construcción económica o tecnológica, sino ideológica y política.
A este estado de cosas corresponde la cancelación de la discusión y deliberación política interna y en consecuencia la proliferación de una militancia profesionalizada articulada al Estado y disciplinada que, sin identificarse con la burocracia, colabora en su fortalecimiento: el problema se reduce a plantear como consigna y justificación la necesidad de participar en la institucionalización porque falta la alternativa, mientras no hacen nada para crearla y esperan que lo hagan otros.
El plano del discurso desbordado de rituales y gesticulaciones etéreas derivó en la industria de una narrativa conmemorativa de recuerdos en color sepia del peronismo (o de lo que se dice entender de él), salivados con una vocinglería progresista (sin progresos), un discurso cómodo hijo de la pereza intelectual que terminó por absolver desde la práctica de gobierno al pecado original de la organización económica nacional -el despojo de tierras, el latifundio, la renta fácil de la producción extensiva- y cimentó la consolidación de la desnacionalización y a la vez concentración económica con sus catastróficas consecuencias sociales y humanitarias, ahora con claras reformulaciones y nuevo derroteros.
Entre las bases sociales y económicas que hoy residen con cierta entidad organizativa en el campo popular, se puede mencionar por un lado la estructura de gestión administrativa estatalizada de los llamados movimientos sociales que abastece una extendida red de muy diversas presencias políticas territoriales apalancadas con una creciente pauta presupuestaria. Un expandido abanico de situaciones de cuentapropismo, empleo informal, desempleo abierto, subempleo, changas, etc., atravesado parcialmente por asistencia alimentaria y asignaciones dinerarias universales y selectivas manejadas discrecionalmente, determina un escenario social resignificado según algunos bajo la extravagante idea de una realidad socio-económica trisectorial, conformada por el sector público, el sector privado y el sector de la “economía popular”, la que debe ser asistida in eternum por el presupuesto público a través de innumerables programas de asistencia social, asignaciones universales, bolsones de alimentos, etc., lo que hace suponer a esta idea como la homologación de un sistema de castas sociales de muy largo plazo y el abandono de toda esperanza de mejoramiento en el corto y mediano.
Por otro lado, un movimiento sindical articulado en una acumulación de poder social, con alta incidencia en nodos de poder como el sistema de salud, la colegislación laboral sancionada en miles de convenios colectivos de trabajo, el mutualismo, servicios turísticos y muy diversas prestaciones sociales y previsionales entre otros atributos, definen una práctica social acrisolada durante décadas de marchas y contramarchas, sustentada en derechos y garantías de orden constitucional más un prolífico y eficaz plexo normativo regulatorio, que excede toda consideración particular acerca de tal o cual dirigente de la cúpula sindical y sus prácticas. A pesar de su adelgazamiento ocurrido entre mediados de la década del setenta hasta mediados de la de los noventa del siglo pasado, la musculatura organizativa sindical se sostiene activa en el acontecer del entramado productivo nacional, cumpliendo un papel protagónico en la disputa por la renta excedente a través de la negociación paritaria, el ejercicio del derecho de huelga más las acciones directas, hecho que a su vez determina y condiciona el sostenimiento de todo su andamiaje organizativo. Es decir, si no disputa, fenece.
El hecho sindical tal como emergió políticamente en aquellas jornadas de octubre de 1945 explica en parte importante la recurrente dificultad de toda pretensión de eficientismo liberal en Argentina como política estable. La complejidad, heterogeneidad y dinamismo del entramado social del sindicalismo argentino ha desarrollado suficiente capacidad organizativa y líneas de defensa férreamente delimitadas. Sin embargo, no ha logrado proyección ni volumen político propio, lo que pone de manifiesto una enorme debilidad estratégica que atenta contra sus fortalezas.
