Comunicado. La Marcha Al Campo.
Ante consignas públicas que hacen alusión a la necesidad de una «vuelta» al campo y ante hechos recientes que suscitaron un debate sobre el uso de tierras fiscales, creemos de importancia celebrar que otras organizaciones del denominado campo popular hayan finalmente comprendido la enorme relevancia de una política pública, integral, transformadora y posible como el Programa Nacional La Marcha Al Campo, cuya rica historia (que se inscribe, a su vez, en una larga tradición de iniciativas similares tanto nacionales como internacionales) comenzara allá por el año 1973, tras la iniciativa de Guillermo Gallo Mendoza, creador de la propuesta en su versión moderna y Ministro de Asuntos Agrarios del gobierno de la Provincia de Buenos Aires de entonces.
Dicho esfuerzo, que llevó adelante como ministro, no se agotó en su mandato, sino que continuó perfeccionando y actualizando a lo largo de los años en los que jamás abandonó su militancia y su vocación de enseñar. En el año 2001 publicó su libro: «La Marcha Al Campo. Propuestas para contribuir a superar la desocupación estructural» y atrajo el interés y apoyo de todo el MPA y, en particular, el asesoramiento de Rubén Famá, quien a partir de ese momento pasaría a ser el co-autor de la última versión de lo que es hoy, además, un proyecto de ley.
En su condición de iniciativa legislativa, presentada en agosto del 2020, alcanzó el apoyo de más de 30 diputadas y diputados y el impulso de la diputada María Rosa Martínez, autoridades religiosas, en especial el obispo Jorge Lugones y del Monseñor Bruno Marie Duffe, quien fuera Secretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, curas villeros, funcionarios públicos, dirigentes sindicales, dirigentes agropecuarios de entidades agrarias como FeCoFe, cooperativistas, referentes de de DDHH, líderes territoriales, ambientalistas, agrupaciones políticas, sociales y actores de la sociedad civil.
Ese proyecto de ley atravesó un camino no exento de dificultades, aunque sumó una enorme cantidad de apoyos que se mantienen activos hasta la actualidad. En ese sentido hacemos un llamado a todas las organizaciones y dirigentes que manifestaron su acuerdo a que aunemos nuestros esfuerzos para recuperar el proyecto de ley -que actualmente se encuentra cajoneado inexplicablemente- y hacerlo realidad.
Frente a la pobreza estructural, el sub-empleo e incluso el empleo, pero mal pago, es urgente y necesario llevar adelante una política transformadora y convocante que traiga esperanza a nuestro pueblo y que, además, aborde un problema tan central para nuestra patria como es la transformación de su geografía económica, el adecuado ordenamiento territorial que nuestro país exige -hoy dislocado y desorganizado en grandes conglomerados sin destino- y el subsiguiente impulso para la creación de nuevos subsectores productivos y la demanda consecuente de trabajadores, productores y chacareros que esta iniciativa trae aparejada cuidando, por un lado, a las comunidades donde se lleve adelante y, por el otro, al patrimonio público, ratificando su propiedad pública pero haciendo un usufructo virtuoso que sirva a la producción y el trabajo.
