A 47 años del golpe cívico militar
El 24 de marzo de 1976 implica el comienzo de un cambio de rumbo para los destinos de la nación y la sociedad argentina. Una sangrienta ruptura de paradigma, total y totalitaria sin atenuantes. Allí se gestan las últimas décadas en las que se ha consolidado un régimen electoral poco participativo y de sesgo neoautoritario, funcional a un sector social minoritario que planifica a tenor de sus intereses ligados al sector externo, a través de la concentración demencial de la riqueza entre sus integrantes en desmedro del bienestar general y la soberanía nacional.
También aquel 24 de marzo implicó la institucionalización del genocidio ya iniciado durante el gobierno de la presidente María Estela Martínez a través de la Triple A y sus vergonzantes aliados.
Ese 24 de marzo el Estado asaltado por la camarilla oligárquico-militar asumió explícitamente un rol genocida y se dispuso con calculada eficacia a cercar y aniquilar a un segmento de la población, focalizado en las organizaciones revolucionarias e irradiando a su vez el terror al conjunto del entramado social. Las secuelas traumáticas de semejante reacción aún perduran en la cultura política argentina y en la psicología de las masas. Aún hoy el recuerdo hegemónico de esta fecha continúa enfatizando a modo de repudio el aspecto estrictamente formalista desde la perspectiva del llamado Estado de Derecho.
Los motivos y fundamentos políticos de aquellas organizaciones revolucionarias fueron arrojados al rincón de los recuerdos, cuando, en rigor, allí residen las bases conceptuales y las características del enfrentamiento medular en nuestro país.
En esta perspectiva, estimamos que el mejor ejercicio de memoria colectiva que hoy podemos hacer de aquel 24 de marzo de 1976 es poner enfáticamente de manifiesto que ya es hora de cuestionar de raíz el rumbo emprendido en aquellos momentos en los que la Nación quedó integrada a un modelo primario de desarrollo capitalista al servicio de los monopolios, cuyas capacidades expansivas priorizan el sector externo y no el desarrollo interno justo y sustentable. Y más vale decirlo: este rumbo no ha sido modificado desde 1983 hasta nuestros días; más bien, y si auscultamos con detenimiento, incluso se ha perfeccionado.
Es necesario comenzar a deliberar en base a una nueva propuesta de organización nacional y social para dar respuesta razonable y adecuada a los problemas planteados, es decir, que parta del conocimiento de las situaciones de desocupación, ocupación precaria, pobreza, hambre, inseguridad, concentración de los recursos naturales en un reducido núcleo de propietarios dominiales altamente extranjerizado, la consecuente degradación de dichos recursos y la tendencia al agotamiento de algunos no renovables, injusta distribución de la riqueza, ineficiente e ineficaz ocupación del territorio nacional, groseros déficits en defensa nacional y adecuado aprovisionamiento logístico para el resguardo de la soberanía territorial, así como de su uso y goce, entre muchos otros que nos condujeron a la situación de catástrofe integral actual. Este marco exige lecturas, análisis y respuestas sistémicas o, como decía Conrado Eggers Lan, “la praxis de los que papel en mano y tierra argentina a la vista estudian los problemas apremiantes de la realidad nacional y programan su solución humana”.
En el marco conceptual planteado, es necesario asumir la emergencia de un ámbito de amplia deliberación para la sanción de una Nueva Constitución Nacional Política del Estado.
Se impone la necesidad de volver a discutir el “contrato social” de los argentinos en la perspectiva de un nuevo proyecto nacional que provea la normalización constituyente de la nación bajo el imperio irrestricto de la soberanía popular a través de la institucionalización de mecanismos de deliberación y participación popular protagónica y efectiva.
Es decir, una interpelación de raíz, que rompa el dique del actual mandato constitucional (Art. 22 C.N) que impone que “el pueblo no gobierna ni delibera”, promoviendo ideas y proyectos para institucionalizar la deliberación, participación y decisión popular en la toma de decisiones de políticas de Estado, en reemplazo del actual vetusto mecanismo de organización representativa de gobierno.