En tercer lugar, la incidencia territorial de cúpulas partidarias y facciones subalternas a través del manejo y gestión del poder jurisdiccional estatal nacional, provincial y municipal legitimadas en el supermercado electoral. Es decir, el Estado como fuerza social y política del sistema, y su accionar económico, asistencial, logístico y cultural integrado a todos los ámbitos de la comunidad.
Y todo ello sin omitir crecientes sectores de población seriamente afectada, beneficiada al amparo (para su organización comunitaria) de la silenciosa y persistente presencia territorial de sacerdotes organizados en estructuras de base como el “Equipo de Curas de las Villas y Barrios Populares de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires”, que vienen llevando a cabo tareas de solidaridad comunitaria, garantizando alimentación, educación, cultura, deportes, atención sanitaria primaria, prevención de violencias y en una lucha integral contra el negocio del narcotráfico, que destruye la vida de nuestras comunidades, siempre ante un Estado que no termina de estar presente del lado correcto. En el momento más arrollador y temible de la pandemia sacerdotes y laicos de estas estructuras estuvieron en las primeras líneas, contándose por decenas los caídos, entre los que se encontraba el entrañable Padre “Bachi” (Basilicio Brítez) párroco de “San Roque González y Compañeros Mártires” en Villa Palito, La Matanza. Y todo esto no es inocuo, interpela estados de conciencia, genera nuevos marcos de referencia y pertenencia territoriales, construye esperanzas donde había desolación recomponiendo la retícula comunitaria allí donde el Estado desde siempre fue parte del problema, como queda puesto de manifiesto de forma elocuente en los barrios Puerta de Hierro y San Petersburgo (Barrio 25 de mayo) de La Matanza.
Ha comenzado una transición de turbulencias profundas con un futuro incierto. En la íntima convicción de concebir a la democracia como un gobierno de las elites, ahora organizados partidariamente como clase en un núcleo duro en el marco de una alianza electoral consagrada recientemente como primera minoría, la elite oligárquica viene por más, elevando el liberalismo a la categoría de verdad eterna, pretende cristalizar para millones de argentinos esta existencia semibestial, aniquilando en las conciencias toda esperanza de mejoramiento. Ya no se trata sólo de diezmar hasta su eliminación la intervención estatal en su rol empresario o regulador para una equilibrada distribución de la renta excedente, sino de eliminar toda posibilidad de “deliberación” democrática controversial, o bien admitir esa “deliberación” en la medida que el mercado lo permita. Hoy el enemigo de la elite y su status quo es LA DELIBERACIÓN POPULAR DEMOCRÁTICA PARA LA TOMA DE DECISIONES POLÍTICAS DE ESTADO.
Si algunos creen que un acuerdo con el FMI traería el comienzo de un proceso virtuoso de crecimiento “sano”, una especie de relanzamiento del gobierno con calma cambiaria y fuerte desembarco de las famosas inversiones, lo pueden hacer de acuerdo a sus previsiones, que siempre se cumplen, sobre el papel. Esta Argentina fatigada, luego de renegociar con los acreedores privados, creció más de un 10 % que fue devorado por la licuadora inflacionaria y se perdieron las elecciones. Si el gobierno prevé un crecimiento del 4 % luego de un acuerdo con el FMI hay que tener una imaginación psicodélica para asociar un escenario con algún empuje de entusiasmo.
Es pura ficción pensar en un acuerdo con el FMI sin un shock devaluatorio y sin un severo ajuste fiscal vía eliminación de subsidios a las tarifas, hecho que a su vez dispararía la inflación núcleo con implicancias devastadoras en el incremento de precios de alimentos, bebidas y bienes y servicios de primera necesidad. No es secreto para nadie que en estas condiciones una devaluación del 20 % equivaldría a 2 millones más de pobres, si fuera de un 50 % la pobreza alcanzaría a 5 millones de nuevos pobres. Cuadro de situación que se completaría con ninguna mejora en los índices de empleo y con ingresos estancados, todo para “honrar” el pago de un crédito concedido de forma irregular por el FMI al solo efecto de permitir la permanencia en el gobierno de una facción política local.
