EN REPUDIO AL ASESINATO DEL COMPAÑERO TRABAJADOR DANIEL BARRIENTOS
El campo popular se debe un profundo debate sobre la cuestión de la (in) seguridad. Se trata de una problemática que nos aqueja hace décadas y se agrava día a día, lo que se verifica tanto en el número de los hechos así como en la crueldad de los mismos.
Pareciera ser que esta problemática tan sufrida por nuestro pueblo representa un tabú para la militancia popular, en cambio resulta una bandera mal enarbolada por los sectores más conservadores, retrógrados y reaccionarios. Desde el campo popular mostramos un serio déficit a la hora de realizar un diagnóstico preciso y objetivo del problema, lo que genera una carencia de propuestas políticas con perspectiva de mediano y largo plazo.
En tal sentido, resulta urgente realizar un abordaje riguroso que escape de los lugares comunes a los que nos tiene acostumbrado el «progresismo» y sin regalarle agenda alguna a los sectores dominantes, quienes no están interesados en encontrar soluciones al respecto, sino, al contrario, en encontrar un negocio en todo fenómeno social.
Ésta incapacidad para abordar esta problemática, sumado a la negativa a propiciar políticas públicas serias que enfrenten a este flagelo que aterroriza, indigna y violenta a nuestro Pueblo, representa una clara muestra de la complicidad de gran parte de la clase política y de algunas instituciones de seguridad que conforman directa o indirectamente éste entramado delictivo que está destruyendo nuestra patria y llevando al enfrentamiento de pobres contra pobres.
Hay que decir con claridad y sin titubeos que los principales afectados por la llamada «inseguridad» somos los trabajadores, ocupados y desocupados, nuestras familias y todos aquellos compatriotas que sufren la exclusión económica, laboral y social.
Afirmamos rotundamente que todo aquel que ataque, robe, lastime o asesine a un trabajador o a cualquier hijo o hija del Pueblo, así como aquellos que envenenan a nuestros hijos e hijas inundando de drogas peligrosas nuestras barriadas, aprovechándose de la fragilidad que genera la falta de oportunidades y el desamparo socioeconómico en que viven miles de familias producto de reiterados desaciertos en las políticas económicas y sociales implementadas en 4 décadas de democracia de baja intensidad, se convierte automáticamente en un enemigo del Pueblo trabajador, sin importar su procedencia de clase.
Este aumento generalizado de la inseguridad en todos los órdenes de la vida es un síntoma indudable de la pauperización a la que está siendo sometido el pueblo trabajador.
Una causa estructural de la violencia social, de la cual la inseguridad es la cara más visible, se relaciona con el hacinamiento de decenas de miles de compatriotas en grandes conglomerados urbanos sin destino, sumado al desempleo estructural y/o subempleo con salarios de miseria que facilitan el crecimiento sostenido de la marginalidad. De ese estado de vulnerabilidad extremo se alimentan los transas y el narcomenudeo que asola los barrios y los llena de violencia inédita.
Esa condición de hacinamiento humano insostenible, indigno y sin futuro alguno puede ser superada con políticas activas como nuestra propuesta «La Marcha al Campo» que de manera inexplicable continúa durmiendo en los cajones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación luego de haber contado no sólo con el acompañamiento de una treintena de legisladores, sino que además fue apoyada por centenares de dirigentes políticos, sociales, gremiales, de organizaciones populares, ambientalistas, cooperativistas, productores, sacerdotes de barrios populares y organizaciones de derechos humanos, entre otros. Esta propuesta representa un aporte serio y realizable para disminuir la desocupación en nuestro país, repensar la ocupación territorial, poner en acción productiva a miles de hectáreas de propiedad del Estado, hoy ociosas, puestas al servicio -sin perder su propiedad pública- de una nueva reconfiguración productiva y ocupacional de nuestra tierra para una nueva realidad social. Este es sólo un aporte entre varias medidas que se deberían tomar en varios frentes, como el transporte, la conectividad a internet, la calidad del trabajo, un nuevo y mejor esquema tributario, entre otros puntos nodales que se deben abordar para la mejora urgente de la vida cotidiana de las mayorías.
El campo popular debe plantearse un debate sobre su inacción en esta materia, asumiendo que las políticas de seguridad deben ser centrales para cuidar a nuestro pueblo trabajador.
Asumir la lucha contra el negocio narco, amparados por muchos punteros de la política territorial y sectores de las fuerzas de seguridad y de la justicia, articular acciones de protección y cuidado de nuestros vecinos en las barriadas, y rechazar de plano cualquier justificación al accionar de quienes atentan contra el pueblo trabajador debe ser una política ineludible que los sectores populares debemos darnos.
Caso contrario, estaremos abriendo la puerta a quienes tienen como única propuesta el ajuste salvaje permanente y la represión indiscriminada, pero tolerando siempre en silencio a quienes son los verdaderos causantes de este flagelo.
Nuestra solidaridad con la familia del trabajador asesinado, y con todas las víctimas de hechos violentos que alfombran nuestros barrios día tras día.
Repensar nuestra Patria sin excluidos, sin precarización laboral, con una mejor distribución territorial que genere una mejor calidad de vida, y con plena vigencia de la Justicia Social como vector de la reconstrucción nacional es es el camino.
Mesa Nacional del Movimiento Peronista Auténtico