En definitiva, fomentar la genuina participación y deliberación popular, para avanzar no sólo en la proclamación de derechos y garantías, sino a su vez en la transformación de las instituciones que regulan el poder orgánico del Estado.
El Estado debe volver a asumir su verdadero papel de conductor de la economía nacional, promoviendo la participación protagónica de la población en la toma de decisiones relevantes, asegurando que los beneficios del crecimiento económico alcancen a todos los habitantes.
La élite empresaria concentrada y sectores subalternos plantean hoy el tema de la inversión extranjera cómo la única vía posible para el desarrollo, a lo que agrega como condición sine qua non, la puesta en marcha de un ajuste fiscal salvaje sobre los ya destruídos instrumentos de inversión social del Estado argentino. Estos planteos, que parecen ser aceptados y replicados sin oposición por la totalidad de la dirigencia de las principales fuerzas políticas de nuestro país, constituyen la prueba fundamental de la claudicación ideológica de la clase política frente al modelo de país inaugurado por la dictadura, impotencia que exhibe una mezcla de cobardía con ignorancia y mediocridad. En cualquier caso, es el pueblo argentino el que reclama una dirigencia a la altura del desafío histórico que se plantea, si se quiere dar vuelta la página realmente.
Es necesario pensar sistémicamente, comenzando por advertir que no se trata de promover la radicación de capitales, sino de precisar las condiciones para que tales aportes externos sean útiles para el país.
Los servicios esenciales, por su carácter social estratégico, deben volver a ser de propiedad y dominio exclusivo del Estado, pautados por un estricto control y auditoría popular y con la participación efectiva y conducente de asociaciones de usuarios y consumidores, proveedores, organizaciones sindicales, agrupamientos empresariales, universidades públicas, entre otros estamentos, pudiéndose establecer un régimen mixto de gestión nacional y/o regional de los mismos. Estos comprenden la generación, transporte y abastecimientos de agua potable y riego, fuentes de energía, los transportes de cargas y pasajeros, las comunicaciones en general, servicios financieros, seguridad ciudadana, la seguridad social y la seguridad del trabajo, entre otros.
Frente al descontrol en el incremento de precios de los bienes y servicios, deberá diseñarse una política de enérgica intervención estatal en los mercados, mediante la sanción de una saga de Decretos de Necesidad y Urgencia, creando nuevas instancias jurisdiccionales administrativas con el fin de establecer un ordenamiento razonable de precios y promoviendo a la par la participación popular en los mecanismos de control. Para ello se deberá promover especialmente la participación de las organizaciones sindicales de trabajadores a través de sus comisiones gremiales internas, mediante la sanción de una ley que regule el derecho de los trabajadores a la participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, según lo dispone el actual texto del artículo 14 bis de nuestra Carta Magna.
Es imperioso revisar todas las privatizaciones y concesiones efectuadas, como mínimo, desde el año 1990, incluyendo las posteriores transferencias de las mismas entre actores económicos, para determinar la existencia o no de adjudicaciones que impliquen sospechas de delitos contra el Estado en particular y la sociedad en su conjunto. En especial, será necesario elaborar un proyecto de ley que entre sus considerandos describa el ciclo catastrófico iniciado a partir de la sanción de la Ley Nº 23.696 de reforma del Estado y el Decreto 2284/91 de desregulación económica, detallando meticulosamente sus nefastas consecuencias en lo social, político, económico y cultural.
Hay que alterar el rumbo y las finalidades, lo que requiere esfuerzo y compromiso, pero sobre todo, una forma de organización política que proclame y sostenga un nuevo programa de acción de gobierno con criterio amplio y receptivo de una realidad social y política por demás compleja frente a la cual no caben sectarismos inconducentes.
O inventamos o erramos. El único homenaje posible para los compañeros detenidos, desparecidos es construir una Patria Justa, Libre y Soberana.
MOVIMIENTO PERONISTA AUTENTICO – MPA
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