LA DEUDA, ASÍ COMO ESTÁ PLANTEADA Y EXIGIDA POR EL FMI, NO SE PUEDE PAGAR Y NO SE VA A PAGAR, GOBIERNE QUIEN GOBIERNE. A todo evento se podrá firmar un acuerdo total o parcial, prórrogas, pre-acuerdos, cartas de intención, o lo que se invente de ahora en más, pero al sólo efecto de su incumplimiento tarde o temprano.
No falta la superchería de nuevos exponentes de la prolífica fauna de consultores bien remunerados por sus informes predictivos económicos financieros (cuya eficacia es superada por el horóscopo de las revistas de espectáculos) por aquellas “empresas a las que les interesa el país”, esmerados en la organización de tertulias gerenciales para “cerrar la grieta” con sus respectivas terminales en los boxes de la clase política y empresarial, en las que está terminantemente prohibido no pronunciar la palabra “Moncloa” por lo menos dos veces cada 20 minutos. Adoradores de “la macro” oponen a la atávica irracionalidad de las masas que perseveran en esa rara costumbre de disputar mayores ingresos para una mejor calidad de vida, un acuerdo racional “de más de un período de gobierno” que debiera estar precedido de un kamikaze al estilo Remes Lenicov, es decir un carnicero en el quirófano, mientras repiten como mantra el apotegma de la libreta del almacenero “no gastar más de lo que ingresa”, como si una Nación fuera un almacén. Confunden la simpleza vulgar de sus boliches bien decorados de Puerto Madero donde elaboran enrevesadas estadísticas a la carta, con la infinita y maravillosa complejidad de la Nación Argentina. En una suerte de astigmatismo moral deforman la verdad para conformar a nuestras tendencias naturales, ya que han tomado todas las decisiones vitales en nuestro nombre. Por lo general están enfrascados en disputarse el Ministerio de Economía y otros estamentos de gobierno, sin dejar de engrosar a la vez su cartera de clientes donde ubicar a buen precio de mercado sus periódicas predicciones astrológicas-financieras y de paso participar como comisionistas en las oportunidades de negocios que se les presenten.
Otro camino posible es asumir la realidad y tomar la decisión política de gestionar una cesación de pagos en el marco de un programa planificado de acción de gobierno abriendo el juego a la participación popular democrática y protagónica a través de la operativización de la consulta popular prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional introducida en la reforma de 1994 y hasta hoy no reglamentada. Es cierto que es un camino riesgoso y plagado de obstáculos y emboscadas, pero no mucho más riesgoso que acordar con el FMI en obligaciones de imposible cumplimiento en un camino sin retorno de sucesivas rendiciones.
El peronismo tendrá que demandar para su subsistencia y reconstitución doctrinaria y organizativa una fuerte movilización militante que desate un abierto y generoso proceso de deliberación y participación popular dotado de sensibilidad e imaginación que permita ver para apreciar, apreciar para resolver, y resolver para actuar. Y todo esto no se logra con consultoras de coaching ontológico, más asesores de imagen y rosca con la industria encuestadora, ni con prácticas de sectas adocenadas, o con enlatados ideológicos importados “llave en mano”. Se logra con una estrategia de poder que asuma la necesidad y la urgencia de llevar a cabo transformaciones sustanciales en la organización política, institucional y económica de la Nación.
En esta perspectiva entendemos que, para la construcción de un consenso de futuros acuerdos políticos y programáticos, no debieran omitirse básicamente ocho capítulos liminares que definan un plan de modernización estructural para la inauguración de un ciclo histórico de transformación sistémica, a saber:
1.- Geografía económica: Sector agropecuario y forestal como generador de mano de obra genuina a través de una redistribución ordenada y planificada de la población desocupada y subocupada rural y urbana en toda la extensión del territorio nacional susceptible de actividad antrópica1. Sector industrial para agregación de valor, expansión de fuerzas productivas de mercado interno y diversificación productiva para la consolidación de efectos locales intensos en términos de empleo y encadenamientos virtuosos hacia crecientes estadios de productividad agregada apuntalando una estructura desoligopolizada con salarios como factor dinamizador de la demanda interna.
2.- Acuerdo federal sobre manejo y utilización de recursos naturales. Reformulación del sector energético con preponderancia de una Agencia Estatal de Energía y participación del sector privado en la provisión de insumos y servicios, revirtiendo la tendencia inaugurada a partir de 1989/1990 hoy vigente.
3.- Intervención estatal en comercio exterior y restricciones selectivas a la cuenta capital regulando el flujo internacional de divisas. Muchos de los procesos de apertura de la cuenta de capital, lejos de dinamizar el crecimiento y promover el desarrollo, han sido sumamente disruptivos impactando negativamente sobre la estabilidad macroeconómica, culminando en crisis de deuda, hiperinflación y/o crisis bancaria, financiera y cambiaria como interrupción de una expansión económica, propiciando a su vez cierto “poder de veto” que de hecho ejercen los flujos internacionales sobre ciertas decisiones de política económica, no solo en materia de monetaria, cambiaria o fiscal, sino también en materia institucional, regulatoria, etc.
4.- Logística y transporte, asumiendo la necesidad de reformular la conveniencia del actual sistema de peajes, y la fijación de metas en la interconexión endógena del territorio nacional a través de la expansión de la red ferroviaria de pasajeros y transporte de cargas.
5.- Congreso pedagógico nacional para la reformulación de la totalidad del sistema educativo nacional.
6.- Sistema financiero asumiendo la necesidad de la derogación de la actual legislación vigente y la sanción de un nuevo cuerpo normativo adecuado a las necesidades de la expansión del crédito interno a través de la banca pública y nueva regulación de los encajes en la banca privada como mecanismo de fomento del ahorro y de la inversión pública y privada. Gestión de los flujos financieros no sólo de índole macroeconómica y reactiva a los vaivenes de choques exógenos y del ciclo financiero global, sino también que incluya, como estrategia de mediano plazo, una mayor coherencia con una estrategia de diversificación productiva, ensamblando a todo esto paulatinamente un nuevo marco normativo de progresividad fiscal.
7.- Creación en el ámbito del Estado Nacional de una Agencia Nacional para la Soberanía Tecnológica, con participación de provincias, municipios, universidades, organizaciones sindicales y del sector privado empresario, con el objeto de promover la diversificación productiva y el desarrollo e investigación para innovaciones y nuevas tecnologías acordes con la creación de mano de obra genuina y la consolidación de un entramado tecnológico que garantice la seguridad informática nacional.
8.- Reglamentación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional mediante la sanción de una ley que garantice con eficiencia y eficacia el deber de información, la participación de los trabajadores en la dirección y las ganancias de las empresas, con especial protagonismo de delegados y comisiones gremiales internas en las unidades empresarias. Reglamentación del artículo 42 de la Constitución Nacional mediante la sanción de una ley que garantice con eficiencia y eficacia la regulación y control de la distorsión de mercados y monopolios, garantizado un procedimiento expeditivo y eficaz para los casos de haberse dispuesto con autoridad de cosa juzgada un proceso de desinversión y simultánea inversión diversificada. Reglamentación del artículo 40 de la Constitución Nacional, entre otros nuevos mecanismos de deliberación y participación popular directa, de forma tal de dejar inaugurado nuevos mecanismos para la toma de decisiones en relevantes políticas de Estado.
O inventamos o erramos. Ya no alcanza con hacer funcionar lo existente más dosis homeopáticas de asistencialismo estatal anestesiante, ajustando para abajo y acumulando por arriba; urgen modernizaciones, transformaciones, planificaciones de políticas de Estado que asuman la emergencia del momento.
- En este marco se encuadra el Programa Nacional La Marcha Al Campo, de nuestra autoría.
Mesa Nacional del MPA
5 de enero de 2022
